Poder popular: de la sumisión a la dictadura militar al clientelismo partidocrático (I)

De unos meses a la fecha los medios transmiten expresiones contra la alfabetización constitucional que lleva a cabo el doctor Miguel Antonio Bernal. Estas expresiones provienen de personas que se identifican como defensores del denominado “poder popular” creado por la dictadura militar cuando hizo aparecer la figura de los representantes de corregimiento.

En uno de los casos logramos que se aceptara la presencia del doctor Bernal en su programa radial para debatir sus argumentos y el tema del denominado “poder popular”. En un principio aceptó, pero posteriormente no ha respondido mis reiteradas llamadas. Por esa razón inicié una investigación histórica sobre el tema del denominado “poder popular” y comparto con los lectores parte de la información investigada.

Primero, deseo expresar a las nuevas generaciones que honradamente han debido aceptar las reglas impuestas por una Constitución militarista, como la que aún nos rige, que, aun cuando hayan ganado legítimamente el cargo de representante de corregimiento, deben estudiar la historia y el origen de dicho cargo y preguntarse si no ha llegado el momento para que ustedes inicien la cruzada para el cambio. El doctor Bernal ha reiterado en sus jornadas de alfabetización constitucional que es necesario estudiar el concepto de Municipio tal como lo planteó el doctor José Dolores Moscote. Estas líneas van dirigidas también a esos honestos jóvenes que ganaron democráticamente el cargo y aspiran a mejorar el sistema para beneficio de las comunidades que demandan mejores días para el gobierno local.

Un primer punto en esta investigación histórica está en desmentir aquello de que el poder popular respondió a la voluntad democrática del pueblo. Primero, nos encontrábamos bajo una dictadura que había eliminado partidos políticos, asesinado y desaparecido opositores, encarcelado o desterrado a otros y sin garantías para las libertades de expresión y reunión, entre otras.

Segundo, ese “poder popular” fue una fachada de la dictadura militar para obtener dos propósitos (básicamente): [1] que les aprobaran la Constitución de 1972 con el fin primordial de aprobar en dictadura dos tratados que legalizaban las bases militares y el derecho de intervención y [2] que les nombraran presidentes DE A DEDO, como ocurrió con Jimmy Lakas, Aristides Royo y Ricardo De la Espriella. Y esto último no lo dice quien escribe sino los propios militantes del denominado “proceso revolucionario”. Para los incrédulos voy a citar textualmente lo que se dijo para la elección de los presidentes DE ADEDO por parte del “poder popular”:

Citamos primero a Juan Materno Vásquez, que en su libro Omar Torrijos, pág. 137 señala: “En efecto, previa a la elección del presidente, los honorables representantes de corregimientos realizaron varias reuniones en las cuales discutieron sobre la integración de la Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de Corregimientos y la candidatura para la Presidencia de la República, cuyo titular debía elegir de conformidad a lo dispuesto en el, entonces vigente, artículo 157 de la recién aprobada Constitución Nacional de 1972, que a la letra disponía: ‘Artículo 157. El presidente de la República será elegido por mayoría absoluta de votos de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos para un período de seis años’. El único candidato visible a la Presidencia era el ingeniero Demetrio Basilio Lakas y, a la Vicepresidencia, el licenciado Arturo Sucre Pereira, ambos integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Se les premiaba por su labor al frente del Ejecutivo en los momentos más difíciles del Proceso Octubrino. Sin embargo, de las reuniones de los honorables representantes surgió la candidatura del director del Digedecom, don Ángel Riera Pinilla. El hecho provocó una rápida acción de la Comandancia de la Guardia Nacional, que destacó a los respectivos jefes de zona militar ante las delegaciones provinciales de representantes de corregimientos. Así se garantizó el triunfo del candidato Lakas y de su vicepresidente, Sucre”.

Citamos ahora a un periódico controlado por la dictadura que la académica Britmarie Janson hizo el favor de ubicar y reproducir en su libro Panamá protesta, pág. 72: “Antes de caducar los poderes que como ‘Líder máximo de la Revolución Panameña’, se le habían otorgado por seis años, por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, en 1972, el General Torrijos tuvo una reunión con 150 representantes en Río Hato. Allí les informó que él quedaría como Comandante en Jefe de la Guardia Nacional y que sus candidatos para Presidente y Vicepresidente eran el ministro de Educación Aristides Royo y Ricardo de la Espriella (Matutino, 2 de septiembre de 1978: I-A, 10-A)”.

El otro punto es la Constitución de 1972. Esta fue aprobada por los 504 más uno, como se identificó el chorrerano Luis Emilio Veces. Según el doctor César Quintero, el “fin primordial” de esta Constitución fue una Constitución ad hoc porque solo era para los tratados. Le dio poderes amplios al general Omar Torrijos para llevar adelante esos tratados”. ¿Y qué ocurrió cuando ese fin primordial se consiguió? Que ya el “poder popular” dejó de ser necesario para la dictadura militar. Fue cuando comenzaron a llegar las primeras reformas a la Constitución en los años 1978 y 1983. Prácticamente el “poder popular” dejó de tener “poder” cuando le despojaron la función legislativa que ahora iba a ser devuelta a los partidos políticos con las reformas de 1983. Continuará...