Ley anticorrupción: Panamá exige justicia sin impunidad

Panamá vive un momento decisivo. La reciente presentación del anteproyecto de Ley General Anticorrupción por parte del procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, abre un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia y la credibilidad institucional. Por primera vez en años, el país discute una reforma integral que busca cerrar los vacíos legales que han permitido que la corrupción florezca y la impunidad persista.

El proyecto propone reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, endureciendo las sanciones contra los delitos de corrupción y otorgando nuevas herramientas de investigación al Ministerio Público.

Se incluyen medidas como interceptación de comunicaciones, operaciones encubiertas, compras controladas y colaboración eficaz. Estas técnicas, ya utilizadas en otros países, podrían acelerar los procesos y evitar que los casos duerman años en los tribunales.

Según datos del propio Ministerio Público, existen más de 3,800 causas activas por delitos que afectan al Estado, muchas de ellas vinculadas a corrupción administrativa, peculado y blanqueo de capitales. Es decir, el sistema está saturado y necesita una estructura legal más ágil, moderna y efectiva.

Sin embargo, la aprobación de una ley más dura no será suficiente sin voluntad política ni recursos institucionales. Panamá necesita fiscales especializados, jueces con formación financiera y tecnología que permita rastrear los movimientos del dinero público y privado. De lo contrario, corremos el riesgo de tener una ley avanzada en el papel, pero débil en su aplicación.

El nuevo anteproyecto representa una oportunidad para que el país recupere la confianza ciudadana. Cada caso de corrupción no es solo un número judicial; es una escuela sin pupitres, un hospital sin medicinas, una carretera sin terminar. La corrupción roba más que dinero: roba futuro, esperanza y credibilidad.

Por eso, esta ley debe ir acompañada de una política nacional anticorrupción que integre al Tribunal Electoral, la Contraloría, la UAF y la DGI, fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Además, debe incorporar herramientas de trazabilidad digital, para que toda donación o contrato público sea rastreable, verificable y público.

La ciudadanía también tiene un papel clave. No basta con indignarse en redes sociales; hay que participar activamente en la vigilancia. La transparencia se construye desde abajo, con medios de comunicación valientes, periodistas que investigan y ciudadanos que exigen rendición de cuentas.

Latinoamérica ha demostrado que las leyes anticorrupción solo funcionan cuando hay independencia judicial y voluntad de aplicar sanciones reales. En Brasil, el uso de técnicas especiales permitió destapar la red de corrupción más grande de su historia. En Chile y México, las reformas se acompañaron de observatorios ciudadanos y de portales digitales que publican cada contrato estatal. Panamá puede aprender de esas experiencias, adaptando sus buenas prácticas sin repetir errores.

El país cuenta con talento técnico y marco normativo suficiente para avanzar hacia un modelo de integridad pública sostenible, alineado son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 16, que promueve instituciones fuertes y responsables. La corrupción no solo es un delito: es un obstáculo directo para el desarrollo.

La Asamblea Nacional tiene hoy una responsabilidad histórica: debatir y aprobar este anteproyecto con visión de Estado, sin intereses particulares ni cálculos políticos.
La corrupción no tiene color partidista; afecta por igual a todos los ciudadanos. Y la sociedad, por su parte, debe acompañar este proceso con vigilancia activa.
Las leyes no cambian un país por sí solas: lo cambian las personas que deciden aplicarlas con ética y compromiso.

La justicia sin impunidad no debe ser una aspiración, sino una política de Estado. Si Panamá logra convertir esta ley en una herramienta real y transparente, habrá dado un paso gigantesco hacia la reconstrucción de la confianza pública. Porque sin justicia efectiva, la democracia se debilita; pero con integridad, el país se fortalece.