Panamá avanza... pero no lo suficiente hacia todos los ODS

La reciente presentación de la hoja de ruta económica de Panamá para el periodo 2025-2029 ante el Banco Interamericano de Desarrollo deja un mensaje claro: el país tiene una dirección estratégica. En una región donde la improvisación suele marcar el rumbo, contar con un plan estructurado ya representa un avance relevante y, sobre todo, una señal de previsibilidad en la política económica.

El documento se articula en torno a cinco pilares: fortalecimiento logístico, resiliencia hídrica, transición energética, gestión de riesgos e inclusión financiera. En conjunto, estos ejes configuran una visión de crecimiento que busca ser sostenible, resiliente e inclusiva, en línea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los vinculados al crecimiento económico, la infraestructura y la acción climática.

Sin embargo, como ocurre con toda estrategia pública, lo verdaderamente revelador no es solo lo que se incluye, sino también lo que se omite.

El énfasis en el fortalecimiento logístico reafirma la vocación histórica de Panamá como hub global. Apostar por la conectividad y la eficiencia portuaria es coherente con el rol del Canal y promete dinamizar la economía, atraer inversión y generar empleo. Además, consolida la posición del país dentro de las cadenas globales de comercio, en un contexto internacional cada vez más competitivo.

Pero también plantea una interrogante de fondo: ¿qué tipo de desarrollo se está priorizando? Si no se articula con políticas territoriales y sociales, este crecimiento puede concentrar beneficios y profundizar desigualdades. El desafío no es solo crecer, sino distribuir mejor ese crecimiento y evitar que amplios sectores queden rezagados.

La apuesta por la resiliencia hídrica es uno de los aciertos del plan. En un contexto de cambio climático, proteger las cuencas que alimentan el Canal y abastecen a la población es una prioridad. Este enfoque reconoce que el agua es tanto un recurso ambiental como un activo económico y estratégico para el país.

No obstante, emerge una tensión estructural: la competencia por el agua. A medida que aumentan las presiones —por comercio, urbanización o clima—, el país deberá tomar decisiones complejas sobre su uso. La sostenibilidad hídrica no es solo técnica, sino profundamente política y social.

La transición energética apunta en la dirección correcta al promover fuentes renovables. Abre oportunidades para diversificar la matriz energética y avanzar en compromisos climáticos. Sin embargo, solo será sostenible si es inclusiva. El acceso equitativo, la estabilidad del sistema y la adaptación tecnológica serán determinantes para que sus beneficios se distribuyan ampliamente.

La gestión de riesgos fortalece la resiliencia macroeconómica ante desastres. Pero la prevención no puede limitarse a lo financiero. Sin planificación territorial, inversión en infraestructura resiliente y fortalecimiento institucional, los costos sociales seguirán siendo altos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

La inclusión financiera, por su parte, busca reducir brechas mediante el apoyo a las Mipymes y el acceso a servicios. No obstante, por sí sola no garantiza inclusión social. Sin educación financiera, empleo de calidad y protección social, puede incluso generar nuevas vulnerabilidades y sobreendeudamiento.

Hasta aquí, la estrategia es sólida y alineada con varios ODS clave. Pero el análisis sería incompleto sin considerar los vacíos.

La educación, por ejemplo, brilla por su ausencia. En un país que aspira a consolidarse como centro logístico y energético, no incorporar una agenda clara de formación técnica y capital humano es una omisión significativa. Sin talento preparado, la competitividad tendrá límites claros en el mediano plazo.

Algo similar ocurre con la salud. Aunque se menciona de forma indirecta, no se aborda como un eje estructural. La pandemia evidenció la importancia de sistemas de salud resilientes, accesibles y equitativos, capaces de responder a crisis sin profundizar desigualdades existentes.

Las ciudades sostenibles constituyen otro vacío. Panamá es cada vez más urbano, pero la hoja de ruta no profundiza en movilidad, vivienda ni planificación. Sin una visión integral, el crecimiento puede traducirse en mayor congestión, expansión desordenada y deterioro de la calidad de vida.

A esto se suma la débil presencia de la institucionalidad. La gobernanza, la transparencia y la capacidad de ejecución del Estado son determinantes. Sin instituciones sólidas, incluso las mejores estrategias corren el riesgo de quedarse en el papel o de generar resultados limitados.

En conjunto, estos vacíos reflejan un patrón: los ODS vinculados a la producción reciben mayor atención, mientras los sociales, territoriales e institucionales quedan en segundo plano. Esto no invalida la estrategia, pero sí limita su alcance y su potencial transformador.

Panamá no está en la dirección equivocada. Está avanzando en áreas clave, pero de forma parcial. Y en el contexto de los ODS, avanzar parcialmente implica un riesgo: construir un modelo de crecimiento que no sea plenamente inclusivo ni sostenible en el largo plazo.

El desafío no será solo ejecutar esta hoja de ruta, sino ampliarla. Incorporar con más fuerza la educación, la salud, las ciudades y la institucionalidad. Integrar crecimiento con bienestar y sostenibilidad de manera coherente.

Porque al final, el desarrollo no se mide solo por cuánto crece una economía, sino por cómo mejora la vida de su gente.