Panamá demostró que la sociedad civil sí puede incidir

La reciente discusión legislativa sobre la llamada ley de sustancia económica dejó múltiples enseñanzas para el país. Más allá del resultado concreto del proyecto, el proceso evidenció que cuando la sociedad civil organizada participa con seriedad, argumentos técnicos y sentido de país, es posible mejorar iniciativas legales que impactan directamente la competitividad nacional, la seguridad jurídica y el futuro económico de Panamá.

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso fue el papel desempeñado por el Colegio Nacional de Abogados y su Comisión de Asuntos Internacionales, cuyos integrantes participaron activamente desde las primeras mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado. Desde entonces comenzó una labor silenciosa, técnica y permanente de análisis, observaciones y propuestas que se mantuvo hasta el último momento del segundo debate legislativo.

No se trató de una oposición irracional ni de una negativa absoluta a discutir estándares internacionales. Por el contrario, el gremio jurídico comprendió desde el inicio la necesidad de que Panamá continúe adecuando su legislación a las exigencias globales, pero sin sacrificar principios esenciales de nuestro modelo económico ni abrir puertas peligrosas para el futuro.

Uno de los mayores logros alcanzados fue rescatar y preservar el principio de territorialidad tributaria, piedra angular del sistema fiscal panameño y elemento fundamental para la competitividad de nuestra plataforma de servicios internacionales. Mantener ese principio no solo protege la seguridad jurídica, sino también miles de empleos y actividades económicas vinculadas a la banca, seguros, servicios legales, logística y estructuras internacionales que operan legítimamente desde Panamá.

Igualmente importante fue cerrar espacios que podían convertir esta legislación en el inicio de una futura ley meramente recaudadora. Existía una preocupación legítima de que determinadas redacciones ambiguas abrieran camino hacia mecanismos indirectos de tributación patrimonial o hacia futuras tentaciones de gravar activos no sujetos históricamente al sistema tributario panameño.

En ese sentido, otro avance significativo fue la protección de la privacidad patrimonial respecto de activos no tributables. Panamá no podía darse el lujo de generar incertidumbre ni de enviar señales que pusieran en riesgo la confidencialidad legítima de inversionistas y ciudadanos que actúan dentro de la ley. La privacidad patrimonial no constituye un privilegio indebido; forma parte de la seguridad jurídica y de la estabilidad necesaria para cualquier centro internacional de servicios.

También merece destacarse que finalmente se logró definir con mayor claridad qué debe entenderse, para efectos tributarios, por grupos multinacionales. Esa precisión evita interpretaciones arbitrarias, discrecionalidades peligrosas y posibles excesos regulatorios que habrían afectado tanto a empresas locales como a estructuras internacionales legítimas.

Sin embargo, quizás el aspecto más trascendental de todo este proceso fue otro: el Estado escuchó a la sociedad civil.

Durante años existió la percepción de que muchas decisiones vinculadas a temas internacionales o fiscales se adoptaban sin suficiente consulta a los sectores que realmente conocen y sostienen la plataforma de servicios del país. En esta ocasión, pese a las diferencias y tensiones propias de un debate complejo, quedó demostrado que el diálogo técnico sí puede producir mejores resultados.

La participación del Colegio Nacional de Abogados, de su Comisión de Asuntos Internacionales, de profesionales independientes, empresarios y distintos sectores vinculados a la economía internacional panameña permitió enriquecer el debate y evitar errores que habrían tenido consecuencias profundas para la competitividad del país.

Debe reconocerse igualmente que el equipo técnico y político liderado por el Colegio Nacional de Abogados permaneció hasta el último minuto del debate final presentando alternativas, ajustes y propuestas concretas al proyecto de ley. Esa presencia permanente, seria y responsable permitió construir consensos y evitar disposiciones que pudieron haber afectado gravemente la confianza internacional en Panamá.

Panamá necesita continuar modernizándose y cumpliendo estándares internacionales, pero jamás debe hacerlo renunciando irreflexivamente a las bases que han permitido construir una economía de servicios exitosa y reconocida globalmente.

La ley aprobada probablemente no es perfecta. Ninguna legislación compleja lo es. Pero sí puede afirmarse que, gracias a la participación activa de la sociedad civil y al esfuerzo técnico y patriótico de quienes defendieron los intereses nacionales, hoy Panamá cuenta con la mejor ley que los panameños pudimos construir en las circunstancias que enfrentaba el país.