La sociedad y los juegos de poder

Agencia AFP
  • 08/11/2025 00:00

Los sistemas políticos se conforman lógicamente para impulsar al Estado hacia fines comunes y que la estructura que dirige el poder oriente la consolidación de las instituciones para satisfacer las necesidades de la sociedad bajo premisas sustentadas en la razón y las leyes. Esto se percibe claro y cuando no ocurre así, es porque se ha producido una disfunción o las actuaciones se desvían de los objetivos y se encaminan por otros terrenos o dominios.

La corrupción es un contrasentido en el proceder ético. Es de vieja data y añeja; tanto, que Aristóteles la definía como una “tendencia a lo egoísta” y sustentaba su percepción al considerar que el ser humano más primaria que primitiva, poseía esa condición “que identifica a los apetitos con las pasiones autonomizadas de la razón”.

Hoy, este vicio constituye la principal disyuntiva en la ruta que asumen los protagonistas de cualquier iniciativa de gestión. Esto quiere decir que no es solamente en el ámbito gubernamental, sino también en el sector empresarial donde ocurren estas prácticas las cuales suelen ampliar las inequidades. El estudioso piamontés Norberto Bobbio decía que “la corrupción surge de las ambiciones personales en detrimento del bien común...”

La idea de falta de herramientas para atender o enfrentar este mal recurrente en el país impulsó al Procurador General de la Nación a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de norma para establecer una regulación y acciones que permitieran encarar las conductas corruptas. La discusión del anteproyecto produjo un rechazo en el primer debate y ha traído como resultado un malestar en la opinión pública. Lo que llama la atención es la falta de acuerdos o negociaciones entre las instancias del Ministerio Público y el ente legislativo, paso que hubiera posibilitado una postura común frente al conflictivo referente. Se sobreentiende que no hubo acuerdos para dar una salida a los problemas que pudieran presentarse en el desempeño de las tareas.

Al parecer existen diferentes posiciones sobre el papel del Estado vs. la corrupción. En la votación dentro de la Comisión de Gobierno que discutía el anteproyecto; hubo puntos de vista que obedecían a los diferentes partidos y debe interpretarse que las corrientes ideológicas de estos colectivos fueron las que determinaron el resultado de la discusión. ¿Hay otros intereses detrás de lo actuado en el debate mencionado? ¿Se requieren nuevas normas sobre este problema? ¿Es suficiente la regulación existente? Cada sector aduce tener la razón y se pierde el tiempo sin que nadie justifique o sustente sus puntos de vista. Esto hace aumentar la incertidumbre, y mientras, los casos aumentan en los tribunales con resultados procesales que hacen pensar que el mal es más fuerte que la posible cura.

Ante estos episodios, es solamente la ciencia la que podría brindar respuestas sólidas a la situación política. Es necesario crear los espacios para el desarrollo de foros y una amplia discusión que genere el conocimiento requerido. Es allí donde la jurisprudencia y la teoría del derecho podrán brindar los argumentos precisos para fortalecer los conceptos y de allí derivar las decisiones más inteligentes.

En esta fase del proceso se requiere cambiar las dinámicas si se busca realmente tener resultados positivos. No es exponer juicios superficiales basados en intereses particulares o grupales; se requieren enfoques más profundos y sin vinculación con beneficiarios específicos. Al respecto, Bobbio proponía: “el análisis de las instituciones y del poder”, es esencial para comprender la corrupción.

Se quiere llegar a la disminución de estos ancestrales conflictos con la democracia. Quizás todos los interesados puedan coincidir en esta meta. Habría que definir si realmente se requieren nuevas herramientas o es un problema de manejo de la institucionalidad y la existencia de resquicios por donde se insertan los sinvergüenzas para ponerse a salvo de la acción de la justicia. No es creando consignas como se soluciona esto. Es tan complejo que deben darse saltos cualitativos y no prolongar este enredo que impide conciliar a los componentes sociopolíticos del Estado.