La verdad incómoda que dejó la auditoría de Cobre Panamá

Las sociedades no progresan cuando toman decisiones basadas en emociones. Progresan cuando confrontan sus propias convicciones con la evidencia, aunque esta resulte incómoda. Eso es precisamente lo que hoy ocurre con la auditoría realizada por SGS sobre Cobre Panamá.

Durante meses, se hicieron afirmaciones de enorme gravedad. Que si la mina utilizaba cianuro, que estaba contaminando de manera generalizada los ríos de Donoso, que había provocado una destrucción masiva de la flora y la fauna, incluso que estaba apropiándose del agua del Canal. Eran acusaciones de tal magnitud que, de ser ciertas, habrían demostrado la existencia de uno de los mayores desastres ambientales de la historia nacional.

Sin embargo, el resultado de la auditoría desmiente esos señalamientos y esto merece una reflexión profunda. Esta no fue elaborada por la minera. Tampoco por el Gobierno. Fue encargada a una de las empresas de inspección, verificación y certificación más reconocidas del mundo, precisamente para determinar, con criterios técnicos y verificables, cuál era la situación real de la operación. Y los resultados públicos muestran un panorama muy distinto al que dominó el debate nacional.

La auditoría refleja que la operación alcanzó un puntaje de 87.73% al cumplir con 368 de 370 compromisos ambientales y la existencia de monitoreo permanente, controles técnicos, laboratorios acreditados, reutilización del agua, gestión ambiental activa, cumplimiento laboral, aportes fiscales e importantes programas de inversión social. Se encontraron igual algunos incumplimientos subsanables, posibles riesgos ambientales y oportunidades de mejora ya que se cuentan con planes de corrección

Nadie sostiene seriamente que una mina de esta magnitud opere sin impactos ambientales o sin aspectos susceptibles de corrección. De hecho, esa es precisamente la razón por la que existen auditorías ambientales: detectar desviaciones, evaluar riesgos y recomendar acciones correctivas. Pero una cosa muy distinta es afirmar que existía una catástrofe ambiental de las dimensiones que algunos sectores denunciaban.

De acuerdo con la información divulgada, la auditoría no concluye que la mina utilizara cianuro como parte de su proceso industrial. Tampoco confirma una contaminación generalizada de los ríos, una extinción masiva de especies o el supuesto desvío ilegal de agua destinada al Canal de Panamá.

¿Significa eso que la mina era perfecta? Por supuesto que no. Toda actividad minera genera impactos ambientales que deben ser gestionados rigurosamente. La propia auditoría identifica riesgos específicos que requieren seguimiento, mitigación y medidas correctivas. Ese es precisamente el valor de una evaluación técnica seria: separar los problemas reales de aquellos que simplemente no logran demostrarse.

Cuando un informe técnico identifica riesgos concretos, el Estado puede exigir correctivos, imponer condiciones y fortalecer la supervisión. Pero cuando una acusación extraordinaria no encuentra respaldo en una auditoría independiente, corresponde reconocerlo con la misma honestidad con la que inicialmente fue formulada.

En una democracia madura, la evidencia debe tener más peso que la narrativa. Este caso deja una lección que trasciende la minería. Panamá necesita recuperar una cultura de debate basada en hechos verificables. La polarización ha llevado con demasiada frecuencia a sustituir los estudios técnicos por consignas, las auditorías por percepciones y los datos por emociones, y eso es peligroso. Porque hoy puede ocurrir con una mina. Mañana puede suceder con un puerto, una hidroeléctrica, un aeropuerto, una carretera o cualquier otra inversión estratégica para el país.

Las políticas públicas no pueden depender de quién grite más fuerte, sino de quién presente mejor evidencia. La auditoría de SGS tampoco debe convertirse en un argumento para ignorar los desafíos ambientales pendientes. Sus observaciones deben ser atendidas con rigor. Si existen incumplimientos, deben corregirse. Si existen riesgos, deben mitigarse. Si hacen falta nuevas condiciones ambientales, deben imponerse. Pero ese mismo rigor debe aplicarse también a las acusaciones.

La protección del ambiente no necesita exageraciones para ser legítima. Al contrario, cuando el activismo recurre a afirmaciones que posteriormente no logran corroborarse técnicamente, corre el riesgo de debilitar su propia credibilidad y de dificultar que la ciudadanía distinga entre problemas reales y narrativas sin sustento.

El verdadero ambientalismo se fortalece con ciencia, monitoreo y transparencia, no con afirmaciones que no resisten una auditoría independiente. El futuro de Cobre Panamá seguirá siendo objeto de un intenso debate político, económico y jurídico. Es natural que así sea. Lo que ya no debería ser objeto de discusión es el estándar con el que ese debate debe desarrollarse.

La auditoría de SGS deja una enseñanza sencilla pero fundamental: las decisiones nacionales deben descansar sobre evidencia técnica verificable. Y, hasta donde la información pública permite concluir, esa evidencia no ha corroborado casi todas las acusaciones más graves que dominaron la discusión pública. Aceptar esa realidad no obliga a estar a favor de la minería. Obliga, simplemente, a estar a favor de la verdad. Porque una democracia sólida no le teme a la evidencia, aunque esta contradiga las creencias más arraigadas. Esa, quizás, es la conclusión más importante que deja todo este proceso.