La paz y ‘dos estados’ no se construyen castigando a Israel

La reciente ofensiva diplomática de varios gobiernos occidentales contra Israel, mediante restricciones comerciales a productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania, posibles sanciones contra empresas y personas vinculadas con ellos, o acusaciones de “limpieza étnica”, -respondidas por Israel con medidas como el cierre anunciado del consulado británico en Jerusalén-, la presentan como “una contribución a la solución de dos Estados”. Sin embargo, esa explicación resulta demagógica ya que, presionar únicamente a Israel, no desarmó a Hamás, no democratizó a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), no liberó rehenes, no eliminó la influencia iraní, ni creó un socio palestino capaz de garantizar la seguridad israelí.

El problema central de esta narrativa es que omite la historia. En 1947, la Asamblea General de la ONU recomendó dividir el Mandato Británico de Palestina en un Estado judío y otro árabe, con un régimen internacional para Jerusalén. El liderazgo judío aceptó la partición, pese a sus imperfecciones y a la vulnerabilidad del territorio asignado. Por el contrario, el liderazgo palestino y los Estados árabes la rechazaron porque no aceptaban la creación de un Estado judío y, tras la independencia de Israel en 1948, intervinieron para destruirlo. Por tanto, no es históricamente honesto afirmar que Israel fue, desde el comienzo, el obstáculo para la solución de “dos Estados”.

Entre 1948 y 1967, Cisjordania estuvo bajo control jordano y Gaza bajo control egipcio; tampoco entonces se creó un Estado palestino. Después de 1967, la OLP mantuvo, durante décadas, una estrategia armada contra Israel, acompañada de atentados y de la negativa a reconocer plenamente su legitimidad como Estado nacional judío. La violencia palestina no comenzó con los asentamientos ni puede explicarse únicamente por ellos. La violencia de la OLP incluyó episodios terroristas como la masacre de Múnich de 1972, asociada a Septiembre Negro. La OLP renunció formalmente a la violencia en Oslo, pero la incitación, la glorificación de atacantes y la incapacidad institucional para monopolizar la fuerza destruyeron la confianza. La ANP no ha renovado democráticamente su liderazgo durante décadas y no controla Gaza.

La retirada israelí de Gaza en 2005 ofrece otra advertencia. Israel desmanteló asentamientos y retiró sus fuerzas permanentes del interior, pero Hamás expulsó violentamente a la ANP en 2007 y convirtió Gaza en plataforma de cohetes, túneles, secuestros y ataques. Esa experiencia explica por qué Israel exige fronteras defendibles y garantías verificables antes de nuevas concesiones territoriales. Una retirada sin desmilitarización, control fronterizo y mecanismos de ejecución podría transformar Cisjordania en otra base terrorista, cercana a los principales centros urbanos israelíes.

Hamás no protege a la población civil: dispara desde zonas habitadas, instala infraestructura militar bajo viviendas y edificios civiles, almacena armas en lugares protegidos y utiliza a los civiles como escudos humanos y como instrumento propagandístico. Sabe que la respuesta israelí producirá víctimas y que esas muertes serán utilizadas para presentar a Israel como agresor. Por el contrario, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) son unas fuerzas armadas con cadena de mando, procedimientos, investigaciones y mecanismos internos de responsabilidad, empleando inteligencia, advertencias y evacuaciones de civiles. Sin duda, no existe equivalencia moral entre quien incrusta objetivos militares entre civiles y quien intenta neutralizarlos para impedir nuevos ataques.

La ANP tampoco puede presentarse como socio democrático y fiable. No controla Gaza, no ha desarmado a Hamás, no ha impedido los ataques ni denuncia con firmeza el uso de civiles como escudos. Su incapacidad para construir instituciones legítimas hace irresponsable exigir a Israel que entregue su seguridad a una autoridad que no controla su territorio. Un futuro Estado palestino tendría que ser democrático, desmilitarizado, capaz de controlar sus fronteras y comprometido con reconocer definitivamente a Israel.

Israel enfrenta, además, amenazas de Hezbolá en Líbano, de milicias respaldadas por Irán en Siria y de redes dedicadas a transferir armas hacia sus fronteras. Sus operaciones preventivas deben entenderse en ese contexto: ningún Estado está obligado a esperar un ataque devastador antes de impedir la preparación de una agresión. Sin embargo, Occidente suele condenar, con mayor intensidad, la respuesta israelí que el financiamiento y la organización de sus enemigos.

También existe un doble rasero institucional cuando la ONU, y varios gobiernos occidentales, concentran una atención desproporcionada sobre Israel, aceptan con frecuencia informaciones procedentes de estructuras vinculadas con Hamás y presentan acusaciones como conclusiones antes de completar investigaciones. En Occidente muchos parecen olvidar que Israel es una democracia parlamentaria, -la única en la región-, con elecciones competitivas, oposición, tribunales, prensa plural y alternancia, mientras Hamás gobierna mediante la fuerza y la ANP carece de legitimidad electoral. Tratar a estos últimos como equivalentes a Israel es absurdo.

Esta presión selectiva puede alimentar el antisemitismo cuando convierte a Israel en un Estado intrínsecamente criminal, niega su derecho a defenderse o aplica estándares que no se exigen a otros países. La solución de dos Estados no debe ser un eslogan contra Israel, sino el resultado de un acuerdo bilateral con seguridad para ambas partes. Para hacerla posible hay que desmantelar a Hamás, reformar la ANP, terminar con la incitación, impedir el rearme iraní y exigir un reconocimiento palestino definitivo de Israel.

Sancionar solo a Israel no construye paz: premia el rechazo, debilita a los moderados y deja intactas las causas del conflicto. La paz exige igualdad de estándares y garantías reales; hasta entonces, imponer concesiones irreversibles a Israel no es pacifismo, sino total irresponsabilidad.