La paradoja demográfica de Panamá: un país que no se vacía, pero sí se desequilibra

La reciente nota de prensa de las Naciones Unidas sobre la “paradoja demográfica” —ciudades que se vacían en países que crecen, y ciudades que crecen en países que se vacían— no es una curiosidad estadística lejana ni un problema exclusivo de Asia o Europa. Leída en clave panameña, es una advertencia directa sobre el tipo de país que estamos construyendo: no uno que se queda sin gente, sino uno que pierde equilibrio territorial, resiliencia climática y cohesión social.

Panamá pertenece ya al grupo de países altamente urbanizados de América Latina. Más del 70% de su población vive en áreas urbanas y cerca de la mitad se concentra en el eje metropolitano Panamá–San Miguelito–Panamá Oeste. A diferencia de otras naciones que aún transitan una urbanización acelerada, Panamá ya cruzó esa primera fase. Hoy no enfrenta un dilema de crecimiento urbano cuantitativo, sino uno mucho más complejo: cómo gestionar la calidad de sus ciudades, reducir la desigualdad territorial y construir resiliencia.

En este contexto, la llamada “paradoja urbana” descrita por la ONU ya empieza a manifestarse en el país. Panamá no pierde población nacional, pero sí muestra un patrón persistente de concentración metropolitana y despoblamiento relativo del interior. Las personas migran hacia la capital y su periferia buscando empleo, educación superior, atención en salud y conectividad digital. El resultado es un país que no se vacía en términos demográficos, pero en el que partes enteras del territorio pierden dinamismo, inversión y población joven.

Dicho de otra manera: el país no se está quedando sin gente, pero partes del país sí se están quedando sin futuro.

Esta concentración creciente presiona todos los sistemas críticos del área metropolitana: vivienda, transporte, agua potable, saneamiento, energía y gestión de residuos. Cada nuevo barrio informal en una ladera o a la orilla de un río, cada urbanización aprobada sin agua garantizada, cada corredor vial construido sin densificación inteligente, profundiza un modelo urbano caro, ineficiente, socialmente desigual y propicio para la inseguridad y el crimen.

Aunque Panamá no tendrá megaciudades de 10 o 20 millones de habitantes, sí corre el riesgo de reproducir un fenómeno similar a escala nacional: una especie de macrocefalia urbana. Un súper corredor logístico–financiero que concentra población, riqueza y servicios, rodeado de un interior con bajo dinamismo económico, servicios públicos frágiles y un envejecimiento progresivo de su población.

Este patrón no es solo injusto: es estratégicamente peligroso.

Aquí la advertencia de la ONU conecta de lleno con la crisis climática y con la soberanía hídrica del país. El organismo internacional subraya que la urbanización bien gestionada puede ser una palanca poderosa para la resiliencia climática. En Panamá ocurre exactamente lo contrario. El crecimiento urbano ha sido desordenado, fragmentado y, en muchos casos, abiertamente irresponsable.

Se han urbanizado cuencas hidrográficas, ocupado zonas inundables, deforestado áreas de recarga hídrica y tolerado asentamientos informales en laderas inestables. Al mismo tiempo, la región metropolitana depende de un sistema hídrico cada vez más estresado, íntimamente ligado a la cuenca del Canal, cuya vulnerabilidad quedó brutalmente expuesta durante la reciente sequía.

En términos estratégicos, Panamá está urbanizando su vulnerabilidad climática.

Cada nuevo asentamiento mal planificado eleva el riesgo de inundaciones, encarece el suministro de agua, aumenta la conflictividad social y debilita la seguridad hídrica del Canal. No se trata solo de un problema ambiental; es un problema de seguridad nacional, de estabilidad económica y de gobernabilidad democrática.

La nota de la ONU incluye una recomendación que parece escrita para Panamá: alinear vivienda, uso del suelo, movilidad y servicios públicos en áreas urbanas y rurales mediante políticas nacionales integradas. Nuestro país ha hecho, históricamente, lo contrario.

Se ha promovido vivienda sin transporte, transporte sin densificación, crecimiento urbano sin agua asegurada y expansión logística sin ordenamiento territorial. El resultado es un territorio fragmentado: ciudades extendidas, caras y desiguales; un interior desconectado y subinvertido; y un Estado que reacciona a las crisis en lugar de anticiparlas.

Este no es un fallo técnico. Es un fallo político.

Panamá no tiene una crisis demográfica. Tiene una crisis de organización territorial. No enfrenta un déficit de población, sino un déficit de planificación, coordinación institucional y visión de largo plazo.

Si el país no corrige ahora su modelo urbano, su gestión del agua, su abandono sistemático de las ciudades intermedias y su ausencia de una política territorial coherente, podría convertirse en un país hiperurbano, climáticamente frágil y territorialmente roto.

La “paradoja demográfica” de la ONU no es una fotografía del futuro lejano. Es un espejo incómodo del presente panameño.

La pregunta ya no es si Panamá seguirá urbanizándose. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es si seguirá haciéndolo de manera ciega y autodestructiva, o si finalmente asumirá que el ordenamiento territorial no es un lujo tecnocrático, sino una condición básica para la supervivencia económica, social y ambiental del país.