Panamá en un punto de inflexión: seguridad alimentaria, bioeconomía y el rol estratégico de la reforestación comercial

Panamá se encuentra en un momento decisivo. La creciente dependencia de las importaciones de alimentos, la disminución de la competitividad agrícola y la degradación acelerada de los suelos coinciden con un sector forestal estratégico que permanece limitado por la burocracia, la desalineación institucional y la falta de visión pública. La reforestación comercial —identificada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) como el principal producto de exportación no alimentario del país— podría ser un pilar de estabilidad económica y seguridad alimentaria; sin embargo, hoy opera muy por debajo de su potencial.

​La FAO confirma que Panamá importa más del 70% de los alimentos que consume. El Censo Agropecuario de 2021 revela una base de productores envejecida, con un promedio de edad de entre 57 y 60 años y sin relevo generacional. Entre el 40% y el 50% de los suelos agrícolas presentan una degradación moderada o severa (IDIAP, MiAmbiente), mientras que más del 85% de los fertilizantes son importados. En un contexto de vulnerabilidad climática documentado por el IPCC, esta combinación sitúa al país en una trayectoria de riesgo hacia el periodo 2035–2045.

La falta de alineación institucional agrava este escenario. Los ministerios de Ambiente, Comercio, Educación, Desarrollo Agropecuario, y Economía y Finanzas deberían operar bajo una estrategia compartida, pero hoy actúan de manera fragmentada. La ausencia de ministros en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de Anarap —a pesar de la presencia de equipos técnicos— refleja esta desconexión. No se trata de un asunto de protocolo; es un indicador de que el país no ha definido claramente qué sectores son estratégicos para su estabilidad futura.

​Esta falta de coordinación tiene consecuencias concretas: sin coordinación entre Ambiente y MIDA, la regeneración de suelos basada en el biochar (biocarbón) y la agroforestería no avanza.

Sin alineación entre Comercio y Ambiente: la bioeconomía y los mercados de carbono forestal no se desarrollan.

Sin integración con educación: no se forma el talento técnico necesario para sostener la agricultura y la industria forestal.

​Sin el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): no existe un marco fiscal para pasar de subsidios reactivos a incentivos productivos, ni una estrategia financiera para apoyar la transición hacia suelos regenerados y una mayor productividad.

La desalineación institucional no es un problema administrativo; es un riesgo estructural.

​A pesar de contar con más de dos millones de hectáreas de tierras degradadas o subutilizadas (Inventario Nacional Forestal), Panamá ha reforestado comercialmente solo unas 80,000 hectáreas en 33 años: menos del 5% de su potencial. Esto limita la disponibilidad de biomasa, que es la base para producir biochar, una enmienda de suelo reconocida por la FAO y el IPCC por su capacidad para mejorar la estructura del suelo, aumentar la retención de agua y nutrientes, y reducir la necesidad de fertilizantes químicos entre un 20% y un 50%.

​La agricultura panameña depende de suelos agotados por décadas de uso intensivo de fertilizantes sintéticos. Las sales de estos insumos alteran el pH, reducen la materia orgánica y compactan el suelo. El biochar, producido a partir de residuos forestales, revierte estos efectos: mejora la porosidad, incrementa la actividad microbiana, neutraliza la acidez y reduce la lixiviación de nutrientes. Esto permite una mayor producción con menos insumos, reduciendo costos y aumentando la resiliencia climática.

​Panamá necesita una transición ordenada hacia un modelo agrícola más competitivo, menos dependiente de insumos importados y menos vulnerable a choques externos. Esta transición no puede basarse únicamente en eliminar subsidios o ajustar precios; debe construirse sobre un cambio estructural en la forma en que el país produce alimentos.

​La ruta técnica y económica se define así: reforestación, biomasa biochar, suelos regenerados, mayor productividad, menores costos, sustitución de importaciones y reducción de subsidios.

​A medida que aumenta la disponibilidad de biomasa forestal, el biochar puede producirse a escala. Los suelos recuperan su estructura física y química, reducen la dependencia de fertilizantes importados y aumentan los rendimientos. Esto baja los costos de producción, mejora la rentabilidad del productor y permite sustituir las importaciones de alimentos por producción nacional.

​En este punto, el rol del MEF es decisivo: determinar si el país continuará financiando subsidios crecientes para compensar suelos degradados.​O si redirigirá recursos hacia incentivos que regeneren los suelos, aumenten la productividad y reduzcan los costos estructurales.

​Panamá necesita liderazgo, alineación y visión. Una interpretación proactiva de la Ley 69, una política nacional de bioeconomía basada en biomasa forestal, un programa de regeneración de suelos y una estrategia de formación técnica rural son pasos esenciales. El MEF debe ser central en esta agenda, ya que sin un marco fiscal alineado, ninguna transición productiva será posible.

La reforestación comercial no es un lujo ni un tema ambientalista; es una política agrícola, económica y de seguridad nacional. El momento de actuar es ahora.