La reestructuración de la Tercera República panameña

A lo largo de la historia de nuestro país, es posible distinguir tres etapas constitucionales claramente diferenciadas por la instauración de nuevos regímenes políticos. La primera etapa comenzó en 1903, con la creación de la República de Panamá, y se extendió hasta 1968. Este período se caracterizó por la fundación de algunas de las instituciones más importantes para la administración nacional, el predominio de la oligarquía liberal-conservadora y un sistema democrático con notorias limitaciones, como el clientelismo y la exclusión de amplios sectores populares.

La Primera República terminó abruptamente con el golpe militar de 1968, marcando el inicio de la dictadura. Aunque algunas instituciones se mantuvieron formalmente, este nuevo periodo —que podríamos llamar Segunda República— estuvo dominado por la suspensión de la democracia, el control autoritario desde los cuarteles y el poder ejercido por figuras militares. Esta etapa culminó, también de forma violenta, con la invasión estadounidense de 1989, dando paso al nacimiento de lo que hoy conocemos como la Tercera República.

Es cierto que esta nueva república ha consolidado un sistema multipartidista y ha sido testigo de importantes avances económicos. Sin embargo, también se ha construido sobre una visión de país profundamente marcada por la desigualdad en el acceso a bienes y servicios como la vivienda, la educación y la salud. A esto se suma la corrupción persistente, así como graves problemas de gobernabilidad, que son tan parte de nuestra realidad como lo es el caprichoso clima istmeño.

La Tercera República, nacida entre las llamas de El Chorrillo, la caída del Cuartel Central y los gritos de júbilo de algunos sectores sociales, presentó desde su origen retos y oportunidades que, durante más de 36 años, los administradores de los tres poderes del Estado han preferido ignorar. No obstante, creo firmemente que ha llegado el momento de emprender las reformas que el país necesita con urgencia.

En su informe de gestión 2024–2025, el presidente José Raúl Mulino destacó la necesidad de una reforma social y una profunda reestructuración del aparato estatal. Esta propuesta podría interpretarse como una versión local de la política de “motosierra” aplicada por el presidente Javier Milei en Argentina. Sin embargo, hablar de reestructuración del Estado no puede depender únicamente de la voluntad del Ejecutivo y su “motosierra”: requiere del compromiso real y sostenido de todos los actores que conforman nuestra nación.

No basta con reducir el tamaño del Estado y optimizar los recursos; también es indispensable lograr una mayor eficiencia en la administración pública, alcanzar un equilibrio fiscal y financiero que, a su vez, permita el crecimiento económico, pero que ese crecimiento beneficie al pueblo y no solo a unos cuantos empresarios.

Mulino ha enfatizado en su discurso que este proceso que está poniendo en marcha no es simplemente una reestructuración cosmética e incompleta, sino un nuevo rumbo que busca no repetir los errores del pasado. Afirma que se trata de construir cimientos duraderos para el país. Y aunque bien podrían ser solo palabras al viento —otro discurso más en el hemiciclo legislativo, como tantos que hemos escuchado antes— considero que el actual inquilino del Palacio de las Garzas posee la capacidad política y el temple para lograr cambios reales, a pesar de la resistencia de más de un sector.

Sin embargo, esta reestructuración debe darse con consenso y no debe estar motivada por la ambición, el egoísmo ni el capricho de unos pocos, sino en una visión de futuro compartida. La reestructuración del Estado debe ser un proyecto nacional, inclusivo y transparente, guiado por principios de equidad, eficiencia y justicia social —un desafío enorme—, también lo es la capacidad de nuestra sociedad para renovarse cuando se lo propone. Panamá ha demostrado, una y otra vez, que puede levantarse de momentos difíciles. Hoy, más que nunca, necesitamos una ciudadanía vigilante, una clase política valiente y un liderazgo que esté a la altura del momento histórico.

Nuestro Panamá necesita —parafraseando al presidente— limpiar la mesa, corregir vicios acumulados y reorganizar un sistema que ya no da para más. Si lo hacemos con visión, justicia y compromiso, podríamos estar no solo reestructurando la Tercera República, sino construyendo una mejor.