Panamá: institucionalidad, diálogo y justicia ambiental como brújula de desarrollo

Panamá transita un momento que pone a prueba la solidez de su Estado de Derecho y su capacidad para manejar conflictos de alta complejidad. Al efecto, recientes coberturas mediáticas han puesto sobre la mesa denuncias ambientales de gran alcance, presentadas por ciudadanos y juristas preocupados por el cumplimiento de normas y la protección de los recursos naturales.

La atención pública que merecen estos casos es legítima y necesaria; sin embargo, centrarse únicamente en la confrontación o en la magnitud de la denuncia corre el riesgo de diluir la verdadera prioridad: construir soluciones sostenibles y justas, fortaleciendo puentes entre el Estado, la sociedad y quienes decididamente generan valor y operan proyectos estratégicos.

Desde alguna experiencia en la judicatura, como también en la administración pública, es claro que el énfasis excesivo en señalar culpables no conduce a la estabilidad ni a la justicia ambiental, sino que, por el contrario, puede fragmentar la confianza y polarizar la sociedad.

Panamá —el puente geográfico entre mundos— paradójicamente necesita ahora una respuesta que privilegie el diálogo, la cohesión institucional y la generación de consensos, sin renunciar al cumplimiento estricto de la ley ni a la protección del medio ambiente.

En este contexto, algunos actores del sector privado han demostrado que la construcción responsable y coordinada con el Estado y las comunidades es posible, generando condiciones para el desarrollo sostenible sin comprometer la institucionalidad ni los derechos fundamentales. Esas acciones, muchas veces discretas pero firmes, son ejemplo de que la cooperación prudente puede traducirse en resultados concretos y duraderos.

El desafío real para Panamá no está solo en atender denuncias, sino en convertirlas en oportunidades de fortalecimiento institucional y social. Tres pilares resultan esenciales y considero deben privilegiarse para una Nación valerosa, con una mirada amistosa y serena:

1.Diálogo social estructurado: espacios donde las preocupaciones ciudadanas se escuchen y se integren a decisiones técnicas y jurídicas.

2.Cohesión institucional: coordinación entre poderes públicos y actores privados para asegurar decisiones coherentes y respetuosas del marco legal.

3.Justicia ambiental integral: equilibrio entre desarrollo económico, protección de ecosistemas y garantía de derechos humanos, que convierte los proyectos estratégicos en modelos de gobernanza sostenible, como factor de progreso, oportunidades y empleo.

“En este momento, polarizar con denuncias o querellas radicales, sin avanzar hacia acuerdos y consensos, no contribuye al bien común ni a la legitimidad institucional. La verdadera oportunidad consiste en trabajar juntos, de manera prudente y coordinada, para que cada decisión y cada proyecto refuerce la confianza social, la transparencia y el aprovechamiento responsable y sostenible del activo natural, pero también de muchas otras garantías sociales que pueden verse afectadas cuando la división y la desconfianza se abren paso

Esa disposición a construir consensos y a actuar con responsabilidad es el mensaje que Panamá necesita enviar, y que asegura que el País avance con estabilidad y visión de largo plazo.

En conclusión, Panamá puede demostrar que la institucionalidad, la prudencia jurídica y el diálogo social no son obstáculos, sino la base para soluciones sostenibles y legítimas. Si se aprovecha este momento para consolidar consensos y reforzar la colaboración entre Estado, sociedad y sector privado, los beneficios serán tangibles: reglas claras, desarrollo sostenible, protección ambiental y confianza inversionista.