Panamá en alerta: cuando el Gobierno no ve la tormenta que ya está aquí

Panamá atraviesa una de las coyunturas económicas más delicadas de las últimas dos décadas. La caída histórica de la inversión extranjera, la contracción del sector construcción, el estancamiento del turismo, la crisis hídrica del Canal, la parálisis masiva de trámites administrativos y ahora la amenaza del Súper El Niño 2026–2027 han creado un entorno que exige acción inmediata.

Sin embargo, el Gobierno parece operar como si el país estuviera en tiempos de bonanza. La desconexión entre la realidad económica y la respuesta institucional es tan marcada que resulta inevitable preguntarse por qué no se está atendiendo una crisis que ya afecta empleo, inversión, producción y competitividad.

La caída de la inversión extranjera directa es uno de los indicadores más alarmantes. Según la Contraloría General de la República, Panamá registró una contracción del 61.5% en la entrada de capital extranjero durante el primer trimestre de 2026, pasando de 553.9 millones a 213.3 millones de balboas. No se trata de una fluctuación normal, sino de una señal de alarma para cualquier país que depende del capital internacional para sostener su economía. Lo más preocupante es que esta caída no generó ninguna reacción visible por parte del Gobierno. Que yo sepa no hubo conferencia de prensa, ni plan de emergencia, ni reunión interministerial, ni medidas para recuperar la confianza de los inversionistas. Mientras países vecinos como República Dominicana y Costa Rica lanzan paquetes de incentivos y estrategias agresivas para atraer capital, Panamá permanece en silencio, como si la situación fuera pasajera o irrelevante.

La construcción, históricamente uno de los motores del crecimiento económico, también muestra señales claras de debilitamiento. El Censo de Construcción de Edificaciones del III trimestre de 2025, publicado por la Contraloría, confirma una caída del 27.7% en metros cuadrados construidos en los principales distritos del país. En Arraiján y La Chorrera, la contracción superó el 50%, una cifra que revela la magnitud del problema. Los datos de enero de 2026 refuerzan esta tendencia: La Chorrera registró una caída del 49.4% en valor de permisos, Aguadulce del 44.6%, y Colón del 15.9%. Estas cifras no solo reflejan una desaceleración, sino una parálisis en la aprobación de permisos municipales, ambientales y de uso de suelo. Según estimaciones de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), más de 1,200 permisos de construcción permanecen pendientes de aprobación en los principales municipios del país, afectando proyectos residenciales, comerciales y turísticos que podrían generar miles de empleos.

El turismo, otro sector estratégico, enfrenta una crisis silenciosa pero profunda. En el 2025 la ocupación hotelera nacional se mantiene entre 45% y 55%, aunque la temporada alta 2026 supero el 65%, sigue siendo muy por debajo del promedio regional. La inversión turística nueva ha caído más de 30%, según reportes de la industria. La Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) ha denunciado que más de 200 trámites de exoneración bajo la Ley 80 permanecen estancados en la Dirección General de Ingresos (DGI), algunos detenidos por más de un año. En 2026, la cifra total de expedientes paralizados se estima entre 280 y 350, debido a que la mayoría no han sido asignados desde el cambio de gobierno, debido a los recortes de personal. Mientras tanto, cobros coactivos continúa enviando avisos de cobro, ignorando que las empresas están amparadas por la Ley 80. Este tipo de situaciones revela una grave falta de comunicación interna dentro de la misma institución.

Incluso la reforestación comercial, que genera empleo rural, exportaciones no tradicionales y beneficios ambientales, enfrenta esta descoordinación institucional. Empresas inscritas en el Registro Forestal de MiAmbiente y amparadas por la Ley 69 han recibido avisos de cobro indebidos y cuantas secuestradas por parte de la DGI. Según reportes de empresas afectadas, al menos 20 proyectos de reforestación han sido notificados por Cobros Coactivos, pese a estar legalmente protegidos. Este hecho demuestra que la falta de comunicación entre instituciones no solo afecta a sectores de alto impacto económico, sino también a actividades de largo plazo que requieren estabilidad jurídica para sobrevivir.

A esta crisis multisectorial se suma ahora una amenaza climática de gran magnitud: el Súper El Niño 2026–2027, catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como uno de los más intensos en tres décadas. El fenómeno traerá sequías prolongadas, altas temperaturas, reducción de lluvias y disminución de caudales en ríos y quebradas. El impacto sobre el sector agropecuario será severo. En el fenómeno de 2015, Panamá perdió más de 25,000 cabezas de ganado, la producción de arroz cayó 18%, y la de maíz 22%. Hoy, los productores ya reportan estrés hídrico temprano en pastos, plátano, banano y hortalizas, mientras los acueductos rurales comienzan a mostrar disminuciones en caudal. Sin embargo, ni el MIDA han activado un plan nacional de contingencia y en estos momentos MiAmbiente aumenta los requisitos de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) mediante el Decreto Ejecutivo No. 4 de 28 de mayo de 2026, publicado en la Gaceta Oficial No. 30534B en vez de reducir los requisitos para hacer los reservorios que serán de necesidad critica para algunos sectores agropecuarios.

A mi entender no existe un programa de reservorios, ni un plan de forraje, ni una estrategia de riego, ni protocolos de prevención de incendios forestales para plantaciones y fincas. El país está entrando en un evento climático extremo sin preparación institucional, dejando a miles de productores expuestos a pérdidas que podrían afectar la seguridad alimentaria nacional.

La crisis hídrica del Canal de Panamá, agravada por El Niño, es otro ejemplo de la falta de planificación. El Canal ha enfrentado restricciones históricas por la escasez de agua, afectando el tránsito de buques, los ingresos y la competitividad logística del país. A pesar de la gravedad del problema, no existe un plan hídrico nacional ejecutado, ni se han acelerado los proyectos de reservorios, ni se ha articulado una estrategia conjunta entre el Canal, el MIDA y MiAmbiente. La crisis del agua es estructural, no temporal, pero el Gobierno actúa como si fuera un fenómeno pasajero que se resolverá solo.

Todos estos casos revelan un problema mayor: la falta de visión país, la descoordinación entre ministerios, la limitada capacidad técnica y la ausencia de urgencia. Panamá no puede seguir operando bajo la idea de que “siempre nos recuperamos solos”. El mundo cambió, la región cambió y la economía cambió. El Gobierno debe cambiar también. La crisis ya está aquí. Lo que falta es que el liderazgo nacional la reconozca y actúe.