Menos trámites, más competencia

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  • 18/11/2026 10:04

Para una pequeña y mediana empresa (pyme), el tiempo utilizado en realizar trámites tiene un costo. Entre otros trámites, hay que reunir documentos, visitar instituciones, posiblemente pagar asesoría y esperar respuestas.

Mientras tanto, el negocio sigue teniendo gastos y los clientes necesitan respuestas. Las grandes empresas suelen contar con personal dedicado a estas gestiones; en las pymes, por lo general, es el propio dueño quien debe resolverlas.

Esta diferencia importa cuando hablamos de competencia. Un requisito puede ser igual para todos en el papel, pero representar una carga mucho mayor para quien tiene menos recursos. Si cumplir con las reglas dificulta la entrada de nuevos negocios o limita la posibilidad de ampliar las operaciones, es recomendable revisar si esas exigencias son realmente necesarias.

La Ley 45 de 31 de octubre de 2007 ofrece herramientas para abordar este problema. Sus disposiciones sobre libre competencia económica y libre concurrencia permiten examinar las condiciones que afectan la participación de las empresas en los mercados. En particular, los artículos 195 al 198 abordan aspectos de la regulación comercial y la eliminación de obstáculos administrativos al comercio.

Dos principios deberían orientar esta revisión, la neutralidad competitiva y la regulación económica eficiente. El primero exige prestar atención a las ventajas o desventajas que las reglas pueden generar entre empresas que compiten en un mismo mercado. El segundo invita a preguntarnos si los beneficios de una regulación justifican los costos que impone y si es posible alcanzar el mismo objetivo mediante procedimientos más sencillos.

Esto requiere la participación de las instituciones que diseñan y aplican las regulaciones comerciales. Los ministerios de Salud y de Ambiente, las entidades encargadas de los registros y permisos, y las instituciones responsables del comercio exterior pueden revisar sus procedimientos para identificar requisitos duplicados, demoras injustificadas y exigencias que afecten proporcionalmente más a las pymes.

Por su parte, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) puede contribuir a identificar posibles restricciones a la libre concurrencia y promover el análisis de sus efectos sobre el mercado, dentro de las competencias que le atribuye la ley. Una medida concreta sería impulsar una ventanilla única digital interoperable entre las entidades involucradas. La idea es sencilla, si una institución ya tiene determinada información de una empresa, otra entidad que la necesite debería poder consultarla legalmente, sin obligar al empresario a presentar los mismos documentos nuevamente. Es el principio de entregar la información una sola vez.

Para conseguirlo, no basta con digitalizar formularios. Hay que conectar los sistemas públicos, coordinar los procedimientos y establecer reglas claras para compartir información de manera segura. También es necesario revisar los requisitos antes de trasladarlos a una plataforma digital; un trámite innecesario sigue siéndolo, aunque se realice en línea.

La revisión debe prestar especial atención a las barreras no arancelarias. Los controles sanitarios y técnicos pueden ser indispensables, pero sus procedimientos deben ser proporcionales al riesgo que buscan controlar.

La protección del interés público no es incompatible con la simplificación administrativa. Simplificar trámites es una forma de promover la competencia, con claros beneficios para las empresas y los consumidores.

*El autor es economista, jefe del Departamento de Análisis y Estudios del Mercado (DAEM)