¡Lo que se crea por leyes, se elimina o reforma con otras leyes!

La proliferación de ministerios, entidades autónomas, institutos, autoridades, secretarías con rango ministerial y otro sinnúmero de instituciones, es uno de los mejores ejemplos de la creatividad política criolla, que difícilmente encuentra parangón en el resto del mundo.

Su total, que se acerca a los 100, según parece, ha comenzado a preocupar al más alto nivel del Estado, que ha anunciado, supuestamente como un paso inicial, la eliminación de dos entidades: el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de la Mujer. Si bien esa medida, indicativa de que, según parece, se ha comenzado a tomar conciencia de que el exagerado número de instituciones debe reducirse, la vía escogida para iniciarla y la forma extralegal como se la viene empujando evidencia que es más producto de la improvisación que de una consideración razonada y planificada.

En el caso del Banco de Desarrollo Agropecuario, se invocó como razón que la institución ha acumulado una exagerada cartera de deudas, producto de muchos préstamos que no se han cobrado. Además, se anunció que los préstamos al sector, que son necesarios, se seguirían haciendo, pero que su manejo lo asumiría la Caja de Ahorros. Pero, posteriormente, el gerente de esta institución hizo una declaración en la que dejaba entrever que la Caja no se haría cargo del cobro de las obligaciones impagas. Si esa es la posición de la Caja, oportuno sería que su gerente explicara mejor cuáles serían los parámetros bajo los cuales se realizaría la eventual sustitución.

En cuanto al anuncio de la eliminación del Ministerio de la Mujer, se ha considerado que no debe ser una entidad con ese rango, sino que debe ser rebajado a una secretaría dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social.

Tanto el Banco de Desarrollo Agropecuario como el Ministerio de la Mujer fueron creados mediante leyes. Por tanto, su desaparición o reforma también debe hacerse mediante una ley; pero, aparte de los anuncios presidenciales de que ambas entidades dejarán de existir, no existe registro de que en la Asamblea se hayan presentado los proyectos de ley que cumplirían con esa necesaria formalidad. Por consiguiente, las dos entidades, que siguen existiendo legalmente, están siendo desmanteladas por vías extralegales.

Lo que sí ha ocurrido es que, en el proyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado, según ha manifestado la todavía ministra de la Mujer, se le han recortado los montos por ella solicitados, o sea, que por una vía absolutamente irregular y extralegal, de hecho se desmantela la institución. Y todo indica que la misma operación se repetirá con el Banco de Desarrollo Agropecuario.

La necesidad de que exista un Ministerio de la Mujer puede discutirse y, eventualmente, llegarse a la conclusión de que las funciones que este ha venido desempeñando se pueden cumplir mejor transformándolo en una secretaría o en un viceministerio dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, pero cualquiera que sea la vía que finalmente se escoja, esa decisión no debe ser producto de la improvisación ni mucho menos ejecutada por la vía de desfinanciarlo presupuestariamente.

En el caso del MIDA, si la razón para eliminarlo es que haya acumulado una abultada cartera morosa, invocarla para desmantelarlo es absurdo. Si a ese estado se llegó por una mala gerencia de la institución, lo que correspondería es reemplazarla por otra que cumpla con eficiencia las finalidades para las que fue creado y satisfaga las demandas del sector agropecuario, que se reconocen como vigentes y esperan respuestas concretas.

El Estado tiene que ser reformado para que la administración pública cumpla las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, pero hay que hacerlo ordenada y planificadamente, para que los servicios públicos respondan a las necesidades de todos los sectores de la vida nacional. Esa tarea debe emprenderse mediante reformas legales pensadas, consultadas y bien ejecutadas, que no sean producto de la improvisación, que es el camino que, erróneamente, se ha escogido y que, como es previsible, en lugar remediar el desorden institucional existente, producirá precisamente los resultados opuestos.