Mineras donantes permanentes

Los sistemas electorales del continente, establecidos por sus cuerpos electorales colegiados, sea por analogía o por similitud, han incorporado legalmente las donaciones o financiamiento privado con dóciles pinceladas de restricciones; estas, haciendo un simulado caso a un impulso popular por erradicar esta normativa que hace tránsito a una prerrogativa para los donantes privados de campañas electorales. Siendo estos los acaparadores de riquezas, las transnacionales y el narcotráfico, todos donando paralelamente a quienes postulan a cargos de elección popular, desde representantes de corregimientos hasta la primera magistratura del país, desde la esfera de la partidocracia hasta los llamados “independientes”.

Nuestro país no escapa a esta corriente que cimentaron desde la convocatoria al Foro pro-Reformas Electorales impulsado por el Tribunal Electoral, con la concurrencia de los partidos políticos y oenegés provenientes de los sectores económicos de poder, que a la postre es la resultante del concurso de los convocados obedientes a un mismo eje financiero o donante de campañas.

Hace décadas, desde que llegaron las empresas mineras explotadoras de los recursos naturales minerales a cielo abierto, su apertura funcional vino acompañada de fuertes sumas de dinero canalizadas a los candidatos a la presidencia; siendo una actividad multimillonaria y letal para el medio ambiente, sobrepasó la era Odebrecht y continuó financiando a la clase política simultáneamente con el “Señor de los Cielos” —que no es el Espíritu Santo—, conjuntamente con los sectores delincuenciales traficantes de drogas.

Es tanto su poder que, previamente a la pandemia, impulsaron la vicepresidencia de la República a un extrabajador de la mina, financiando la campaña del período 2019-2024, y aún después de su muerte civil el gobierno actual la ha revivido para continuar agrandando el Estado clientelar. Dichas causales, suficientes para eliminar por completo el financiamiento privado normado en el Código Electoral, no se han considerado pese a la reiterada petición pública de sectores capaces y con trayectoria nacional, que perseveran con el tema, el cual, desde sendos escritos y comunicados, hemos transmitido desde el Movimiento Independiente Nacionalista (MINA), que propone eliminar totalmente el financiamiento privado a través del Foro Constitucional Electoral y elevarlo a una Asamblea Constituyente Originaria, este y otros cambios necesarios en materia electoral vistos en el título IV de la Constitución Política de la República de Panamá.

La finalidad de estos importantes e imperantes cambios es que tengamos un sistema electoral transparente donde los ciudadanos puedan postularse a los cargos de elección popular, sin ataduras ni puestos empeñados en los diferentes Órganos del Estado, ni en instituciones, primando el derecho de elegir y ser elegido libremente y consolidar una auténtica democracia; la actual está subordinada y queda a merced de las mineras como donantes permanentes de campañas. ¡Acción!