La violencia en Bocas del Toro

Bocas del Toro siempre ha sido una tierra de contradicciones, una provincia rica en recursos naturales, en diversidad humana y cultural, pero empobrecida por la negligencia del Estado y el oportunismo de algunos sectores. A lo largo de su historia, ha sido injustamente utilizada y a su vez olvidada, celebrada por sus paisajes y abandonada en sus necesidades. Hoy, una vez más, Bocas está en las noticias, pero por razones que entristecen y hacen un llamado a la reflexión de todo el país.

Lamentablemente, en los últimos días hemos sido testigos de los hechos violentos en toda la provincia, vandalismo contra bienes públicos y privados. El estadio Calvin Byron que tantas glorias trajo para la provincia, víctima de las llamas. Vehículos de empresas privadas robados y quemados, el aeropuerto vandalizado, entre otras lamentables situaciones. Esto corresponde a signos de una crisis que ha escalado más allá de lo que inició como una protesta y ha terminado siendo una herida profunda para todo el país.

Nadie entiende con claridad qué se reclama. No hay una agenda pública definida, no hay propuestas concretas. Solo quedan el ruido, la rabia y la destrucción. Quienes participan parecen no comprender a fondo las causas que los motivan, y en su confusión, terminan destruyendo su propia provincia, exigiendo la derogación de una ley que nunca han explicado cómo quieren modificar, ni han discutido con propuestas concretas. Así, lejos de sumar apoyo, aíslan su lucha y agravan la crisis que nos afecta a todos por igual.

Bocas del Toro es un caso particular que merece ser analizado no solo como una expresión de descontento colectivo, sino como una advertencia de lo que ocurre cuando una comunidad, en medio de su frustración, toma decisiones que terminan marcando su propio destino. Cuando la protesta acaba destruyendo lo poco que queda, hipotecando el futuro de sus propios hijos y dejando cicatrices más profundas que las que pretendía denunciar.

El daño al Estado no es solo material. No se trata solo del costo de reparar lo destruido, sino del retroceso institucional que se provoca cuando la violencia reemplaza al diálogo y el caos se impone sobre la ley. En sociedades democráticas, el Estado de derecho no es negociable. Por eso, confiamos en que acabe imponiéndose para bien de todos, la cordura, la institucionalidad y el compromiso con un clima de gobernabilidad que permita un verdadero progreso y oportunidades reales para el pueblo bocatoreño.

Pero no basta con exigir orden. Hay que repensar cómo el Estado reorienta la realidad de la provincia. Hay que reconocer que décadas de promesas incumplidas, de presencia intermitente y de una política de feudo, han dejado heridas abiertas. No es con anarquía ni con demagogia que esas heridas podrán sanar. Es con inversión social real, educación, con participación ciudadana genuina, con líderes que escuchen y comunidades que propongan.

Lo de Bocas del Toro no puede repetirse. Ni allí ni en ningún otro rincón de Panamá. Porque cuando un país apuesta por la violencia, está atentando contra su futuro.