Negocios con el Estado: ruina y éxito

En los años 30, Franklin D. Roosevelt enfrentó ferozmente a gigantes como Boeing, Ford y General Motors. Los persiguió y acusó de codicia, los reguló y limitó su poder. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial obligó a EE.UU. a convertirse en el arsenal del planeta, tuvo que convocar a los mismos industriales que había combatido.

Las tensiones se mantuvieron, pero el resultado fue histórico:

300,000 aviones producidos en menos de seis años.

Ford transformó Willow Run en la planta más productiva del mundo.

Boeing entregó el B-29 Superfortress, decisivo en el Pacífico.

DuPont produjo químicos y explosivos a escala sin precedentes.

Este episodio demuestra que existen momentos en los que la historia empuja a las naciones contra la pared. Instantes en los que las líneas entre Estado y empresa privada se desdibujan, porque lo que está en juego es la supervivencia colectiva. En esos episodios, la humanidad aprende que los pactos entre lo público y lo privado marcan la diferencia entre el colapso y la resiliencia.

Ocho décadas después, la pandemia del COVID-19 repitió la historia. Gobiernos, universidades y farmacéuticas colaboraron para crear vacunas en menos de un año. Fue un pacto improbable que salvó millones de vidas. Sin cooperación, el costo humano habría sido incalculable.

Durante la pandemia, FINTEK, liderada por Budy Attie, asumió la operación de la plataforma para entregar los Vales Digitales, inicialmente en manos de nuestro “socio” Cable & Wireless, que recibió millones del Estado por lo que FINTEK hizo sin costo. A cambio, recibía comisiones simbólicas de los comercios y, además, ofreció factoring junto con otras entidades financieras, todo con la anuencia de las autoridades de control.

Tras la crisis, con el nuevo gobierno, llegaron los cuestionamientos y las imputaciones. Pero el hecho central sigue siendo el mismo: sin esa plataforma, el sistema habría colapsado.

La realidad actual es aún más dura. En medio del espectáculo de las “detenciones y audiencias”, Panamá enfrenta su peor momento económico en décadas. Hemos perdido el grado de inversión, la confianza empresarial se erosiona y el exceso de control previo convierte los contratos públicos en torturas burocráticas que retrasan obras y quiebran empresas.

Perseguimos indiscriminadamente al sector privado con miles de trámites y refrendos infinitos. Lo que ayer fue válido para un gobierno, hoy se convierte en motivo de imputación para otro. El efecto es claro: la inversión se retrae, la innovación se frena y el país se estanca.

La corrupción debe combatirse, pero criminalizar al empresario es condenar al país al estancamiento.

Sin DuPont, Ford y Boeing, EE.UU. no habría ganado la guerra.

Sin Pfizer o Moderna, millones más habrían muerto.

Sin FINTEK, Panamá habría colapsado en plena pandemia.

El desafío es reformar nuestras leyes para tener instituciones fuertes que impidan abusos, promuevan contratos transparentes y apliquen controles funcionales que permitan lograr los objetivos en vez de obstaculizarlos. La historia ha demostrado que los empresarios son aliados estratégicos, no enemigos.

El mensaje es simple: persiguiendo a empresarios, no habrá reactivación. Y sin reactivación, no habrá futuro. El camino no es la persecución, sino la cooperación. Cuando Estado y empresa trabajan juntos, la nación avanza.