Necesitamos fortalecer nuestro contrato social

De acuerdo con el reciente Informe Social Mundial de la ONU, el mundo necesita un nuevo contrato social para enfrentar la desigualdad, la inseguridad económica y la desconfianza en las instituciones que han socavado la cohesión social, y amenaza con revertir décadas de desarrollo.

Esta situación tiene especial relevancia para nosotros pues nos encontramos en un punto crítico, en el cual, a pesar de la reducción de la pobreza extrema durante las últimas tres décadas, el progreso social y económico para muchos panameños sigue siendo una quimera.

En el contexto del informe de la ONU, le dedico los siguientes párrafos a invitarlos a reflexionar sobre nuestra situación. En particular: ¿cómo superar la desigualdad, la inseguridad económica, y fortalecer nuestras instituciones?

Para comenzar, es obligatorio reconocer que Panamá enfrenta una profunda desigualdad social. En nuestro país, el 10 % más rico de la población concentra el 66 % de la riqueza, mientras que el 50 % más pobre posee solo el 5 %. Adicionalmente, las disparidades se acentúan en áreas rurales e indígenas, donde la pobreza alcanza hasta el 76 %. Además, los trabajadores menos calificados ganan hasta un 74 % menos que aquellos con educación terciaria. Estas brechas limitan el acceso a servicios básicos y oportunidades, perpetuando la exclusión social y económica en el país.

Superar la desigualdad en Panamá es nuestro gran reto, y requiere un enfoque integral que promueva la equidad en el acceso a oportunidades. Es esencial fortalecer la educación pública, garantizar servicios de salud de calidad y ampliar el acceso a empleos formales con salarios dignos. También se deben implementar reformas fiscales progresivas que aseguren una distribución más justa de la riqueza. La inversión en infraestructura y desarrollo sostenible en las regiones más rezagadas contribuirá a reducir brechas territoriales.

Sobre el asunto de la desconfianza en las instituciones, es importante recordar los argumentos de los participantes en el tercer foro de Agenda País 2024-2029, que organizó la Cciap, en alianza estratégica con PNUD. En el evento se coincidió en que, el deterioro institucional compromete la competitividad del país, desincentiva la inversión y limita el desarrollo. Se criticó la falta de meritocracia en la función pública, y se señaló la urgencia de reformar el sistema judicial, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas.

Por otro lado, vale subrayar que, en el 2024, las instituciones panameñas enfrentaron desafíos significativos en áreas clave como salud, educación y servicios básicos, afectando especialmente a poblaciones vulnerables. Aunque se han implementado iniciativas para fortalecer la transparencia institucional, persisten retos en la gestión pública y la confianza ciudadana.

Entonces, fortalecer las instituciones en Panamá requiere compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Es clave profesionalizar la administración pública mediante concursos de mérito, capacitación continua y estabilidad laboral. Se deben modernizar los sistemas de control interno y externo, asegurando que los recursos públicos se usen eficientemente. También es fundamental garantizar la independencia del Órgano Judicial y del Ministerio Público para que actúen sin presiones políticas. Fomentar una cultura de legalidad desde la educación y promover el acceso a la información pública fortalecerán la confianza ciudadana.

Finalmente, manteniéndome en el marco del informe de la ONU citado al principio, démosle una mirada al asunto de la inseguridad económica en Panamá, y cómo superarla.

Comencemos reconociendo que, detrás de los indicadores macroeconómicos que a menudo se celebran en los informes financieros, se oculta una realidad menos halagadora: la creciente inseguridad económica que viven cientos de miles de panameños.

Esta inseguridad económica se manifiesta en múltiples niveles: salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida, empleos informales sin derechos ni seguridad social, jóvenes que no consiguen trabajo estable tras años de estudio, familias sobreendeudadas que viven al límite, y comunidades enteras que subsisten en condiciones de pobreza multidimensional, especialmente en zonas rurales e indígenas. A esto se suma el aumento sostenido en el precio de los alimentos, el transporte y la vivienda, que ha reducido el poder adquisitivo de la mayoría de los hogares.

Frente a esta realidad, necesitamos una transformación estructural que ponga a la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas y contemple, por lo menos, cuatro procesos: en primer lugar, formalizar el empleo y mejorar las condiciones laborales. En segundo lugar, es urgente fortalecer el sistema de protección social. La salud, la educación, las pensiones y la vivienda deben dejar de ser privilegios y convertirse en derechos garantizados. También es fundamental apostar por la economía local y la innovación social, fortaleciendo las cadenas productivas nacionales, promoviendo la agricultura familiar, e impulsando modelos de desarrollo solidarios y sostenibles. Por último, pero no menos importante, se requiere una nueva cultura política, donde los intereses de la mayoría sean representados con honestidad, visión de futuro y voluntad de transformación.

Como subraya la ONU, la oportunidad de cambio está al alcance, pero requiere voluntad política, colaboración y una visión compartida de un futuro más equitativo para todos.