Los rasgos fascistas del gobierno

Los recientes acontecimientos desarrollados en el país han venido demostrando que, como lo entiende la mayoría de la población, el gobierno del señor Mulino se ha venido moviendo hacia lo que algunos, con un lenguaje relativamente suave, llaman una deriva autoritaria. En realidad, se trata de un gobierno con un creciente componente dictatorial, el cual muestra notables rasgos que solo pueden ser calificados como fascistas. Se trata de un hecho que conviene evidenciar a fin de comprender la situación actual del país.

Samir Amin, el reconocido economista egipcio, en su ya clásico artículo titulado The Return of Fascism in Contemporary Capitalism (2024) nos recuerda que las diversas formas de fascismo están “dispuestos a gestionar el gobierno y la sociedad de forma que no se cuestionaran los principios fundamentales del capitalismo.” En el caso del gobierno de turno este rasgo se encuentra radicalizado, ya que el mismo se ha autodefinido como un gobierno plenamente de la empresa privada. De hecho, los ministerios y entidades claves están bajo el mando directo de connotados representantes de los sectores económicamente dominantes.

Por su parte John Bellamy Foster, en un artículo titulado Neofascism in the White House (2017) llama la atención sobre el hecho de que los fascismos, en sus diversas formas de existencia, buscan restructurar no solo las condiciones de la acumulación de ganancias de los sectores económicamente dominantes, sino también restaurar la hegemonía de estos sectores y proteger por la coerción la dominación de los mismos.

Esto explica, por una parte, la política de choque propuesta por el gobierno, la cual ha tenido su primer episodio en la imposición de la Ley 462 de 18 de marzo de 2025. El sentido de esa imposición queda evidenciado si se tiene en cuenta que el contenido y naturaleza de esta Ley se encuentra claramente definido en la propuesta del Conep, desarrollada en el documento Panamá Visión 2050 en sus páginas 95, 96 y 97.

En este episodio el gobierno puso en operación con una fuerza descontrolada a todos los organismos represivos del Estado (Senafront), Senan y Policía Nacional), incluyendo aquellos elementos del sistema judicial que se prestaron para criminalizar la protesta. Aparece así otro rasgo de fascismo, habida cuenta que se trata de un gobierno caracterizado por el uso indiscriminado de la coerción por medio de la violencia física, el uso de la intimidación y el miedo, con el fin de defender los intereses de los sectores económicamente dominantes.

Otro rasgo característico del fascismo, presente en todas las formas de este, es que el mismo entiende que el accionar de los órganos del Estado pueden actuar de manera impune sobre cualquier elemento del ordenamiento jurídico vigente. La represión en Bocas del Toro y Arimae, así como el manejo de la huelga magisterial, en que se violaron, sin reparo alguno los derechos humanos, muestran que este rasgo del fascismo también se encuentra presente en el actual gobierno de turno. En este caso se llegó hasta suspender el derecho al habeas corpus.

Es claro que la acción del gobierno con sus rasgos de accionar fascista no solo buscaba imponer la Ley 462, sino allanar el camino para seguir con su política de choque, la cual apunta a elementos como la reapertura de la contaminante mina de First Quantum, en Donoso, la construcción del embalse de Río Indio, la generación de una reforma fiscal regresiva, así como la reforma neoliberal de la educación oficial y una nueva reforma de la legislación laboral.

Para este fin la política represiva del actual gobierno ha venido desarrollando una serie de medidas destinadas a descabezar y liquidar todas las organizaciones sociales que puedan resistir la política de choque. El despido arbitrario de los diversos dirigentes magisteriales, así como la reciente medida de liquidación sindical, así lo demuestran. Se trata de otro claro rasgo de fascismo, el que Antonio Gramsci denunció en su intervención en la Cámara de diputados de Italia el 16 de mayo de 1925.

En el campo sindical, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos por el Conep para las relaciones laborales en su Visión País 2025, el actual gobierno ha iniciado una política que, siguiendo el excelente artículo titulado Corporativismo y Fascismo (2017) de Francisco Bernal García, se puede calificar de “autoritarismo laboral”.

En esta política, el Estado, destruyendo la idea del libre sindicalismo, se abroga la potestad de determinar cuáles son los actores sindicales que pueden participar en las relaciones laborales con el capital. Según esta política solo deben subsistir aquellos dispuestos a aceptar la política de choque, así como la reconfiguración de las relaciones laborales en función de los intereses de los sectores económicamente dominantes.

Estamos, entonces, frente al accionar fascista por parte del actual gobierno, que de seguir adelante simplemente significará la destrucción de todos los derechos ciudadanos. Frente a esto todos y todas debemos unirnos en defensa de una democracia con sentido social y responsabilidad ambiental.