‘No estamos preparados para el ‘súper El Niño’

El fenómeno El Niño 2015–2016 dejó en Panamá una de las sequías más severas de las últimas décadas y expuso la fragilidad del país frente a eventos climáticos extremos. La reducción de lluvias entre 25% y 40% a nivel nacional —y más del 50% en el Arco Seco— provocó pérdidas oficiales por $102 millones en agricultura, según el MIDA, y cerca de $40 millones en el Canal de Panamá por restricciones de calado y suspensión de generación hidroeléctrica.

Sin embargo, el impacto real fue mucho mayor: cuando se incluyen las pérdidas logísticas privadas, los costos energéticos adicionales, las importaciones extraordinarias de alimentos y la pérdida de competitividad del sistema marítimo, el costo total estimado asciende a $300–360 millones. Esa cifra, aunque no aparece en ningún informe oficial, refleja mejor el alcance económico de la crisis que enfrentó Panamá hace una década.

Panamá enfrenta esta crisis con una paradoja difícil de ignorar: somos uno de los países más lluviosos del mundo, con promedios anuales entre 2,900 y 3,500 milímetros de precipitación, pero aun así el agua no alcanza. Más del 80% de esa lluvia se pierde por escorrentía y llega al mar sin ser utilizada. En otras palabras, tenemos abundancia hídrica teórica, pero escasez hídrica práctica. Esta contradicción revela que el problema no es la falta de lluvia, sino la falta de infraestructura y gestión para retenerla, regularla y distribuirla.

Hoy el país se enfrenta a un fenómeno más severo: el “súper El Niño” 2026–2027, que ya muestra un déficit de lluvias del 55% a nivel nacional y hasta 70% en zonas críticas, acompañado de temperaturas entre 1 y 3 grados más altas que las registradas en 2015. Y, por lo que hemos visto en noticieros, redes sociales y reportes sectoriales, no estamos preparados. Aunque Panamá cuenta con mejor monitoreo climático y la ACP ha implementado medidas técnicas para optimizar el uso del agua, la preparación estructural sigue siendo insuficiente. No existe un Plan Nacional de Sequía, no se han construido reservorios rurales a escala, la matriz energética continúa dependiendo de la hidroelectricidad y, en plena crisis hídrica, MiAmbiente endureció el régimen de Estudios de Impacto Ambiental, dificultando la construcción de infraestructura productiva esencial como reservorios y pozos.

Esta vulnerabilidad se agrava porque Panamá no ha logrado convertir su enorme disponibilidad natural de agua en seguridad hídrica. La lluvia cae en cantidades extraordinarias, pero no se queda: no la almacenamos, no la infiltramos, no la regulamos. Mientras países con menos de la mitad de nuestra precipitación han desarrollado sistemas de reservorios, cosecha de agua y manejo de cuencas, Panamá sigue dependiendo casi exclusivamente de la lluvia estacional. En un país donde cae tanta agua, la sequía no debería ser una amenaza recurrente; sin embargo, lo es.

Los modelos de impacto climático utilizados por FAO, CEPAL, ACP y MIDA proyectan que el costo total del “súper El Niño” podría ubicarse entre $300 y $500 millones, más del doble del impacto oficial del evento anterior. La agricultura sería nuevamente el sector más afectado, con pérdidas potenciales entre $180 y $250 millones, mientras que el Canal podría enfrentar restricciones de calado más prolongadas, con un impacto estimado entre $60 y $90 millones. A esto se sumarían costos energéticos adicionales, afectaciones logísticas y presiones sobre el sistema de agua potable.

Frente a este escenario, Panamá necesita actuar con urgencia. Un país que recibe tanta lluvia no puede seguir dependiendo de la improvisación. Se requieren medidas concretas: un Plan Nacional de Sequía que coordine a todas las instituciones; un programa nacional de reservorios rurales y cosecha de agua para reducir pérdidas agrícolas; un régimen especial de evaluación ambiental que permita construir infraestructura hídrica sin demoras burocráticas; y una diversificación energética que reduzca la dependencia de la hidroelectricidad durante los meses críticos. Son acciones básicas, posibles y necesarias.

Panamá llega a este nuevo evento con más información, pero no con más infraestructura. La experiencia del 2015–2016 demostró que la improvisación es costosa y que las pérdidas indirectas pueden duplicar las oficiales. Si esto es así, ¿cómo es posible que el país no cuente aún con una estrategia nacional alineada para enfrentar un fenómeno que ya está en curso y cuyos efectos serán más severos que los de hace una década?