Panamá, donde la justicia sigue en deuda

La justicia en Panamá tiene deudas profundas con nuestra sociedad.

No se trata de percepciones aisladas ni de casos excepcionales, hablamos de una realidad dolorosa. La corrupción, el pésimo uso de los fondos del Estado en distintas gestiones de gobierno, la preferencia partidista e incluso la protección de culpables, son apenas algunas de las expresiones de un sistema que ha fallado en cumplir su propósito esencial.

El pueblo panameño ha sido testigo, durante años, de un patrón que se repite con normalidad, un sistema de justicia que actúa con rapidez cuando se trata del ciudadano común, del pueblo, pero que avanza con una lentitud majestuosa cuando las responsabilidades apuntan hacia sectores de poder. Esa dualidad no solo acaba con la confianza institucional, sino que instala una peligrosa sensación de impunidad.

Basta observar la actuación de muchos exministros y altos exfuncionarios que, desde sus posiciones, han tomado decisiones erradas que han representado pérdidas millonarias para el país. Parece común que los intereses personales o políticos han pesado más que el bienestar colectivo y lo más grave no es solo el daño causado, sino la ausencia de consecuencias.

No hablamos de uno o dos casos, hablamos de decenas. Casos denunciados, expuestos, discutidos públicamente, pero atrapados en la inoperancia legal o en las complejas tramas de un sistema que parece diseñado para diluir responsabilidades. Mientras tanto, quienes protagonizaron estas decisiones continúan participando en la vida pública, opinando en medios nacionales, proyectando una imagen de normalidad que resulta un insulto para una ciudadanía que exige respuestas y espera soluciones a las dificultades que enfrenta a diario.

Un sistema de justicia que no sanciona de manera efectiva la corrupción, que no castiga a quienes atentan contra el patrimonio del Estado, es un sistema que falla en su misión más básica, proteger a la sociedad. Porque robarle al Estado no es un delito abstracto; es quitarle oportunidades a miles de panameños, es limitar el acceso a servicios y eliminar posibilidades de superación de los que más lo necesitan.

Es inaceptable que el pueblo panameño vea cómo quienes han violentado la confianza pública, quienes han saqueado lo que pertenece a todos, permanezcan impunes, disfrutando de los privilegios obtenidos a partir de sus acciones. Esa impunidad no solo indigna, también envía un mensaje devastador a las nuevas generaciones sobre lo que significa la justicia en nuestro país.

Panamá no puede aspirar a un futuro sólido mientras nuestro sistema de justicia continúe siendo selectivo, lento y vulnerable a intereses particulares. Reformarlo no es una opción, es una necesidad urgente. Porque la justicia no solo ordena la vida interna de una nación, también define cómo el mundo nos ve.

Hoy, lamentablemente, nuestra imagen está cubierta por el manto oscuro de la corrupción y mientras esa sombra persista, no habrá desarrollo sostenible, ni confianza plena, ni inversión, ni verdadero progreso.

La justicia no es un trámite institucional, es un acto de dignidad nacional. Es decidir, de una vez por todas, que Panamá se respeta, que Panamá se honra y que el amor a la patria se demuestra con acciones firmes, no con impunidad.

Lo tenemos todo, así lo comenta el mundo, excepto un sistema de justicia capaz de responder a las exigencias del presente. Mientras esa deuda persista, nuestro verdadero potencial seguirá siendo una promesa incumplida.