PIB, crecimiento económico y desigualdad socioeconómica en Panamá

Para el año 2023, el PIB creció 7,4 %, reflejando una recuperación después de la COVID-19; en 2024 creció en 2,9 % producto del desacuerdo social con las minas de cobre y sequías que afectaron el tránsito por el Canal; para el año 2025 se estima un crecimiento económico del 3,5 %, impulsado por una demanda interna sólida y reactivación de inversiones públicas y privadas. Mientras que casi una cuarta parte de la población vive con menos de 400 dólares, el 37,3 % del ingreso nacional va al 10 % más rico. En el 2024, la pobreza general afecta al 21,7% de la población, mientras que la pobreza extrema alcanza el 9,6 %. Con una canasta básica de alimentos promedio de 344,68 dólares, una familia con un ingreso de un salario mínimo, tendría que destinar aproximadamente 54,15 % de su salario para comprar solo los alimentos. Esta desigualdad se ve reflejada en la proliferación de personas sin hogar, la dificultad de acceso a la salud y educación y la falta de oportunidades laborales formales. La desigualdad social, exacerbada por factores como la falta de acceso a servicios públicos de calidad, brechas territoriales y la informalidad laboral, empuja a algunos miembros de la clase media hacia la pobreza o la clase baja.

La desigualdad económica en Panamá se debe a una combinación de factores, incluyendo la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, la limitada movilidad social, la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales, y las disparidades regionales y étnicas.

A pesar de un crecimiento económico considerable, persisten altos niveles de pobreza y desigualdad, lo que indica que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente. El PIB per cápita en el 2024 fue de 18.199 euros, con el que se sitúa en el puesto 61 del ranking y los habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación con el resto de los 196 países del ranking del PIB per cápita. La deuda pública de Panamá en 2024 ha experimentado un aumento significativo, superando los 54.000 millones de dólares. En 2024, la deuda pública representa el 56,60 % del producto interno bruto (PIB), según Trading Economics.

La desigualdad se manifiesta claramente en la distribución de la riqueza, según el Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 10 % más rico de la población concentra una proporción significativa de los recursos, mientras que el 40 % más pobre apenas posee el 5 % de la riqueza total.

Entre la opinión pública de los panameños también existe la percepción de desigualdades en la repartición de la riqueza proveniente del Canal de Panamá. Estos argumentos han cobrado nueva relevancia recientemente debido a las amenazas del Gobierno estadounidense de retomar el control del Canal. Se considera que los beneficios económicos generados por esta infraestructura clave del país favorecen principalmente a un pequeño porcentaje de la población, lo que contribuye a profundizar las brechas socioeconómicas existentes. El Canal de Panamá es una de las principales fuentes de ingresos del país, aportando alrededor de 2,500 millones de dólares al Tesoro Nacional, lo que representa aproximadamente el 6% del PIB.

En 2025, Panamá ha experimentado descontento social debido a una combinación de factores, incluyendo el aumento del costo de vida, la desigualdad en el acceso a servicios básicos, problemas de corrupción y falta de transparencia gubernamental. Persiste la exigencia de derogar la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social. Organizaciones sociales y gremios como el Suntracs, maestros y docentes, transportistas, enfermeras, campesinos, aborígenes, han convocado a marchas y paros para pedir la derogación de esta ley, argumentando que perjudica el futuro pensional y los recursos del Estado.

La Asamblea Nacional, con la nueva junta directiva período 2025-2026, tiene un papel crucial en abordar la desigualdad social y económica, ya que el país enfrenta grandes desafíos en este ámbito. La Asamblea puede influir a través de leyes y presupuestos, como la implementación efectiva de políticas para reducir la brecha entre ricos y pobres, redistribuyendo mejor los ingresos, objetivo fundamental para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.