Panamá y la reforestación comercial: mucho potencial, poco aprovechado
- 17/01/2026 00:00
La reforestación comercial es una de las actividades productivas con mayor capacidad para transformar las zonas rurales de Panamá: genera empleo estable, recupera suelos degradados, impulsa exportaciones, fija carbono y atrae inversión extranjera de largo plazo. Además, lo hace sin representar un costo fiscal para el Estado, pues la mayoría de las tierras reforestadas tenían valores inferiores a $30,000 o son de uso agropecuario y no generaban impuestos antes de ser plantadas.
A pesar de este potencial, a más de treinta años de la Ley 24 de 1992, Panamá ha desarrollado menos del 6 % de las tierras aptas para reforestación comercial. Panamá cuenta con cerca de 80,000 hectáreas reforestadas, una cifra positiva pero modesta frente al enorme potencial identificado por los estudios oficiales de capacidad de uso del suelo elaborados por el Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” y el Ministerio de Ambiente. Estas instituciones clasifican entre 1.4 y 1.6 millones de hectáreas dentro de las categorías VI y VII: tierras no aptas para agricultura, pero óptimas para uso forestal. En otras palabras, Panamá ha desarrollado apenas una fracción mínima de su potencial forestal real.
De los incentivos iniciales al cambio en la dinámica del sector: La Ley 24 de 1992 creó un marco de incentivos robusto: exoneración del impuesto sobre la renta para actividades forestales, exoneraciones de importación, propiedad y transferencia, y el incentivo estrella: la deducción del 100% de la inversión del impuesto sobre la renta del inversionista. Ese último incentivo disparó la participación del inversionista local. Durante más de una década, casi toda la reforestación fue financiada por panameños. Pero cuando se eliminó la deducción del 100 %, el sector cambió drásticamente: las siembras locales se detuvieron, muchas plantaciones fueron abandonadas y los grandes proyectos terminaron siendo adquiridos por fondos forestales internacionales (TIMOs).
En 2017, la Ley 69 reemplazó la ley anterior, manteniendo exoneraciones remanentes, pero sin restablecer el incentivo que había dinamizado la inversión local y atraído a los nacionales. A partir de entonces, el crecimiento del sector continuó pero muy por debajo de las expectativas de esa ley, sostenido casi exclusivamente por capital extranjero, que hoy financia más del 90 % de las nuevas plantaciones.
Un sector con alto aporte económico, pero con escasa visibilidad y apoyo estatal: El estudio económico elaborado por la Cámara de Comercio (basado en datos del INEC) revela que el cluster de la madera: genera $358 millones en PIB, equivalente al 0.55 % del PIB nacional, y con el efecto multiplicador alcanza 1.1 % del PIB; genera más de 39,000 empleos directos e indirectos; mueve más de $166 millones en productos forestales; y más de $277 millones en madera aserrada. Son cifras notables para un sector que históricamente ha sido marginal en la política productiva del Estado. Las razones incluyen:
1. Falta de institucionalidad especializada. El sector forestal no cuenta con representación en los consejos consultivos nacionales, ni con una dirección productiva dentro del MICI, ni con una institución que articule políticas, inversiones, trámites y exportaciones.
2. Ausencia de promoción y estrategia país. No existe una estrategia nacional para diversificar especies y aprovechar tierras ociosas para atraer grandes fondos forestales, fondos climáticos o inversionistas institucionales, pese a que Panamá cuenta con condiciones excepcionales para la silvicultura.
3. Falta de apoyo operativo y coordinación institucional. No existe ventanilla única, los trámites son lentos, no hay créditos especializados y no existe coordinación efectiva entre ANATI, DGI, MICI y MiAmbiente.
4. Limitada diversificación de especies y ausencia de proyectos atractivos. Otra barrera significativa ha sido el enfoque casi exclusivo en la teca como especie forestal comercial. Aunque la teca tiene alto valor, su mercado es limitado y Panamá cuenta con extensas superficies improductivas con gran potencial productivo e industrial para especies exóticas como: melina, acacia mangium, eucalipto, pino caribe, y otras nativas como balsa, terminalia amazónica, cedro amargo, cedro espino, bálsamo, laurel, almendro y caoba que nunca han sido promovidas de manera estratégica.
La consecuencia es doble: una cartera de inversión poco diversa, y la ausencia de proyectos forestales estructurados, escalables y atractivos para inversionistas institucionales. Sin una oferta variada y profesionalizada, la promoción internacional carece de contenido y las oportunidades no llegan a concretarse.
El verdadero desafío: construir una política forestal comercial moderna. La reforestación comercial no necesita subsidios: necesita institucionalidad, diversificación, proyectos bien estructurados y promoción internacional.
Panamá podría multiplicar por cinco o diez su superficie reforestada si contara con:
1. Plan estratégico nacional.
2. Una dirección forestal productiva dentro del MICI o el MIDA.
3. Definir cuales son las tierras disponibles.
4. Escoger las especies mas aptas para esos suelos.
5. Ventanilla única forestal para reducir la burocracia.
6. Alianzas público–privadas para reforestar tierras estatales.
7. Un Consejo Consultivo Forestal Nacional.
8. Promoción internacional coordinada con Propanamá.
Panamá tiene el potencial, el clima, las tierras, cercanía a los puertos, acceso a mercados internacionales y no requiere de subsidios estatales. Lo que falta es institucionalidad, diversificación y una estrategia clara.