Mitradel no admite la única propuesta del sector obrero

Lo advertimos, la revisión del salario mínimo se da en el marco de una escalada represiva contra organizaciones sindicales y gremiales. La embestida gubernamental contra el movimiento sindical se deja sentir con el tema del 5 % para educación sindical, donde la ministra de trabajo pasando por alto las normas favoreció al sindicalismo amarillo, seudodirigentes e inclusos “organizaciones” que no cuentan con afiliados ni oficinas; ello le permite llevar a cabo un proceso de toma de sindicatos y consejos de trabajadores, caso Conato. Asegurado ello, Mitradel convocó tardíamente la integración de la comisión de salario mínimo, buscando provocar un precario proceso de discusión de un tema vital para el pueblo humilde y trabajador. Igualmente impusieron una metodología que desconoce la consulta al nivel nacional como venía desarrollándose, niegan la cortesía de sala a organizaciones sindicales e impiden que Conusi presente su propuesta para la definición del salario mínimo 2025-2027.

En la agenda del miércoles 9 de noviembre entre sus puntos estaba la presentación de propuestas, sin embargo, el sindicalismo amarillo carecía de propuesta dilatando la reunión bajo la complicidad de Mitradel para no abordar el tema. Es decir, nunca se trató de dos propuestas, su propio vocero lo admite en declaraciones a los medios de comunicación. Coincidieron con la patronal que no podía darse ajustes abruptos. ¿Qué es lo abrupto? ¿Es abrupto para el obrero que su salario le permita comprar alimentos saludables y agua, pagar vivienda, salud, educación, vestido, recreación, entre otros? Entregan los intereses de la clase obrera, al negar el precepto constitucional que establece “el salario mínimo debe garantizar cubrir las necesidades normales del trabajador y su familia y mejorar su nivel de vida”.

La propuesta de Conusi demuestra que Panamá es el país de América Latina y El Caribe con mayor número de salarios mínimos, actualmente 63. Que el 56.8 % de los trabajadores asalariados devengaban salario mínimo. Que el nivel de los salarios ha enfrentado un franco deterioro reduciendo el poder de compra de los salarios reales. Que el costo de la canasta básica de alimentos saludables es de $450.00 mensuales para una familia de 4 miembros y el costo de los otros gastos necesarios es de $1,506.52, dando un total de $1,956.52 mensuales para cubrir las necesidades fundamentales de vida del trabajador y su familia, que al compararlo con el salario mínimo promedio ($636.80 mensual), explica en parte que el 34 % de los hogares en el 2024 dejaron de tener una alimentación saludable. La política salarial del sector privado esta edificada sobre salarios mínimos, para ellos nunca existe condiciones para aumentar salarios. A pesar de que el PIB aumente y la productividad del trabajador también, como en efecto es, niegan aumentos salariales. La competitividad empresarial se basa en salarios de hambre. A pesar del crecimiento económico, la mayor riqueza producida en el país no ha significado una mayor proporción del PIB a los asalariados, por el contrario, la tendencia es descendente. El crecimiento económico tampoco ha sustentado una mayor formalidad del mercado laboral, por el contrario, la informalidad laboral es evidente.

Si no enfrentamos esta situación la desigualdad e inequidad social seguirá aumentando. Por ejemplo, si relacionamos el salario mínimo promedio con el sueldo de altos funcionarios el sueldo del director de la ACP equivale a 42 veces el salario mínimo promedio, 22 si se compara con el sueldo de los magistrados de la CSJ y 11 veces si se compara con el de los ministros y diputados. O con un director ejecutivo (CEO) del sector privado que puede estar ganando $35,000 mensuales que equivale a 55 salarios mínimos promedios.

Dicen los empresarios que ellos son los que crean empleo, según uno de sus expertos desde el 2012 no generan significativamente empleo formal. Lo que sí es cierto: los obreros somos los que generamos la riqueza de la nación.

La propuesta de Conusi es un solo salario a nivel nacional de $1,956.52 mensuales, dirigida a corregir las deficiencias estructurales, cerrar las brechas salariales, recuperar el poder de compra de los salarios, propender a la vida digna del trabajador y su familia, reducir la inequidad y desigualdad social, reactivar la economía. Junto a medidas complementarias: canasta básica ampliada (alimentos y otros gastos) como criterio para su medición; disminución y control de precios de los bienes y servicios básicos a fin de no afectar el poder de compra de los salarios; aplicar políticas contra la especulación de precios y combate a monopolios, oligopolios y oligopsonios.