Otra vez nuestros niños

Hace pocos días se hizo pública una denuncia por abusos cometidos en el Centro de Atención Integral de Tocumen, el cual es un albergue que se encuentra bajo la administración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), donde se hace referencia a la supuesta comisión de delitos de abusos sexuales en perjuicio de niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Estado panameño.

Y es que esta denuncia reviste de un matiz algo distinto a cualquier otra en este tipo de delitos, puesto que la misma se interpone por parte de una parlamentaria, previa puesta en conocimiento de tales situaciones por parte de un propio funcionario del Senniaf, quien al enterarse de lo que sucedía en dicho Centro de Atención Integral, de una manera oportuna lo hizo saber a sus superiores, acto que incluso le costó su puesto de trabajo, so pretexto de falta de confianza en el mismo.

Pero, ¿este tipo de hechos es la primera vez que ocurre en Panamá? La respuesta es “no”. Y es que, de manera reciente (año 2021), sucedió exactamente lo mismo, con lo cual se ratifica que “otra vez nuestros niños” son víctimas de delitos sexuales en albergues que se encuentran bajo fiscalización del Senniaf y el Estado panameño vuelve a fallar.

En aquella ocasión, motivados por mis estudiantes del curso de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, es que interpusimos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue identificada con el No. MC-194-21, misma que fue atendida y, en traslado a petición de la CIDH, las autoridades del Estado de Panamá en aquel momento comunicaron a dicha entidad interamericana que los menores de edad que habían sido identificados como víctimas de diversas violaciones en dichos albergues ya habían sido trasladados a otros centros donde se encontraban seguros y siendo atendidos por personal idóneo bajo los estándares correspondientes.

Sin embargo, vemos que una vez más sucede lo mismo, donde nuevamente menores de edad que se encuentran en albergues supervisados por el Estado están siendo víctimas de violaciones y siendo atendidos por personal no idóneo, lo que quiere decir que el Estado de Panamá no está haciendo su trabajo de manera adecuada y no está cumpliendo con las obligaciones internacionales contraídas y que constan en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde de una manera clara dice en su Artículo 2.1: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, (...); mientras que, en su Artículo 3.3, dice: “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

Es sumamente preocupante que este tipo de actos se repitan una y otra vez en nuestro país, más aun cuando es sabido la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran esos menores de edad, pues, muchos de ellos están justamente en esos albergues porque han sido víctimas de violaciones y malos tratos por parte de su círculo familiar o de convivencia cercano; y cuando se presume que en estos albergues recibirán una atención y protección adecuada, lo que ocurre es justamente lo mismo que se daba en el sitio donde se encontraban previo a su ingreso al albergue, es decir, que se reiteran los hechos que perjudican la dignidad en cuerpo y alma de ese menor de edad.

En este caso, el Ministerio Público debe cumplir con su mandato constitucional de realizar una investigación exhaustiva y llevar ante los tribunales competentes a los responsables de estos actos tan lamentables que se han cometido en perjuicio de estos menores que, de por sí, ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¡No podemos seguir permitiendo que este tipo de actos se den en Panamá!