Panamá: escuela del mundo al revés

En varias oportunidades he utilizado la frase de Galeano “Patas arriba: La escuela del mundo al revés”, donde expone cómo vivimos normalizando un sistema donde todo está invertido: la impunidad del poder, la injusticia social y la explotación, la sociedad del consumo, el racismo y el machismo. Esto es lo que sucede en Panamá.

Para Mulino el tema de la violencia e inseguridad ciudadana, es algo entre pandillas que no compete al Gobierno su atención. Mientras tanto, en el país real, la ola de homicidios aumenta, al mes de abril de este año se registraron 193 casos, 9 feminicidio y 13 tentativas de feminicidio, según el Ministerio Público. A pesar de estos datos, funcionarios del gobierno plantean que es un problema de percepción o caos aislados.

Para Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, tenemos que hablar en positivo en torno al tema laboral. La realidad concreta, una tasa de desempleo de dos dígitos, informalidad laboral de uno de cada dos personas, en concreto un millón de panameños padecen el grave problema de falta de empleo digno y salario justo, que no tienen seguridad social. No hay nuevas plazas de trabajo. Panamá está en la lista corta de la OIT de los países mayores violadores de los derechos laborales y sindicales.

En educación, Lucy Molinar, plantea reformas a la ley de educación “esta no será un parche y prioriza al estudiante”. Al que dice ser el objeto de la educación, no se le consulta, se eliminan sus estructuras de organización estudiantil, padecen la inequidad social que vive la mayoría de la población panameña, desnutrición, escuelas ranchos sin luz, agua ni internet, educadores y estudiantes que arriesgan su vida en áreas de difícil acceso. Se intenta actuar en un escenario de persecución a docentes y dirigentes magisteriales, 298 docentes suspendidos. Guarda silencio sobre el actuar ilegal de su asesor legal. Desconocimiento total sobre como se gestiona políticas públicas.

Mulino el problema del agua es que se quiere politizar. En realidad, el acceso a agua potable es un problema creciente que afecta a miles de panameños sin encontrar respuestas concretas del Gobierno quien intenta su privatización, ver memorándum con Israel. La contaminación del agua en la región de Azuero a casi dos años de su gestión no ha sido resuelta. b

En materia de seguridad social dice el director de la CSS, Dino Mon, que ha resuelto los problemas, que las denuncias de los asegurados son políticas. En la práctica concreta la situación no cambia, se incrementan los problemas: falta de medicamentos, deterioro de las instalaciones de salud, falta de insumos e instrumental quirúrgico, carencia de personal, rezago abismal en la atención. En materia de pensiones se demuestra lo que dijimos en el 2005 cuando se impuso la Ley 51, que avaló Mon, las pensiones serían más bajas como en efecto lo son, pero impuso la Ley 462 de cuentas individuales colocando en la especulación los ingresos de la Caja.

Cacarea que viene el “chen chen”. La realidad, un pueblo que no logra garantizar cubrir sus necesidades vitales ante el incremento alarmante del costo de vida. Aumento del precio del combustible con ello la espiral alcista de los precios de los bienes y servicios que contrae el poder de compra de los salarios

Dice Mulio que se siente cómodo con su gabinete. Las encuestas evidencian que ningún ministro pasa las encuestas de aceptación de la población. La ineficiencia por parte de las autoridades es manifiestas en ministerios e instituciones públicas. Suenan diversos casos de corrupción y la impunidad predomina.

Mulino dice que su Gobierno es de empresa privada de nadie más. ¿Cuántos empresarios hay en el país? Por algo 8 de cada 10 panameños rechaza su gestión, hartos del autoritarismo, de la persecución al movimiento social, a la falta de respuesta a los problemas sociales y de la venta de la patria.

Un país al revés, sin democracia y sin derechos. El poder no emana del pueblo, no se le considera para la toma de decisiones. El gobierno no respeta los derechos humanos, el derecho a la organización de la población está siendo cercenados, sobre todo el de las organizaciones que han levantado su voz contra políticas antipopulares, lesivas al ambiente, contra la corrupción e impunidad y contra la entrega de la patria.