¿Los asegurados son, o no son, los dueños del Seguro Social?

Hacia finales del mes de septiembre de 2024 y como parte de la estrategia para imponer el proyecto de las reformas a la seguridad social, durante la visita que el presidente realizó al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias, en varios momentos de su recorrido, palabras más, palabras menos, advertía a los funcionarios con los que se cruzaba que ellos tenían el deber de atender con diligencia, prontitud y eficiencia a los asegurados, porque ellos son los dueños de la institución y los que pagan sus salarios. Recordar ese pasaje viene muy a cuenta ahora, cuando para la proyectada integración Ministerio de Salud-Caja del Seguro Social, que siempre fue la segunda parte de un plan, entonces deliberadamente ocultada, ha quedado en evidencia que la declaración de que “los asegurados son los dueños del Seguro Social”, fue solo retórica.

Constitucionalmente, según lo ordena el artículo 109, “Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República.” Y para cumplir ese mandato constitucional, los siguientes artículos 110, 111 y 113 detallan específicamente las acciones que debe realizar.

La presión que sobre el Estado imponía e impone el cumplimiento de esas obligaciones, conviene recalcarlo, vino a ser aliviada con la creación de los sistemas de seguridad social, esencialmente financiados por las contribuciones de los afiliados. Por esa vía, un altísimo porcentaje de la población recibe las atenciones de salud, por las que pagan con las cuotas que se les deducen de sus salarios y, además, se asegura de un ingreso para cuando, por razones de edad o de invalidez, cumplan su ciclo laboral.

Como teoría, puede parecer razonable considerar que la unificación, en algunas áreas específicas de los servicios que presta la Caja del Seguro Social a los asegurados, con los que el Estado está obligado a proveer a la población no asegurada, contribuiría, mediante la consolidación, por ejemplo, de las licitaciones para la compra de equipos o medicamentos, a abaratar los costos y a mayor eficiencia; pero, a la par, esas eventuales ventajas tienen que manejarse acorde a realidades y, previa consulta con los directamente afectados que, en este caso, “son los dueños de la Caja del Seguro Social”, calidad y condición que, con los derechos que le son inherentes, no pueden ser ignoradas y menos usurpadas por los gobernantes.

De manera creciente y alarmante, la realidad cotidiana que sufren los asegurados es que tanto las instalaciones de la Caja del Seguro Social como los suministros esenciales que deben recibir no cubren las demandas presentes. Si esa realidad es objeto de reiteradas denuncias por la mora en las citas y en las intervenciones quirúrgicas o por la falta de medicamentos, a menos que se pueda demostrar que a esas instalaciones y servicios les sobra capacidad para atender demandas adicionales, siquiera pensar en adicionarles más usuarios carece de toda lógica.

Pero, además, que desde las esferas del Ejecutivo se quieran tomar decisiones que afectan directamente los derechos que sus propietarios, los asegurados, tienen sobre la Caja, sin previamente consultarles, es absolutamente inadmisible. Cualquier proyecto que pueda afectar el patrimonio construido por los asegurados tiene, en primer lugar, que respetar ese derecho.

En épocas anteriores, conviene recordarlo, a la Caja del Seguro Social se la ha castigado, lastrando su patrimonio con imposiciones ilegales, como fueron el pago de jubilaciones especiales, la fallida aventura de un fraudulento programa de viviendas o las ridículas tasas de interés aplicadas a sus reservas o por haberla excluido de financiar hipotecas para los asegurados. También en épocas anteriores se han planteado iniciativas sobre la integración que, en buena hora y con buen sentido, fueron abandonadas. Que vuelvan a intentarse, con las muestras que ya ha dado el presente gobierno de distanciarse de la sana práctica de auscultar previamente la opinión pública, no debe extrañar; pero, ante la previsible tormenta que podría desatar la imposición de una medida que, también y previsiblemente, de ser consultada sin las previas y necesarias aclaraciones y justificaciones, sería rechazada, lo recomendable es que se haga un alto; que con cifras y fundamentaciones debidamente explicadas y ampliamente analizadas, se demuestre tanto la viabilidad como los beneficios concretos que pudiera reportar.

Cualquier camino, que excluya a los asegurados o los margine de participar en las decisiones que afectarían un patrimonio que les pertenece, especialmente si asoman actitudes impositivas, sería contraproducente y presagio de confrontaciones que no necesita el país.