La verdad del compromiso minero con Panamá

A lo largo de los últimos años, el proyecto de Minera Panamá, y su casa matriz, First Quantum Minerals, ha navegado por un océano de turbulencias sin precedentes en la historia empresarial del país. Ha enfrentado ataques reputacionales feroces, inseguridad jurídica, obstáculos políticos de toda índole y, finalmente, la anulación de su concesión bajo una prohibición operativa que desafió la lógica del desarrollo industrial. Sin embargo, en medio de este ¨ruido ideológico¨, la ciencia y la técnica han hablado a través de un documento irrefutable como es la Auditoría Integral de SGS. Los resultados son reveladores, constituyendo una ¨prueba de fuego¨ superada, al alcanzar un cumplimiento del 87.73%, en 370 compromisos ambientales, laborales, técnicos y legales. Esta cifra es un testimonio de la seriedad de una operadora que, incluso con viento en contra, y su derecho a operar cercenado, ha mantenido su compromiso con Panamá y con los estándares internacionales más exigentes.

Ese 87.73% de cumplimiento, reconocido por un auditor tercero de prestigio mundial, debe ser motivo de reflexión seria, objetiva y profunda. Lo que el informe nos está diciendo es que, incluso en un entorno de máxima presión y hostilidad, Minera Panamá ha ejecutado la vasta mayoría de sus obligaciones con una disciplina que pocas industrias en el país podrían emular.

El éxito de ese porcentaje demuestra que la narrativa, que intenta pintar a la minería como una actividad intrínsecamente ilegal, depredadora y desordenada, es falsa. Por el contrario, esta auditoría confirma que, cuando se cuenta con un operador de clase mundial, con capital tecnológico y voluntad corporativa, la minería es un motor de precisión que cumple sus promesas con el ambiente, con sus miles de trabajadores y con el fisco nacional.

Ahora bien, ¿Qué sucede con el 12.27% restante que el informe señala como pendiente? En una lectura objetiva, ese porcentaje no representa un fracaso, sino el margen natural de mejora en cualquier obra de ingeniería humana de esta escala. Son aspectos técnicos corregibles y áreas de gestión que, lejos de ser insalvables, son la hoja de ruta para alcanzar la excelencia total. Lo positivo es que la auditoría ha identificado esos puntos con precisión, permitiendo que la discusión se pueda trasladar de eslóganes emocionales a soluciones reales. Ese margen de mejora es la prueba de que el sistema de supervisión funciona y de que la empresa auditada tiene la capacidad de adaptarse y perfeccionarse. Ver el 12.27% como un obstáculo es ignorar que el 87.73% ya es un estándar de éxito superior al de la mayoría de los sectores productivos de la región.

Panamá se encuentra en una encrucijada histórica. No podemos permitirnos el lujo de seguir postergando un acuerdo de ¨ganar-ganar¨, que devuelva la estabilidad a este pilar fundamental de nuestra economía. Seguir dilatando una solución beneficiosa para ambas partes, es un acto de autodestrucción económica que el país no puede soportar, especialmente cuando el Canal de Panamá, aunque vital, no puede ser el único sostén de nuestras aspiraciones.

En los últimos quince años, nuestro sector servicios, antes robusto, ha sufrido golpes que han mermado nuestra competitividad. En este contexto, la minería se levanta como tabla de salvación y motor de diversificación que Panamá necesita para afrontar lo que resta del siglo XXI. La auditoría viene a confirmar que la minería no es mala para Panamá, cuando se hace bien, se supervisa con rigor, y se cuenta con un socio comprometido que no huye ante las dificultades. Es hora, por tanto, de madurar como nación y entender que la protección del ambiente, la calidad laboral, la inversión masiva de capitales y la libre empresa no son conceptos excluyentes. Si la minería es viable, próspera y sostenible en los países más desarrollados del mundo, desde Canadá hasta Australia, no existe una razón técnica que explique por qué sería inviable en Panamá. Privar al país de su riqueza mineral es condenarlo a una pobreza innecesaria por temor a los mismos recursos que otros países usan para financiar educación o salud pública. Debemos apostar, decididamente, por explotar nuestros recursos minerales ya identificados y, con la misma energía, invertir, -¿porqué no?-, en la exploración de nuevos yacimientos minerales o incluso de gas y petróleo. Nuestras riquezas naturales no deben ser santuarios intocables para la contemplación, sino activos valiosos puestos al servicio de la gente.

El informe de SGS es un certificado de buena conducta que Minera Panamá ha obtenido bajo las condiciones más adversas imaginables. Es hora de dejar atrás los ataques y las persecuciones que solo han logrado ahuyentar la inversión y generar división social. El país debe girar hacia una política de Estado que reconozca a la minería como un socio estratégico. Reconocer la seriedad de First Quantum Minerals, y el compromiso de sus operadores, es el primer paso para reconstruir la confianza necesaria en nuestro régimen de seguridad jurídica. Panamá tiene todo para ser una potencia minera responsable; solo necesitamos la visión para entender que el presente y el futuro del país dependen de nuestra capacidad para poner nuestras riquezas a trabajar bajo el amparo de la ley y su cumplimiento. Este es el momento de elegir el progreso, la investigación y la explotación racional por encima del estancamiento. La auditoría ha despejado las dudas; ahora le toca al país tener la voluntad para hacer lo correcto por el futuro de todos los panameños.