¿Listas discriminatorias? La verdadera amenaza para la inversión es la debilidad institucional

Las recientes declaraciones del presidente de Apede deberían contribuir a desmontar uno de los mitos más repetidos por los gobiernos panameños: que el principal obstáculo para la atracción de inversión extranjera directa son las listas discriminatorias de la Unión Europea (UE) y la OCDE, cuando los problemas estructurales internos de cualquier país pesan mucho más en la decisión de los inversionistas.

Durante años, algunos en Panamá han mantenido el mismo discurso sobre las causas de la baja inversión extranjera directa que recibe el país. Gobiernos de distintos signos políticos, funcionarios, gremios y voceros del sector público han insistido en que las listas discriminatorias de la UE, las iniciativas de la OCDE y otras medidas internacionales constituyen el principal obstáculo para la llegada de nuevos capitales. Esta narrativa ha resultado políticamente conveniente porque traslada la responsabilidad hacia un sector de la economía que, hasta hace unos años, resultaba muy exitosa: la plataforma internacional de servicios legales y financieros.

Durante la presentación de su hoja de ruta para el período 2026-2027, el presidente de Apede, Alberto López Tom, señaló que el capital busca oportunidades, pero sobre todo busca confianza (La Estrella de Panamá, 23 de agosto de 2026). Esa afirmación resume uno de los principios fundamentales que rigen las decisiones de inversión en cualquier economía moderna. Los inversionistas no solo analizan incentivos fiscales, costos operativos o ubicación geográfica. También evalúan la calidad de las instituciones, la seguridad jurídica, la independencia judicial, la transparencia gubernamental y la capacidad del Estado para cumplir y hacer cumplir las reglas del juego.

Panamá posee ventajas extraordinarias para competir por capital internacional. Cuenta con una ubicación estratégica única, un canal interoceánico de relevancia mundial, una plataforma logística de primer nivel, conectividad aérea y marítima, una economía dolarizada y un sofisticado ecosistema de servicios financieros y corporativos. Son atributos que muchos países desearían tener. No obstante, estas fortalezas no siempre se traducen en mayores niveles de inversión ni en el aprovechamiento pleno de nuestro potencial económico.

La razón es sencilla. Ninguna ventaja puede compensar completamente la falta de confianza institucional. Cuando un inversionista percibe incertidumbre sobre la aplicación de la ley o sobre la capacidad de los tribunales para resolver controversias de manera rápida, independiente y transparente, el riesgo de invertir aumenta considerablemente. Como consecuencia, algunos proyectos se retrasan, otros se encarecen y muchos simplemente terminan desarrollándose en otras jurisdicciones.

Por ello resulta significativo que Apede haya identificado las principales debilidades del país. Un empresario puede adaptarse a mayores requisitos regulatorios o de cumplimiento. Lo que difícilmente acepta es la incertidumbre sobre la protección efectiva de sus derechos y activos. “La administración de justicia es nuestra principal debilidad”, afirmó López Tom, anunciando la creación del Observatorio de Transparencia Judicial como aporte de Apede para fortalecer la seguridad jurídica.

A la debilidad judicial se suma otro problema que afecta directamente la competitividad nacional: la corrupción. Los resultados de Panamá en los índices internacionales de percepción de corrupción continúan reflejando una realidad preocupante. Más allá de los números, que ya parecen ni inmutar a la mayoría de los panameños (“robó, pero hizo”), el mensaje que reciben los mercados internacionales es claro. La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, distorsiona la competencia, reduce la transparencia de las decisiones públicas y genera incertidumbre respecto del entorno operativo.

Resulta simplista sostener que las listas de la UE y de la OCDE constituyen la única o la principal causa de la decreciente inversión extranjera directa o de la falta en el otorgamiento de líneas de crédito de multilaterales a Panamá.

Convertir esas listas en la explicación exclusiva de nuestros problemas equivale a ignorar las advertencias provenientes de nuestros propios empresarios, inversionistas y analistas económicos. También implica evitar una conversación necesaria sobre la corrupción, la ineficiencia institucional, la falta de rendición de cuentas y las deficiencias del sistema judicial.

Panamá debe continuar luchando contra las listas discriminatorias y exigiendo un trato equilibrado en los foros internacionales. Pero esa agenda externa debe ir acompañada de una agenda interna igualmente ambiciosa. Fortalecer la independencia judicial, combatir efectivamente la corrupción, mejorar la eficiencia institucional y garantizar certeza jurídica son tareas que dependen exclusivamente de nosotros.

Las declaraciones del presidente de Apede constituyen un recordatorio muy acertado y oportuno. Panamá ya posee gran parte de las ventajas económicas necesarias para competir exitosamente por capital internacional. Lo que necesita ahora es consolidar la confianza en sus instituciones. Porque mientras las listas de la UE y de la OCDE afectan la imagen del país, la corrupción, la debilidad judicial y la inseguridad jurídica afectan la percepción de los inversionistas internacionales y sus deseos de invertir en Panamá.