¡Las cifras convencen; las declaraciones no!

Esperar que los gobiernos confiesen, aunque lo hagan privadamente, que han fracasado en el cumplimiento de sus promesas electorales es tan lejano como esperar que la tierra gire al revés y el nuestro no es la excepción.

Si se repasan las promesas hechas por el gobierno que está cerca de completar su segundo año de gestión y se miden sus cumplimientos, la percepción ciudadana expresada en las encuestas y sondeos recientemente publicados, es contundente: no ha logrado nada que sea digno de destacar.

Para ejemplos, los siguientes: 1) Se prometió buco dinero en los bolsillos del pueblo, pero ha sido todo lo contrario; 2) Se prometió sacar al país de las listas condenatorias de la Unión Europea, pero nos acaban de estigmatizar manteniéndonos en el grupo de países de dudosa reputación; 3) Se prometieron inversiones, supuestamente negociadas o por lo menos acordadas en principio, durante los desplazamientos de costosas comitivas que visitaron varias veces el viejo continente, pero ahora se advierte que ninguna empresa europea podrá ofertar en las licitaciones de megaobras, como los puertos o el ferrocarril; 4) Se prometió que nuestra asociación al Mercosur sería como una cornucopia que derramaría abundantes oportunidades de exportación y de venta de servicios, pero todavía no se conoce una cifra que compruebe algún avance concreto; 5) Se prometió que se ordenarían las finanzas públicas, pero las ejecuciones presupuestarias son una sarta de inconsistencias, reflejadas por los frecuentes trasladas, que se suceden desde mismísimos inicios; 6) Se prometió reducir los déficits presupuestarios, pero se sigue invocando la inconstitucional “Ley de Responsabilidad Fiscal” para justificarlos; 7) Se sigue contratando Deuda Pública, so pretexto de supuestos ahorros, mediante su refinanciamiento en una espiral sin techo previsible.

Todos esos hechos, percibidos como graves incumplimientos, o como mínimo, sin una justificación válida por la ciudadanía, han mermado la credibilidad del presente gobierno y, como consecuencia, sus frecuentes anuncios de una futura bonanza económica no despiertan ningún entusiasmo.

Los gobiernos por su condición esencial de mandatarios tienen la obligación de rendir al mandante, que es el pueblo, cuenta pormenorizada de cómo manejan las finanzas públicas. Para cumplir con esa obligación deben, con la frecuencia necesaria publicar los correspondientes “estados de situación”. Para ser objetivos, los actuales gobernantes debieran reconocer que, en cuanto a esa obligación, están en mora agravada.

Y si a lo anterior se suma que aún gravitan temas de enorme envergadura económica, como son los reclamos por el cierre de la mina, los arbitrajes remanentes sobre las obras de ampliación del canal y los anunciados por la empresa concesionarias de los puertos, que exista justificada preocupación ciudadana por el porvenir económico del Estado, que depende directamente del estado de las finanzas públicas, debiera motivar a las autoridades a desplegar mayores grados de transparencia.

Una época hubo en que un gobierno publicaba regularmente el “estado de situación de las finanzas públicas”, detallando los saldos en caja, las cuentas por pagar y las estimaciones de los ingresos por recaudar. En las actuales circunstancias, donde reina la incertidumbre, convendría que el flamante Ministerio de Economía, antes que anteponer pronósticos y promesas de futuras bonanzas, asumiera como su obligación sustentarlas con cifras detalladas, que bien precisadas y mejor explicadas son las que convencen y la única vía que serviría para recobrar la credibilidad perdida.