Las consecuencias económicas del actual gobierno

En 1925, Keynes escribió un ensayo titulado “The Economic Consequences of Mr Churchill”, en el que criticaba la política relacionada con la vuelta de este personaje al patrón oro. Hoy, en las circunstancias de Panamá, se impone la urgencia de escribir un breve artículo señalando las consecuencias de las políticas socioeconómicas del gobierno de Mulino-Chapman.

La necesidad de vincular a estos dos personajes en el análisis se justifica teniendo en cuenta el papel que han venido desempeñando. Ambos constituyen lo que en matemáticas se entiende como un par ordenado, en la medida en que el segundo de estos propone y ejecuta las políticas socioeconómicas, mientras que el primero, con su estilo autoritario, realiza la represión necesaria para llevarlas a cabo.

El tipo de política socioeconómica desarrollada por los señores Mulino y Chapman se enmarca en el concepto acuñado por Naomi Klein bajo el término de Política de Choque. Esta se refiere a una política destinada a modificar de manera estructural todo el funcionamiento de la sociedad, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para acelerar y privilegiar la acumulación de beneficios por parte de los sectores económicamente dominantes internos, así como los del capital transnacional.

La política de choque se caracteriza, entonces, por un conjunto de reformas que en el caso concreto de Panamá se refieren a los siguientes elementos: la reforma regresiva del modelo de seguridad social; la reapertura de la contaminante mina de First Quantum en Donoso, como inicio de la reactivación del proyecto extractivista; la política de los embalses; una reforma tributaria orientada al incremento del ITBMS; y la reforma de las leyes sociales vinculadas a la educación y las relaciones laborales, entre otros.

Como política de choque, esta no solo está planeada para realizarse de forma rápida, sino que también pretende que, entregando una parte de la soberanía nacional, cuente con el aval del imperio. Además, busca que los intereses de la oligarquía se vean protegidos por la presencia de tropas militares norteamericanas en el territorio nacional.

El resultado de la aplicación de esta política, que se refleja en la aprobación de la nefasta Ley 462 de 18 de marzo de 2025, la firma de un “entendimiento” con los Estados Unidos que permite la presencia militar extranjera en el territorio nacional y la entrega gratuita de 121.000 toneladas de concentrado de cobre y oro a First Quantum, ha generado un enorme rechazo de la población, que se expresa en amplias manifestaciones de repudio ciudadano. Estas solo han recibido una respuesta del actual gobierno de los señores Chapman y Mulino: la cruel represión realizada con una notable brutalidad policial-militar.

La posición autoritaria del gobierno de turno, incapaz de tener en cuenta los intereses de la población, así como el estilo gubernamental represivo, está generando una creciente situación de alta incertidumbre en el país. Este elemento, como bien lo entendieron Keynes, Joan Robinson y Paul Davidson, entre otros, provoca una tendencia negativa sobre las decisiones de inversión y de consumo, afectando los niveles de actividad económica.

A lo anterior se debe agregar que, pese a que el gobierno Mulino-Chapman ha pretendido presentarse como poseedor de una alta capacidad para resolver los problemas de las finanzas públicas, lo cierto es que en la práctica ha demostrado una notable incapacidad.

Para comenzar, el actual gobierno ha mostrado una gran incapacidad para realizar una adecuada programación financiera. Es así que, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la DGI, al mes de abril los ingresos directos del gobierno se encontraban un 6,6 % por debajo de lo presupuestado ($181,1 millones). Es importante destacar que, si bien el presupuesto de ingresos se cumplió en el caso del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, se incumplió en un 5,9 % ($14,9 millones).

Por otra parte, es de especial interés que, más allá de la retórica del actual gobierno, este ha generado una enorme deuda pública adicional. Es así que, durante el primer cuatrimestre del presente año, el gobierno de Mulino-Chapman ha generado una deuda pública adicional de $4.457,0 millones. Esto significa un incremento del 8,6 % con respecto al saldo observado al final del año pasado.

Cualquiera que haya leído el capítulo IV del Plan Estratégico del Gobierno 2025-2029, que se refiere a la programación financiera, puede comprobar que el contenido vago y general que el mismo contiene no es capaz de revertir las tendencias señaladas. Más aún, la inacción notoria de medidas para revertir la evasión y la elusión tributaria del sector empresarial llevará a que este año la misma pueda alcanzar la enorme cifra de $9.809,2 millones.

A todo esto, solo queda añadir que el gobierno de Mulino-Chapman no ha presentado ninguna estrategia o plan frente a las peligrosas tendencias que se observan a nivel internacional.