Más allá del subsidio: la oportunidad de reinventar la política social en Panamá

En el debate público sobre la pobreza suele imponerse una falsa dicotomía. Quienes defienden los programas sociales son acusados de promover dependencia, mientras quienes exigen mayor control son señalados de insensibilidad.

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. La pregunta relevante no es si Panamá debe mantener sus programas de asistencia social, sino cómo hacerlos más efectivos, más transparentes y capaces de generar oportunidades reales para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Los datos más recientes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ofrecen una fotografía reveladora de este desafío. Al cierre del segundo pago (abril 2026), cerca de 186 mil panameños y panameñas reciben apoyo a través de programas como Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio Nutricional, cuya inversión supera los 54 millones de balboas en un solo trimestre.

Detrás de cada cifra de estas transferencias monetarias hay una historia humana: una madre que lucha por mantener a sus hijos en la escuela, un adulto mayor que necesita medicamentos para preservar su salud o una persona con discapacidad que requiere apoyo para afrontar las dificultades de la vida diaria.

Precisamente por la importancia de estos programas, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de verificación y focalización, con los cruces periódicos de información de otras instituciones del Estado como la Caja de Seguro Social, la Contraloría General, el Tribunal Electoral, el Registro Público, la Autoridad del Tránsito entre otras, y que no debe interpretarse como una acción no estudiada por parte del MIDES para excluir a los beneficiarios, sino como una herramienta necesaria para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La *transparencia* no es únicamente un requisito administrativo, sino una acción que fortalece la confianza ciudadana y *protege* la legitimidad de la política social.

Cuando la población percibe que existen beneficiarios que ya no cumplen los criterios de elegibilidad o que los recursos son administrados sin controles rigurosos, aumenta el escepticismo hacia los programas sociales en su conjunto.

Sin embargo, la depuración de los programas no puede convertirse en el único objetivo. La exclusión indebida de familias vulnerables es tan grave como la permanencia de quienes ya no califican. La incorporación de nuevos beneficiarios que durante años permanecieron en listas de espera y que en esta administración se ha enfocado en esos corregimientos donde el índice de pobreza y pobreza extrema es alto, según la Encuesta de Hogares del Instituto de Estadística y Censo (INEC) del 2023, constituye una señal importante de focalización y equidad social de gestión de gobierno.

Un sistema social eficiente debe ser capaz de corregir errores en ambas direcciones. No solamente sacar a quienes ya no necesitan el apoyo, sino también incluir a quienes han sido invisibilizados por la burocracia. Más prometedora aún es la visión que busca trascender la lógica tradicional de la transferencia monetaria, pero sin renunciar a la protección y desarrollo social centrado en los seres humanos.

Durante décadas, América Latina ha aprendido una lección fundamental: las ayudas económicas son eficaces para aliviar la pobreza inmediata, pero insuficientes para romper los ciclos de pobreza estructural.

Ningún subsidio, por sí solo, puede reemplazar una educación de calidad, un sistema de salud accesible, oportunidades de empleo digno o infraestructura básica en comunidades históricamente marginadas. Por ello adquiere relevancia la estrategia del Mides de vincular los pagos de programas sociales con iniciativas de inclusión productiva.

La coordinación con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de los Recursos Acuáticos apunta hacia un enfoque más integral, donde los beneficiarios no sean vistos únicamente como receptores de ayuda, sino como potenciales emprendedores, productores, agentes de desarrollo local y organizaciones. Así mismo, la articulación y alianzas para vincular en esos esfuerzos a empresas con responsabilidad social empresarial.

La verdadera medida del éxito de una política social no es cuántas personas permanecen indefinidamente dentro del sistema, sino cuántas logran graduarse de él porque han alcanzado condiciones de autonomía económica.

Quizás la transformación más trascendental se encuentre en la construcción del Registro Social de Hogares. Aunque pueda parecer una reforma técnica, su impacto podría ser profundamente político y social.

En la actualidad, los subsidios estatales se distribuyen a través de múltiples instituciones que operan con bases de datos distintas y criterios no siempre articulados.

El resultado es un sistema fragmentado que dificulta medir con precisión quién recibe qué ayuda y cuál es el impacto acumulado de la inversión pública.

La creación de una plataforma única para identificar y caracterizar a los hogares vulnerables representa un paso hacia una política social basada en evidencia y no únicamente en intuiciones o presiones coyunturales. En un país que destina miles de millones de balboas a subsidios cada año, la calidad de la información es tan importante como la magnitud de los recursos.

No obstante, ningún registro, por sofisticado que sea, resolverá por sí solo los desafíos de la pobreza. Los estudios del Banco Mundial, Cepal, BID, Unicef y del propio Estado panameño coinciden en una conclusión central: la pobreza multidimensional persiste con especial intensidad en áreas rurales, comarcas indígenas y territorios históricamente rezagados. Allí las brechas no son únicamente de ingresos, sino también de acceso a servicios básicos, conectividad, educación y oportunidades económicas.

La política social del siglo XXI debe aspirar a algo más ambicioso que administrar la pobreza. Debe contribuir a reducirla de manera sostenible.

Panamá enfrenta una oportunidad histórica. La modernización de los programas sociales, el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y la construcción de herramientas como el Registro Social de Hogares pueden sentar las bases de una nueva generación de políticas públicas, junto con el Presupuesto basado en Resultados, que es uno de varios enfoques metodológicos para planificar, formular, ejecutar, monitorear y evaluar el presupuesto público de un país.

Pero el éxito dependerá de mantener una visión de largo plazo, alejada de ciclos electorales y respaldada por datos confiables y evidencia científica.

La lucha contra la pobreza no es una tarea exclusiva del Mides ni de un gobierno en particular. Es una política de Estado que articule instituciones, sector privado, sociedad civil, gobiernos locales y comarcales, organismos internacionales y comunidades.

Al final, la pregunta no es cuánto gasta un país en subsidios. La pregunta es cuántas oportunidades logra crear para que sus ciudadanos ya no necesiten depender de ellos. Y esa es, precisamente, la meta que guía el futuro de la política social panameña.