La raíz de la violencia en Panamá: más allá del discurso de las pandillas

La inseguridad que se vive en las calles de Panamá es preocupante. Hasta el 19 de mayo de 2026, el Ministerio Público registró 230 homicidios a nivel nacional, lo que representa un estado fallido para el país en materia de seguridad. Pero, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en nuestro país?

Más allá de lo que sustentan el ministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional y el Presidente de la República quienes aseguran que se trata de rivalidades entre pandillas y crimen organizado, esto trasciende a otras latitudes que no se limitan al control territorial de grupos delincuenciales.

La realidad es que en Panamá la desigualdad, la pobreza, la marginación, la falta de acceso a un empleo digno, la debilidad institucional, la corrupción, los bajos niveles de educación y la falta de oportunidades para los jóvenes son los verdaderos factores causantes de la violencia.

En nuestro país no se habla de las políticas públicas de prevención y mucho menos, de la política criminal preventiva que, aunque se parezcan, no significan lo mismo. La primera busca implementar estrategias de carácter social, económico y cultural para prevenir los factores de riesgo que conducen a la violencia; no se enfoca en castigar, sino en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es decir, fomentar el desarrollo sostenible del país generando más oportunidades de empleo, invirtiendo más en educación y creando más opciones de emprendimiento para los jóvenes, entre otras.

Sin embargo, para lograr todo esto, necesitamos a personas comprometidas y capaces de dirigir los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, de Educación y de Salud, que son los verdaderos actores para prevenir la violencia en las calles. Por su parte, la segunda se encarga de crear programas de prevención y evitar que los criminales reincidan, facilitando programas de resocialización y reinserción social. Una sociedad necesita de ambas para lograr una seguridad integral.

No se trata solo de hablar de rivalidad entre pandillas y de crimen organizado; eso viene siendo el resultado de una mala ejecución de las políticas públicas de prevención y de las políticas criminales preventivas. Y no nos vayamos muy lejos: si hacemos un análisis de la población penitenciaria que existía en Panamá hasta diciembre de 2025, según datos extraídos de la página oficial del Ministerio de Gobierno, esta superaba las veinticuatro mil personas privadas de libertad. Pero, ¿cuántas de ellas se están resocializando con programas de estudio, talleres o trabajo?

Desde la experiencia litigiosa de este autor, cuando me entrevisto con personas detenidas que ya han sido condenadas, la mayoría me manifiesta su deseo de trabajar o estudiar allá adentro; sin embargo, las oportunidades son precarias, ya que, al momento de solicitar una oportunidad de trabajo o estudio intramuros, la respuesta es que no cuentan con plazas disponibles.

Las cifras son impresionantes, pero el verdadero espíritu de la Ley 55 del Sistema Penitenciario es resocializar a las personas detenidas. Por el contrario, las cárceles se están convirtiendo en universidades del crimen debido a la falta de ejecución de trabajos y estudios intramuros que les permitan, más allá de disminuir su condena, resocializarse.

Es necesario enseñarles nuevos talleres de construcción, ebanistería, electricidad o mecánica, entre otros, para que el día que terminen de cumplir su condena puedan aplicar a un empleo y salir de los caminos de la delincuencia. Si no los resocializamos, el día que salgan a las calles seguirán haciendo lo mismo.