No se arrepiente ni pide perdón

Un Gobierno al que no le interesan las reclamaciones de la población, que no promueve soluciones a las demandas sociales.

Diversos sectores sociales manifiestan su rechazo a las políticas públicas que impone Mulino, como es la Ley 462 que permite la privatización de los fondos de los asegurados y su manejo especulativo por los bancos y sus administradoras de fondos de pensiones y que disfraza el aumento de la edad de jubilación y reduce a la miseria las pensiones; que vende la patria a través de un memorando de entendimiento que permite a los barcos de guerra paso expedito y gratuito por el canal, disfrazado como costo neutro, que cubre también a los barcos comerciales de Estados Unidos; su intención de reactivar la mina de manera ilegal y violando la Constitución, desconociendo el fallo de inconstitucionalidad de 27 de noviembre de 2023; su insistencia de llevar adelante los planes para los embalses de Río Indio que implican desplazar comunidades e inundar tierras donde habitan panameños; el “no hay chenchén” y la represión como respuesta a los problemas vitales de la población; violación de los derechos laborales y a los convenios internacionales sobre libertad sindical de la OIT suscritos por el Estado panameño que forman parte del bloque de la constitucionalidad, además de la injerencia de la policía en conflictos laborales y el papel del Ministerio de Trabajo de convertirse en juez y parte.

Sin interés de resolver estos problemas, Mulino acude a la represión, la judicialización y encarcelamiento de quienes hacen uso de su legítimo derecho a la protesta.

La ofensiva contra el movimiento social y popular busca imponer un pensamiento único y destruir los principales baluartes de las luchas del pueblo como es el Suntracs, los gremios de educadores, organizaciones comunitarias, originarios, trabajadores, universitarios, entre otros. Pisotea los derechos humanos, la Constitución y leyes de la República, la libertad sindical y las garantías y derechos fundamentales.

Su arrogancia y prepotencia, incapaz de conducir correctamente la administración del Estado, lo lleva al cotidiano insulto e irrespeto contra dirigentes, sindicatos, gremios, estudiantes, universidades y pueblo en general. A la Universidad de Panamá la calificó de guarida de maleantes. La respuesta de los universitarios, una contundente marcha que expresa su rechazo al accionar abusivo e irrespetuoso, algo que el Gobierno no puede tolerar, al día siguiente de la gran marcha universitaria, unidades linces de la Policía Nacional ingresaron al campus Octavio Méndez Pereira violando la autonomía de la Universidad de Panamá.

Mulino y sus ministros actúan por encima de la ley, desconocen el Estado de derecho. Este es su accionar, que se corresponden con la forma como llegó a participar el 5 de mayo de 2024 en las elecciones.

Tal como establece Frenadeso en un fallo de última hora, “Hace un año se dio una de las peores desgracias en la historia panameña, José Raúl Mulino obtenía la victoria electoral por un 34 % de los votos. Todo Panamá sabía que no eran sus votos, que pertenecían a otros”. Mulino logró la Presidencia gracias a que esos mismos que mueven los hilos del poder y que se oponían a su candidatura inicialmente. Con el apoyo de sus medios de comunicación y el control que ejercen de las instituciones, volvieron a convertir el escenario electoral en otro show más de vendedores de humo, ilusionistas, dominado por el clientelismo.

La lucha del pueblo avanza y crece. La huelga indefinida se fortalece, pese a la militarización del país, al estado policiaco, a la represión, a la vulneración de los derechos y garantías fundamentales, a la asfixia económica de sindicatos y gremios. La unidad del pueblo se forja en las calles contra un presidente sin ningún arraigo popular y que para sostenerse en el poder utiliza a la Policía Nacional, los medios de comunicación social y cogobierna con los gremios empresariales. Pero el pueblo valiente no retrocede.