Panamá forma médicos... pero el sistema los pierde en el camino

Panamá no enfrenta un problema simple de falta de médicos. Esa es la narrativa cómoda. La realidad —más compleja y más incómoda— es que el país no ha logrado construir un sistema capaz de formar, especializar y distribuir adecuadamente su talento humano en salud.

El resultado está a la vista. Mientras la provincia de Panamá concentra la mayor parte de los especialistas, amplias regiones del interior y las comarcas enfrentan barreras persistentes para acceder a atención especializada. No se trata de percepciones: es una desigualdad estructural que se expresa en tiempos de espera, traslados innecesarios y oportunidades perdidas de diagnóstico y tratamiento.

Durante años, el país ha diagnosticado este problema con precisión. Existen estudios, informes y propuestas. Pero la brecha no solo persiste: en algunos casos, se profundiza. Esto obliga a una pregunta incómoda: ¿por qué, si sabemos lo que ocurre, no logramos corregirlo?

La respuesta no está en la falta de conocimiento. Está en la ausencia de decisiones.

El problema, en realidad, es triple. El sistema pierde médicos en tres momentos clave: cuando intenta formarlos, cuando busca especializarlos y cuando necesita ubicarlos donde más hacen falta.

La primera dificultad se presenta en el internado médico. En muchos casos opera como un cuello de botella que retrasa la incorporación de nuevos médicos al sistema, limita oportunidades y ocasiona la fuga de talento, pues, muchos médicos formados acá, al ver que no tienen acceso al internado, se van a otros países, y no vuelven. Diseñado como el puente entre la formación universitaria y el ejercicio profesional, evidencia fallas de planificación.

El segundo problema aparece en la especialización. Panamá gradúa médicos, pero no logra convertirlos en los especialistas que el sistema necesita. El resultado es un desajuste evidente entre la oferta de profesionales y la demanda real de servicios, que se traduce en cirugías postergadas, consultas diferidas y servicios que no logran responder oportunamente.

Y el tercer problema —quizás el más visible— es la distribución. Incluso cuando el país logra formar especialistas, estos se concentran en la capital o en unos pocos centros urbanos, dejando amplias zonas del país con acceso limitado o inexistente a atención especializada.

Este no es solo un problema técnico. Es, sobre todo, un problema político.

Porque corregir esta situación implica tomar decisiones que afectan intereses, redistribuyen recursos y exigen coordinación entre actores que no siempre avanzan al mismo ritmo: el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, las universidades, los hospitales formadores y los gremios médicos.

Implica, además, asumir costos políticos en el corto plazo para generar beneficios en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde el sistema ha tendido a detenerse.

Sin embargo, seguir postergando estas decisiones tiene consecuencias concretas. Cada año sin cambios amplía la brecha territorial en salud, sobrecarga los hospitales de la capital y obliga a miles de panameños a desplazarse para recibir atención que debería estar disponible cerca de sus hogares.

La buena noticia es que el camino a seguir no es un misterio.

Panamá puede —y debe— comenzar por alinear la formación de especialistas con las necesidades reales del país. Esto implica definir cuántos especialistas se requieren, en qué áreas y en qué regiones, y vincular las plazas de residencia a esa planificación.

Debe también expandir y descentralizar la formación, llevando programas de residencia a hospitales regionales acreditados. La evidencia internacional es clara: los profesionales tienden a establecerse donde se forman.

Pero formar más y mejor no será suficiente si no se crean condiciones adecuadas para el ejercicio profesional en el interior. Esto exige un sistema de incentivos real: estabilidad laboral, compensaciones económicas diferenciadas, acceso a formación continua y condiciones de vida que hagan viable —y atractiva— la práctica fuera de la capital.

A esto se suma la necesidad de fortalecer la capacidad resolutiva de los servicios de salud en las regiones. No se trata solo de enviar especialistas, sino de garantizar que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los equipos de apoyo necesarios para ejercer adecuadamente.

Finalmente, el país necesita construir una verdadera gobernanza del recurso humano en salud. Esto implica coordinar instituciones, integrar información, establecer metas claras y, sobre todo, rendir cuentas sobre los resultados.

Nada de esto es nuevo. Muchos de estos elementos han sido discutidos, propuestos e incluso parcialmente implementados. Pero han carecido de continuidad, escala o articulación.

Y ahí está el punto central: el problema no es la falta de ideas. Es la falta de decisión para convertirlas en política pública sostenida.

En el fondo, esta discusión trasciende el sector salud. Habla de la capacidad del Estado para planificar, coordinar y ejecutar políticas que garanticen derechos en todo el territorio. Habla de equidad. Habla de gobernabilidad.

Porque cuando un ciudadano no puede acceder a un especialista por el lugar donde vive, no estamos solo ante una falla del sistema de salud. Estamos ante una falla del contrato social.

Panamá no necesita reinventar el sistema. Necesita ordenarlo, alinearlo... y, sobre todo, ejecutarlo. Porque la diferencia entre el diagnóstico y el cambio —en salud y en política— tiene un solo nombre: decisión.