Panamá sale de la lista negra europea: un logro que merece reconocimiento

La salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea, anunciada este 9 de octubre, constituye, a mi juicio, un logro importante del gobierno del presidente José Raúl Mulino y una buena noticia para el país. Después de más de seis años de permanencia en esa lista, Panamá ha conseguido avanzar hacia la recuperación de su credibilidad internacional. Es justo reconocerlo, aunque se tengan diferencias políticas con su gobierno.

Este resultado no es un asunto menor. La inclusión en esa lista colocaba a Panamá en una posición desventajosa, afectaba la imagen de nuestro centro financiero y podía incidir en las decisiones de inversión y en las relaciones económicas con Europa. Salir de ella representa una oportunidad para fortalecer la confianza, mejorar nuestra competitividad y abrir nuevas posibilidades de inversión y generación de empleos.

El mérito de este avance corresponde a una gestión que ha involucrado al presidente Mulino, al Ministerio de Economía y Finanzas, al equipo técnico y diplomático del Gobierno y a los sectores que contribuyeron a alcanzar este objetivo. Reconocerlo no significa renunciar al sentido crítico ni otorgar un cheque en blanco al Gobierno. Significa, sencillamente, reconocer los resultados positivos cuando estos benefician a Panamá.

Sin embargo, hay algo que me llama la atención: el silencio de los sectores que más deberían valorar este logro. Me refiero, en particular, a los gremios de abogados, a las asociaciones bancarias y a las organizaciones empresariales del país. Son sectores directamente vinculados con la seguridad jurídica, la actividad financiera, la inversión y la competitividad de Panamá. Por esa misma razón, tienen sobradas razones para pronunciarse sobre un acontecimiento que favorece sus actividades y, más allá de sus intereses particulares, al conjunto de la economía nacional.

Por ello, considero oportuno exhortar al Colegio Nacional de Abogados y a los demás gremios jurídicos, a la Asociación Bancaria de Panamá y a las principales organizaciones empresariales a que expresen públicamente su posición sobre este avance. No se trata de que respalden políticamente al presidente Mulino, sino de que reconozcan una decisión que contribuye a mejorar las condiciones en las que abogados, bancos, empresas e inversionistas desarrollan sus actividades.

La sociedad civil organizada no puede limitarse a reclamar cuando una medida la perjudica. También debe tener la disposición de reconocer y respaldar, con independencia de quién gobierne, las decisiones que favorecen al país. Hay, además, una tarea pendiente. Panamá ha salido del Anexo I, pero ha pasado al Anexo II de la Unión Europea, donde se encuentran las jurisdicciones que mantienen compromisos o asuntos por completar. Por tanto, no estamos ante el final del camino, sino ante un avance que debemos consolidar mediante el cumplimiento de las obligaciones pendientes y la defensa de nuestros intereses nacionales.

Celebremos, pues, este resultado sin triunfalismos, pero también sin mezquindades. La recuperación de la confianza internacional es una tarea de Estado, no una bandera exclusiva de un gobierno o de un partido. Cuando una gestión produce beneficios para Panamá, reconocerla es un acto de responsabilidad ciudadana. Y cuando los sectores más favorecidos tienen razones para pronunciarse, su silencio también merece una reflexión.