Poder constituyente: la soberanía popular no se ejerce por decreto

  • 21/11/2026 00:00

El debate sobre una nueva Constitución incorpora las opiniones del constitucionalista colombiano Ernesto Rey Cantor, invitado por Sepresac. En declaraciones a Panamá América, cuestiona el artículo 314 y propone eliminar la figura de la Asamblea Constituyente Paralela. Sus planteamientos merecen una respuesta jurídica respetuosa, particularmente por su participación en actividades de una instancia que asesora al Ejecutivo.

Rey Cantor es coautor de Las generaciones de los derechos humanos: Libertad, Igualdad, Fraternidad, obra que examina la evolución de los derechos y la necesidad de garantías para protegerlos. Esa relación entre derechos, instituciones y procedimientos resulta esencial para nuestra discusión constitucional.

Según referencias sobre sus conferencias, habría invocado el artículo 4 de nuestra Constitución -Panamá acata las normas del derecho internacional- para sostener la superioridad del poder constituyente primario. Conviene precisar su argumento y preguntar: ¿qué norma internacional autorizaría al presidente de la República a convocar por decreto una Constituyente Originaria al margen del artículo 314?

El derecho internacional reconoce la libre determinación y protege la participación política, pero de esos principios no se desprende automáticamente una competencia extraordinaria para los órganos constituidos. Incluso el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al referirse a las medidas internas necesarias para hacer efectivos los derechos, menciona los procedimientos constitucionales. Ello no desconoce la fuerza obligatoria del derecho internacional; exige identificar la norma concreta y explicar su alcance.

Los artículos 2, 4 y 314 deben interpretarse armónicamente. El primero establece que el poder público emana del pueblo y que el Estado lo ejerce conforme a la Constitución; el segundo reconoce el deber de acatar el derecho internacional; y el tercero permite adoptar una Constitución enteramente nueva mediante una asamblea elegida popularmente y un referéndum.

La distinción es decisiva: el pueblo es titular de la soberanía; sus autoridades no pueden atribuirse facultades ilimitadas invocándola. Ni el presidente ni quien dirige una instancia asesora pueden arrogarse la representación exclusiva del poder constituyente originario. Si este se concibe como anterior y superior a la Constitución, ¿cómo podría un órgano creado por ella convocarlo y regularlo unilateralmente, desconociendo las reglas que sustentan su autoridad?

Reconocer el poder constituyente originario como categoría doctrinal o fenómeno político extraordinario no equivale a reconocer una competencia jurídica para convocarlo mediante decreto.

En reciente artículo, el abogado Nelson Carreyó pregunta por qué el poder reformatorio constitucional podría limitar al pueblo soberano. La respuesta exige distinguir al titular de la soberanía de las autoridades que pretenden actuar en su nombre. No se trata de limitar al pueblo, sino de exigir que los órganos constituidos respeten sus competencias. Carreyó propone que estos faciliten una decisión popular expresa y verificable. Pero subsiste la cuestión decisiva: ¿qué disposición los habilita para convocar y reglamentar, fuera del artículo 314, un proceso constituyente originario? La voluntad popular no subsana automáticamente la falta de competencia de quien pretende organizar su ejercicio.

Tampoco cabe presentar a quienes cuestionan una Constituyente Originaria como adversarios de la democracia. El pluralismo protege tanto el derecho a promover una nueva Constitución como el de disentir sobre su oportunidad, contenido y procedimiento. Defender la Constitución vigente no significa oponerse a transformarla.

La historia panameña aporta otra distinción necesaria. Mediante el Decreto N.º 4 del 29 de diciembre de 1944, el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia suspendió la vigencia de la Constitución de 1941, con determinadas excepciones, y convocó una Convención Nacional Constituyente. Fue una ruptura del orden anterior, no la aplicación ordinaria de un mecanismo de reforma.

La Constitución de 1946 dejó conquistas democráticas, entre ellas el pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y nuevas garantías sociales. Debemos valorarlas sin convertir el procedimiento excepcional que las precedió en autorización permanente para repetirlo. La historia puede explicar una ruptura; no por ello justifica jurídicamente otra.

Hoy existe una diferencia fundamental: desde 2004, el artículo 314 establece una vía expresa para adoptar una nueva Constitución. Contempla tres iniciativas -ejecutiva con ratificación legislativa, legislativa por mayoría calificada y ciudadana-, la elección de sesenta constituyentes, la continuidad institucional y la ratificación popular. No es, por tanto, una prohibición de transformar integralmente nuestro ordenamiento.

Quienes lo consideran insuficiente deben explicar qué limitación concreta impide alcanzar sus objetivos. Y, si proponen otra vía, ¿quién establecería sus reglas, controlaría su cumplimiento y garantizaría la continuidad de los órganos democráticos?

Las garantías no pueden descansar únicamente en promesas.

Panamá necesita reformas profundas, participación amplia e instituciones más eficaces.

Por ello, reitero respetuosamente mi exhortación al presidente José Raúl Mulino: que aproveche el inicio de las sesiones legislativas de enero de 2027 para promover, conforme al artículo 314, la convocatoria de una Asamblea Constituyente Paralela y procurar la ratificación de la Asamblea Nacional.

Los tiempos todavía permiten iniciar ese camino, sujeto a los plazos constitucionales y a las decisiones democráticas correspondientes. Podría constituir un legado trascendente: impulsar el cambio sin quebrantar el Estado de Derecho y evitar que se pierda nuevamente una oportunidad de transformación.

Como sostengo en La Constitución también señala el camino, el método forma parte de la legitimidad del cambio.