Más allá de la recaudación: ¿por qué un ‘servicio marítimo paralelo’ fragmentaría la diplomacia panameña?

El debate parlamentario resucitado tras la revelación de las cifras de recaudación consular —donde solo ocho sedes aportan el 59% de los $97.4 millones generados por la Marina Mercante en 2025— ha reactivado una propuesta recurrente: la creación de un “Servicio Exterior de Marina Mercante” independiente. Sin embargo, la práctica administrativa en misiones diplomáticas y consulares demuestra que esta iniciativa entraña inconsistencias estructurales graves. Panamá no necesita multiplicar sus burocracias exteriores; requiere profesionalizar el Servicio Exterior existente bajo la ley y consolidar una articulación técnica con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La idea de establecer dos cuerpos paralelos de representación desconoce la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Un consulado es una unidad orgánica indivisible. Pretender bifurcar las funciones consulares entre un “servicio diplomático” y un “servicio mercantil” acarrearía duplicidad de costos, riesgo de colisión de autoridad en la sede y el desconocimiento de la función pública integral. Un cónsul no es un mero agente recaudador. En jurisdicciones de alta exigencia operacional —ya sea supervisando la certificación de marinos en Asia o atendiendo controversias marítimas en América del Norte— la labor técnica de marina mercante interactúa constantemente con el derecho internacional, la fe pública, la asistencia a nacionales y la política exterior.

La experiencia en circunscripciones con dinámicas heterogéneas confirma que los consulados no pueden tratarse como islas administrativas. En grandes centros de contratación de gente de mar, la verificación de licencias exige rigor técnico combinado con capacidad de negociación bilateral. En polos del comercio marítimo global, las labores de abanderamiento y seguridad navegan junto a complejas normativas ambientales. Tratar los consulados de alta recaudación como feudos al margen de la red diplomática vulnera el principio de equidad y rotación profesional de la Ley 28 de 1999 de Carrera Diplomática y Consular.

El verdadero problema de las sedes de marina mercante no radica en su pertenencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino en dos vicios históricos:

1. El modelo anacrónico de incentivos (Decreto de Gabinete No. 75): La asignación de emolumentos basada en porcentajes de recaudación desvirtúa la ética del servicio público y convierte a las oficinas de mayor ingreso en botines de patronazgo político.

2. La falta de trazabilidad en tiempo real: La ausencia de plataformas digitales integradas impide fiscalizar con transparencia el saldo neto entre ingresos brutos, costos operativos y lo remitido al Tesoro Nacional.

En lugar de crear un régimen paralelo, la solución técnica reposa en tres pilares:

Profesionalización restrictiva: Someter los consulados marítimos al escalafón meritocrático diplomático.

Adscripción de Agregados Marítimos: Designar especialistas técnicos de la AMP en plazas clave (como Tokio, El Pireo o Hong Kong), subordinados a la jefatura consular.

Ventanilla Única Digital: Automatizar trámites e ingresar fondos directamente a las arcas del Estado sin intermediaciones opacas.

Panamá ostenta el tercer registro naviero más grande del mundo en número de buques. Sostener ese liderazgo no se logrará atomizando la diplomacia en servicios paralelos ni perpetuando esquemas del siglo XX, sino defendiendo la unidad de la política exterior a través de instituciones únicas, meritocráticas y transparentes.