Lecciones no aprendidas en tiempo de desastres... el asistencialismo y la improvisación

Cuando el sismo del pasado 9 de octubre se sintió en el país, hubo una serie de comportamientos colectivos normales en este tipo de eventos. En primer lugar, fue notoria y perfectamente natural la primera respuesta dada por cada uno al sentir el movimiento telúrico, tal fue: el miedo. Este miedo fue un comportamiento automático, que indujo a sentimientos diversos y a conductas que ya no dependieron del carácter natural de las personas, esto es, se generaron acciones colectivas, hechos sociales.

A partir de aquí, el carácter social de la población emerge indefectiblemente en esta trama, de forma tal que lo que se hizo predominante fue que se actuó de manera desorientada-sin directriz colectiva ni previamente establecida-dando lugar a actos espontáneos, vistos como “heroicos” cuando alguien hizo lo que al resto no se le ocurrió hacer. Esto fue el caso de desplazamientos hechos por los vecinos de aquellas personas con alguna discapacidad que por sí solas no habrían podido movilizarse como los demás. Una vez pasado el “susto mayor”, la improvisación no desapareció dado que primaba la incertidumbre de, por ejemplo, cuándo y cómo regresar a los edificios laborales o residenciales de cada uno, salvo, obviamente, en aquellos que sufrieron el derrumbe de sus viviendas en provincias centrales.

Estos hechos pusieron en evidencia que los afamados “simulacros” han resultado ser meros actos exhibicionistas, en vez de prácticas de respuestas organizadas que debería conocer toda población. El hecho de que en los simulacros se pone a la gente a salir “ordenadita” de sus edificios escolares, laborales o residenciales hacia un punto determinado, deja de lado la conformación de toda una organización donde se sepa, por ejemplo, localización y número de discapacitados, niños, ancianos y embarazadas que existen en el vecindario o edificio; además, el colectivo de vecinos, estudiantes o trabajadores, establece quiénes asumirían la responsabilidad de garantizar la asistencia directa de estas personas.

En escala, más ampliada, digamos un poblado rural, la improvisación institucional se ha revelado en el hecho de que las entidades estatales han tenido que perder tiempo (así como lo digo “perder tiempo”) haciendo “censos” para ver dónde hay niños, ancianos, discapacitados y demás personas consideradas de prioridad, cuando tal conocimiento debió ser parte de una estrategia organizada con antelación para responder sin improvisaciones que eviten profundizar desastres. O sea, mis estimados/as lectores/as, debe existir un plan-conocido y asumido colectivamente-de respuesta ante el evento natural que se trate. Es más, debería ser parte de las normativas legales exigidas, junto a las establecidas para la construcción de infraestructuras físicas.

Lo antes dicho, ya nos remite a una cuestión más compleja que se ha hecho evidente que tampoco existe en nuestra sociedad: La gestión preventiva del riesgo de desastres. Esta, ya no solamente tiene que ver con la identificación de acciones a ejecutarse una vez se produce un evento natural, sino que va dirigido a reducir las vulnerabilidades que llevan a que unos grupos estén más expuestos a los peligros de desastres que otros.

Estas vulnerabilidades no son otra cosa que las producidas por las políticas y mecanismos político-sociales que propician las desigualdades socio económicas. En este sentido, no cabe esperar otra cosa que ante el abandono al que se ha sometido a las poblaciones agrarias, por ejemplo, con el hecho de que se prioriza la importación de los productos agrícolas de EUA (lo importado desde este país con el tratado de libre comercio creció más del 500% veces, en menos de una década) dejando a la población campesina sin capacidad para adquirir créditos bancarios. Como resultante, sus viviendas las construyen lo más baratas posible y esto, por lo común, obvia guardar normas técnicas de construcción exigidas en las áreas de alta concentración urbana, como lo observado en los edificios no afectados de la ciudad capital. Como bien se ha constatado, las poblaciones cuyas políticas económicas y sociales las han convertido en vulnerables, han sido precisamente las que mayormente han sufrido las perdidas de sus viviendas y condiciones de trabajo, luego del terremoto.

Ergo, una lección que han debido aprender los grupos en el ejercicio del poder actual es la referente a tomar medidas políticas dirigidas a reducir vulnerabilidades sociales y económicas...la respuesta de tales sectores, desde el Ejecutivo hasta los representantes de corregimiento, ha sido la de mantener el sistema de “desprotección social real” existente, a través de las prácticas asistencialistas, propicias al clientelismo y mercadeo político. Así, todo se mantiene igual para que nada cambie y menos, la reducción de las vulnerabilidades a las que se somete a los grupos bajo condiciones pauperizantes, con mayor exposición ante riesgos de desastres. A final de cuentas, es el modelo asistencialista de “protección social” favorable al control de parte de los grupos tradicionales de poder, el que da lugar a la improvisación.