La sustancia económica frente a la territorialidad fiscal

Ya fue presentado ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre sustancia económica por el ministro de Economía y Finanzas. Ante esta nueva realidad, la discusión nacional debe ir mucho más allá de un simple ajuste tributario. Lo que verdaderamente está en juego es el futuro posicionamiento del centro financiero y corporativo panameño en un mundo donde el modelo “offshore” tradicional se encuentra en franca transformación.

Durante décadas Panamá compitió exitosamente dentro del ecosistema global de jurisdicciones “offshore”, junto a territorios como BVI, Bahamas, Belice o Nevis. Sin embargo, siempre existió una diferencia fundamental que pocas veces se entendió correctamente: Panamá nunca fue únicamente una jurisdicción “offshore”.

A diferencia de muchas de esas jurisdicciones, aquí siempre existió una economía real y diversificada: el Canal, los puertos, el centro bancario internacional, el hub aéreo de Copa, las zonas francas, la logística y la presencia de multinacionales. Esa diferencia histórica puede convertirse hoy en nuestra principal ventaja competitiva, o en un grave error estratégico si se legisla únicamente para satisfacer las exigencias de la OCDE y la Unión Europea sin considerar los intereses nacionales.

El objetivo central del proyecto parece claro: evitar que estructuras panameñas sean utilizadas para canalizar rentas pasivas extranjeras sin actividad económica real en el país. En otras palabras, se busca preservar el principio de territorialidad fiscal, pero condicionado ahora a la existencia de sustancia económica verificable.

Y esto representa un cambio profundo de paradigma.

Jurisdicciones como BVI seguirán siendo muy competitivas para holdings pasivos, SPVs y sociedades patrimoniales simples, debido a su bajo costo, flexibilidad y simplicidad operativa. Para quienes únicamente necesiten una entidad sin empleados ni presencia física, probablemente seguirán siendo más eficientes que Panamá.

Sin embargo, el entorno internacional ha cambiado drásticamente en los últimos 25 años. Hoy el problema ya no es incorporar una sociedad, sino abrir cuentas bancarias, superar procesos de compliance, resistir auditorías regulatorias y demostrar legitimidad económica internacional.

En ese nuevo escenario, las sociedades meramente “de papel” enfrentarán cada vez mayores dificultades. Bancos corresponsales, auditores, inversionistas y autoridades fiscales buscan ahora algo distinto: trazabilidad, presencia real y sustancia económica defendible.

Y es precisamente allí donde Panamá puede tener ventajas que otras jurisdicciones difícilmente podrán replicar: conectividad internacional, dolarización, infraestructura logística, un ecosistema legal sofisticado, talento regional y una economía doméstica auténtica.

Podríamos evolucionar hacia una plataforma regional legítima para multinacionales latinoamericanas, “family offices”, fintechs, empresas logísticas y holdings operativos que realmente necesiten oficinas, personal y actividad económica genuina. En ese sentido, la entrada al Mercosur constituye una señal positiva.

Sí, probablemente dejaremos de competir en el segmento del “offshore puro”, pero podríamos comenzar a competir en el segmento de centros regionales con sustancia, más cercano a modelos como Singapur, Dubái o Hong Kong.

Sin embargo, aquí surge la pregunta verdaderamente importante: ¿podrá Panamá ofrecer suficiente seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para justificar esa transición?

Ese es el verdadero dilema estratégico.

Si se aprueba una legislación clara, predecible y técnicamente razonable, la legitimidad internacional de Panamá podría fortalecerse enormemente. Una estructura panameña con oficinas, personal y actividad regional genuina probablemente tendría mejor aceptación bancaria y reputacional que muchas estructuras “offshore” tradicionales.

Pero si se aprueba una ley caracterizada por discrecionalidad, inseguridad jurídica, burocracia excesiva o cambios regulatorios constantes, Panamá podría quedar atrapado en el peor escenario posible: perder competitividad frente a jurisdicciones más flexibles sin alcanzar, al mismo tiempo, el prestigio institucional de Singapur, Irlanda o Emiratos Árabes Unidos.

Ese riesgo no es menor, particularmente si Panamá continúa reaccionando automáticamente a cada exigencia de la OCDE y la Unión Europea, como ha ocurrido repetidamente durante las últimas dos décadas.

No podemos seguir destruyendo ventajas competitivas legítimas únicamente para intentar satisfacer burocracias internacionales que han demostrado ser insaciables en sus demandas, sin construir simultáneamente instituciones sólidas, previsibilidad y confianza para el inversionista.

El mundo financiero internacional ya no se define solamente por impuestos competitivos. Hoy pesa cada vez más la confianza. Y la confianza se construye mediante reglas estables, certeza jurídica y coherencia de largo plazo.

La transición desde el viejo modelo “offshore” hacia un modelo basado en sustancia económica puede representar una oportunidad histórica para que Panamá ascienda dentro del sistema financiero global. Pero para lograrlo debemos evitar convertir la regulación en incertidumbre, inquisición o un obstáculo para la generación de negocios.

La pregunta clave ya no es si el “offshore” clásico desaparecerá parcialmente. Eso ya está ocurriendo en todo el mundo. La verdadera interrogante es otra: si Panamá será capaz de transformarse en un centro financiero y corporativo más sofisticado sin destruir, en el proceso, las ventajas competitivas que durante décadas lo convirtieron en uno de los principales hubs de servicios internacionales de América Latina. Amanecerá y veremos.