Panamá ante el espejo de los ODS: desarrollo sin equidad

Panamá suele presentarse —y con frecuencia se percibe a sí misma— como un país exitoso. Sus rascacielos, su plataforma logística de clase mundial, su sistema bancario internacional y su canal interoceánico alimentan la narrativa del “hub de las Américas”. Las cifras macroeconómicas, durante años, parecieron confirmar esa historia: crecimiento sostenido, inversión extranjera, estabilidad monetaria y un lugar privilegiado en el comercio global. Sin embargo, cuando Panamá se mira en el espejo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el reflejo es mucho menos halagador.

El Informe de Desarrollo Sostenible revela lo que muchos panameños viven en su cotidianidad desde hace décadas: el desarrollo ha sido profundamente desigual. Panamá no es un país pobre, pero sí es un país partido en pedazos. Dos —o varios— Panamá conviven en un mismo territorio. En uno, la vida se parece a la de un país desarrollado. En otros, sobre todo en las comarcas indígenas y zonas rurales, las condiciones se asemejan a las de los países más rezagados del planeta.

Este contraste brutal pone en evidencia una verdad incómoda: el crecimiento económico, por sí solo, no construye bienestar. Durante años, celebramos el aumento del PIB como si fuera sinónimo de progreso social. Pero los ODS, al evaluar pobreza, hambre, educación, salud, acceso a servicios básicos, igualdad de género y reducción de desigualdades, nos dicen otra cosa. Nos dicen que estamos fallando en lo más importante: garantizar una vida digna para todos.

La pobreza multidimensional sigue siendo una herida abierta. No se trata solo de falta de ingresos, sino de carencias acumuladas: agua segura, saneamiento, vivienda digna, educación de calidad, servicios de salud, conectividad digital, oportunidades reales de empleo. En muchos territorios del país —Bocas del Toro, Darién, la comarca Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan, Guna Yala— estas carencias no son excepciones: son la norma. La desigualdad territorial en Panamá no es un accidente, es el resultado de decisiones políticas históricas que priorizaron ciertos centros de poder y abandonaron sistemáticamente a otros.

En salud, los avances son innegables en comparación con décadas pasadas. Hay más infraestructura, más profesionales, más tecnologías. Pero el sistema sigue marcado por la fragmentación, la duplicidad, la ineficiencia y la inequidad. El lugar donde nace una persona en Panamá puede determinar su esperanza de vida, su acceso a un médico, a un medicamento, a un diagnóstico oportuno. El ideal de la cobertura universal sigue siendo más un discurso que una realidad. Y sin salud garantizada, no hay desarrollo sostenible posible.

La educación, pilar del ODS 4, es otro espejo doloroso. La pandemia no creó el problema, pero lo desnudó. Millones de estudiantes perdieron clases durante meses, y el Estado demostró su incapacidad para garantizar conectividad, continuidad pedagógica y apoyo a los más vulnerables. Hoy enfrentamos una generación con brechas de aprendizaje profundas, que se traducirán en menores oportunidades, ingresos más bajos y mayor exclusión. Si la educación no se coloca en el centro del proyecto de país, los discursos sobre “competitividad” y “capital humano” seguirán siendo vacíos.

Paradójicamente, Panamá posee una de sus mayores fortalezas en el ámbito ambiental. Es uno de los pocos países del mundo con cobertura boscosa significativa, alta biodiversidad y un rol estratégico en la regulación climática regional. Sin embargo, esta riqueza está amenazada por la deforestación localizada, la contaminación, la mala planificación territorial y, sobre todo, por una preocupante crisis hídrica. La reciente sequía que afectó al Canal de Panamá fue una alarma mundial. El agua, nuestro recurso más valioso, está en riesgo. Y con ella, no solo la logística global, sino la vida cotidiana de miles de comunidades.

En gobernanza, el ODS 16 pone el dedo en la llaga: instituciones débiles, percepción de corrupción, impunidad, desconfianza ciudadana y una preocupante desconexión entre gobernantes y gobernados. No hay plan de desarrollo sostenible que resista sin instituciones sólidas, sin transparencia, sin rendición de cuentas. La sostenibilidad no es solo ambiental o social; es también ética y política.

Nuestro país no falla por falta de dinero. Lo hace por falta de rumbo compartido. Por improvisación. Por políticas públicas sin continuidad. Por una cultura política cortoplacista que confunde obras con desarrollo, asistencialismo con justicia social, y crecimiento con bienestar.

Pero este diagnóstico no debe conducir al cinismo, sino a la responsabilidad. Panamá tiene todo para hacerlo mejor: recursos naturales, posición estratégica, talento humano, capacidad financiera y una ciudadanía cada vez más consciente. Lo que falta no es capacidad, es decisión. Un nuevo pacto social que coloque en el centro a las personas, al territorio y al futuro. Un pacto que deje de medir el éxito solo en contenedores, rascacielos o megaproyectos, y empiece a medirlo en vidas dignas, ríos vivos, escuelas que educan y servicios de salud que curan.

Los ODS no son una agenda extranjera. Son, en realidad, un espejo. Y Panamá debe decidir si tiene el coraje de mirarse de frente... y aprovechar sus fortalezas para cambiar.