¿No más carros nuevos? ¡Amanecerá y veremos!

Obligatorio es estar de acuerdo con cada medida que, en cumplimiento de la función fiscalizadora que le asigna la Constitución, decida ejecutar la Contraloría General de la República para asegurar que los fondos públicos se gasten con prudencia y cumpliendo estrictamente los mandatos legales.

El introito lo motiva la reciente “orden de la Contraloría” de que se suspenda la compra de carros nuevos para uso oficial, pues hasta ahora ha sido práctica reiterada y abusiva que, en cada nueva administración, apenas han estrenado sus cargos, se compren o alquilen automóviles nuevos para los funcionarios de mayor jerarquía, escogidos por ellos de acuerdo a sus particulares gustos y por costos exagerados.

También es práctica reiterada que en un auténtico derroche “se descarten” vehículos, por su supuesto mal estado y que muchos de ellos terminen posteriormente “adjudicados” a “personas específicas”, mediante procedimientos para nada transparentes. Según cifras recientemente publicadas hay 5,000 vehículos “descartados” y eventualmente destinados a ser desguazados, por habérselos declarado como inservibles.

Ojalá que la medida anunciada por el Contralor, ahora mancornada con el MEF, no se quede en palabrería intrascendente. Si de verdad hay interés por detener la sangría de fondos públicos en que se ha convertido la compra de vehículos “para uso oficial”, no solo es necesario suspender la compra de vehículos nuevos, además, se deben dictar reglas claras para hacer eficaz ese renglón del gasto público.

Hará unos años, en los medios de comunicación internacionales se reportó que el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, había ordenado reducir a la mitad los carros oficiales adjudicados a los funcionarios. Ese privilegio, que en síntesis lo es, quedó reservado a funcionarios hasta niveles predeterminados. Entre nosotros, si se escudriñara a fondo, como mínimo, en la mitad de los casos no se justifica. Además, como está comprobado, se ha llegado hasta el exabrupto de que a funcionarios que tienen asignados vehículos oficiales con conductores, encima se les concedan cuotas de gasolina, gratis, para sus vehículos personales.

Si en realidad se quiere poner orden en el desorden, con su desorbitado costo, que es la compra y adjudicación de los vehículos oficiales, bastaría que desde la presidencia emanara un decreto ejecutivo que imponga reglas como las siguientes:

1) Precisar qué niveles de funcionarios tendrán derecho a usar vehículos oficiales.

2) Estandarizar los vehículos oficiales, fijando niveles topes a los precios en que pueden ser comprados.

3) Comprarlos por lotes, mediante licitaciones transparentes e incluir en los contratos de las compras, el servicio de mantenimiento.

4) Contratar, igualmente mediante licitación o concursos de precios las correspondientes pólizas de seguro.

5) Fijar y hacer cumplir los horarios para la circulación de los vehículos oficiales.

6) Estipular consumos promedios de gasolina, de acuerdo a las actividades a las que se dedican los carros oficiales

7) Establecer reglas específicas para “los descartes de carros oficiales” y cuando estos estén debidamente justificados, venderlos mediante subastas públicas.

8) Sancionar con la destitución a quienes violen las reglas anteriores.

Para supuestamente “corregir las cosas”, la decisión originalmente anunciada por el contraloría y el ministro del MEF, en un memorando conjunto han ordenado la limitación en la compra de vehículos nuevos; pero no está claro por cuanto tiempo se extenderá la medida. Pero, demás, por otra parte, han recomendado que, cuando sea necesario, se opte por el alquiler de los automóviles “que se estimen necesarios”.

Según la cifra oficialmente publicada, sin que se precise el período, se han comprado 32,000 vehículos que, a un costo estimado de 40,000 por unidad, por lo bajo, sumarían 1,280,000,000 millones, de los que se han “descartado” 5,000. Para hacer las cosas bien, se debe comenzar por aclarar: 1) ¿En qué períodos se compró esa abultada cifra, 2) Aparte de los comprados, ¿cuántos vehículos, a qué empresas y por qué precios se alquilaron durante el mismo período?, 3) ¿Dónde están y qué se hizo o se ha decidido hacer con los 5,000 vehículos descartados que, a un costo promedio de 5,000, sumarían 25,000,000?

Finalmente, haber recurrido a la banal fórmula de un “memorando” suscrito por el Contralor y el titular del MEF, no está acorde con la magnitud de la situación que se supone se quiere corregir. En primer lugar, porque ese instrumento no existe como norma jurídica y, segundo, porque se sigue patrocinando el alquiler de vehículos, procedimiento que, con justificada razón, en el pasado ha sido denunciado, aparte de poco transparente y patrocinador de favoritismos específicos, de exageradamente costoso.