Lacrimógenas en las calles

En democracia, la decisión política de los diputados de la Asamblea Nacional se juega a un nivel que implica el voto y respaldo a leyes respecto al distanciamiento consenso del electorado de su circuito, la separación de sus acciones respecto a la aprobación de quienes lo pusieron en el poder. Se juega a un nivel abstracto —donde el panameño vive angustiado y con miedo— durante los meses de aparente calma previa a la tormenta que generará la imposición de una ley o la reactivación de empresas mineras en nombre del rescate del déficit fiscal. El panameño protesta en las calles para tratar de legitimar su voz en el conflicto y un grupo de empresas de seguridad transnacionales —gringas o brasileñas— lucran de las mismas.

En los últimos cinco años, estas empresas transnacionales se han beneficiado de por lo menos veinte protestas ciudadanas de gran proporción en América Latina, y Panamá no ha escapado al fenómeno represivo en el vecindario. Estas protestas han sido esperanzadoras y creativas, pero también llenas de rabia e ira. Algunas duraron varios meses, como en Venezuela en 2017, en Chile a finales de 2019 y Colombia en ese mismo año y de nuevo en 2021. Siempre los más vulnerables son los que marchan: estudiantes, jóvenes, marginales sin agua, obreros y los indígenas.

En todas las partes del mundo donde impera la democracia, se justifica la compra estatal de equipos antimotines por el riesgo que implica la muchedumbre furiosa que confluye en la calle y aumenta la posibilidad de dañar una parada de buses, saqueos o que golpeen a los miembros de la fuerza pública con una piedra. Tampoco es inusual que en estas masas se infiltren criminales que saboteen las marchas pacíficas. Por eso, en todas las partes del mundo, las fuerzas policiales acompañan estas movilizaciones para contener cualquier eventualidad, proteger los derechos de quienes están protestando en la calle, así como a quienes solo pasan por el lugar.

El argumento de la protección de la “seguridad nacional” es el escudo que con más frecuencia esgrimen los Estados para cubrir con un velo de opacidad las compras directas en sobrecostos de aviones y equipo de movilización de tropas para enmascarar las compras de lacrimógenos y armas no letales.

Un ideal de la democracia panameña es la participación ciudadana en la toma de decisiones de los problemas que nos afectan a todos y que todos financiamos con la plata pública. En los últimos años, con la capacidad de organización inmediata que les ha dado la era digital a los panameños, las comunidades panameñas vulnerables han salido con voz propia a gritar en calles y carreteras sus angustias y descontento. Las políticas contramayoritarias de la aristocracia panameña gobernante, en uno de los países más desiguales del mundo, han hecho más millonarios a estos consorcios brasileños de venta de equipos de seguridad en vez de la búsqueda de consenso. La austeridad nunca llegó a las compras de armas no letales y equipos antiprotestas.

La cruzada civilista aprendió y les usurpó el poder a los militares, para “actuar con instrumentos de represión en el marco de estructuras en gran medida autoritarias”. Esto se ha traducido en el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Un proyectil de caucho mata cuando se dispara a la cabeza, la letalidad no está en el objeto, como lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es la combinación del objeto, el sujeto y su utilización.

Si pones un cuchillo en las manos de un niño de 8 años y el niño te amenaza, es potencialmente letal porque existe el riesgo, pero la posibilidad es muy baja. Pero si le das un cuchillo a un hombre de 40 años, de dos metros de estatura, con 250 libras de peso y que además es carnicero, es decir, sabe usar el cuchillo, tus probabilidades que te mate son altísimas.

La utilización de perdigones por parte de la fuerza pública del Estado panameño debe regularse, porque “les lethal” y “non lethal” son conceptos comerciales americanos que no cumplen con las obligaciones latinoamericanas en materia de derechos humanos.

No debe haber secreto comercial para equipos antidisturbios que van a ser usados en las calles panameñas y pagados con el erario. El secreto de la seguridad nacional es para perseguir criminales y enfrentar tropas extranjeras, no para criminalizar al Suntracs o estudiantes de la Universidad de Panamá. Toda compra de perdigones, lacrimógenos y equipo antidisturbios debe ser pública y transparente.

Existe una visión abstracta del “deep state” panameño que niega la realidad del país y pretende imponer decisiones contramayoritarias que, a falta de una verdadera voluntad popular, las lacrimógenas se encargará de ayudar al pueblo a ver.