Panamá y su oportunidad forestal: ¿Por qué seguimos desaprovechándola?

Panamá posee una ventaja geográfica que muchos países forestalmente exitosos envidiarían: acceso interoceánico, clima tropical húmedo, cercanía a puertos internacionales y vastas extensiones de tierras ociosas. Sin embargo, el sector forestal comercial apenas supera las 80.000 hectáreas reforestadas, con una cadena de valor débil y una industria prácticamente inexistente. ¿Cómo es posible que Uruguay y Chile, con condiciones menos favorables, lideren la región en exportaciones forestales mientras Panamá sigue sin despegar?

La respuesta está en la estructura institucional, la visión estratégica y los incentivos patrimoniales. Uruguay, por ejemplo, genera más de 18,000 empleos directos y 25,000 empleos indirectos, $3,000 millones en exportaciones anuales con 1.2 millones de hectáreas reforestadas en su industria forestal, con plantas de celulosa, energía y manufactura que exportan a Europa y Asia. Chile supera los 60,000 empleos directos y 70,000 indirectos o sea 130,000 totales y $6.4 mil millones en exportaciones anuales con 2.5 millones de hectáreas reforestadas, con una cadena de valor integrada que incluye silvicultura, transformación, logística y servicios. Ambos países entendieron que el bosque no es solo árbol: es empleo, exportación, tecnología, desarrollo rural y por ello crearon las condiciones necesarias para su desarrollo.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), quien es el regente de este sector en Panamá, ejerce funciones regulatorias, pero no cumple un rol promotor, y los trámites ante MiAmbiente y la Dirección General de Ingresos (DGI) imponen cargas burocráticas excesivas que no generan valor ni incentivan la inversión y en algunos casos niegan los incentivos por ser producto de dicha burocracia. Si bien la Ley 69 de 2017 contempla incentivos fiscales, el país carece de una agencia especializada en el desarrollo forestal comercial, así como de un plan nacional con metas diferenciadas por región y especie. Más preocupante aún, no existe una política de movilización de tierras ociosas que garantice seguridad jurídica, contemple incentivos sucesorios o promueva la valorización patrimonial.

La teca domina el paisaje forestal panameño, pero se exporta en troza, perdiendo más del 60% del valor potencial. No hay plantas de tableros, biomasa, muebles ni celulosa. No hay fideicomisos forestales que permitan estructurar derechos escalonados, cláusulas de desempeño o garantías bancarias. No hay zonas francas forestales ni alianzas internacionales para transferencia tecnológica. En resumen, no hay visión industrial.

Panamá puede y debe cambiar esta realidad cambiando la institucionalidad dándole la importancia a un sector con tanto potencial. Si el país moviliza al menos 500.000 hectáreas forestales productivas, con integración industrial y gobernanza compartida, podría generar más de 25.000 empleos directos y al menos 40.000 empleos indirectos en logística, maquinaria, servicios rurales, comercialización y exportación. Esto representaría un aporte de hasta $1.000 millones anuales al PIB, revitalizaría zonas deprimidas y posicionaría al país como un hub forestal sostenible en las Américas.

Crear una entidad institucional Nacional Forestal Comercial fuera del Ministerio de Ambiente para la reforestación comercial adscrita al MICI, o a el MIDA o al MEF, o a la Presidencia, lanzar un plan nacional de reforestación productiva, con planes de eliminar la burocracia excesiva y barreras detractoras, definir el potencial de especies de ciclo corto con aptitud para la industrialización en base a las tierras ociosas disponibles, alinear a todas las instituciones involucradas y promover a nivel institucional paquetes de inversión, son pasos urgentes. El país tiene el clima, la tierra y la logística. Solo falta la decisión y acción.

El bosque no es solo verde: es exportación, es oportunidad de empleo en zonas rurales, es patrimonio y esperanza para los que mas lo necesitan.