País de las maravillas versus realidad

Como siempre los gobiernos viven en el país de las maravillas mientras el pueblo padece hambre. Según los funcionarios del gobierno de Mulino, el costo de vida ha disminuido; la delincuencia no se ha incrementado; no existe deterioro en la infraestructura vial, hospitalaria ni escolar; las citas médicas son oportunas y las farmacias de la CSS están dotadas de medicamentos; no hay corrupción.

Para el pueblo panameño la realidad es otra. El precio de los alimentos sigue aumentando, ejemplo de ello son las madrugadas y largas filas a las que someten al pueblo panameño para adquirir arroz. Ello a pesar de lo que dice Acodeco, quien llama a comprar la canasta de alimentos “visitando supermercado en supermercado, para conseguir el menor precio”, que en Panamá y San Miguelito se coloca en $300 mensuales, y en minisúper y abarroterías el costo de la canasta es de $350 mensuales. La brecha entre costo de la canasta básica familiar (alimentos y otros gastos necesarios) cuyo valor es de más de $1,800 mensuales, y salario mínimo promedio ($636) supera los $1,000 al mes. Casi un millón de panameños vive en pobreza y unos 500 mil en extrema pobreza. Esta realidad enfrenta al pueblo humilde y trabajador a condiciones paupérrimas de vida, donde hoy hasta sobrevivir le es negado. No es el nivel salarial lo que genera desempleo, como quieren hacer ver Gobierno y empresarios ante la revisión del salario mínimo, es la conducta rentista de máxima ganancia la que da como resultado la falta de nuevas fuentes de empleo.

Por otro lado, a final de octubre, el día del estudiante, fallecieron ahogadas dos niñas que regresaban de la escuela en el sector de Mironó de la comarca Ngäbe-Buglé ante la crecida del río y la falta de un puente. Estas perdidas humanas es resultado del abandono en el que se encuentran las comunidades comarcales, no solo no hay puente, sino que la escuela presenta condiciones deplorables construida con tablones de madera y pisos de tierra. Las comunidades indígenas registran las mayores tasas de pobreza en el país, la violencia institucional es marcada ante una política pública que desconoce derechos, siendo que en los últimos años más de 20 estudiantes fallecen producto de crecida de los ríos y la falta de puentes. Uno de los padres de las niñas fallecidas denuncio: “aquí en Panamá la cosa es muy distinta de la realidad, porque vivimos en dos países: uno que tiene y otro que no tiene, y al que no tiene no le damos nada”.

En el caso de inseguridad ciudadana, aumenta la violencia en las calles a pesar del presupuesto de la Policía Nacional y de los millonarios recursos para la compra de equipos, utilizado en la represión y no en la protección de los barrios y población, que por ejemplo deja 34 niños inocentes asesinados en medio de la guerra entre pandillas. Pero siguen en la lógica de mano dura, no existe una política preventiva por parte de las autoridades. Desapariciones y feminicidios alarman también, son 752 mujeres desparecidas en lo que va del 2025, 44 sin rastros, 30 niñas y 14 feminicidios, 9 tentativas de feminicidio y 15 muertes violenta. Qué decir de las más de 1,300 personas reportadas como desaparecidas en lo que va del año 2025, en el país cada 7 horas se reporta la desaparición de un menor de edad, se desconoce el paradero de al menos 57. Pero el Gobierno insiste que es un problema de percepción ciudadana.

Se suma a ello, la corrupción que ha sido creciente en todos los gobiernos neoliberales post invasión, que han asaltado las arcas del Estado, que han tomado los ingresos del pueblo panameño. Según organismos internacionales, el costo de la corrupción representa más de $1,000 millones por año (aproximadamente un 3 % del PIB) La corrupción ha carcomido el sistema económico, político, social, judicial, legislativo, igualmente es un obstáculo al desarrollo económico y social.

En materia política, sigue el estado policíaco que desató una ola represiva contra organizaciones y dirigentes sociales, el atropello a las comunidades, la guerra jurídica (lawfare) que impone el Gobierno. A ello se suma la descarada presencia militar norteamericana en nuestro territorio, la venta de la patria.

En el marco de esta nefasta realidad, existen voces crecientes que demandan promover la reflexión sobre la necesidad de que el pueblo sea protagonista directo en la toma de decisiones, a la construcción de real democracia y respeto pleno a los derechos humanos. La esperanza no se extingue, sigue en la resistencia activa de nuestras organizaciones.