Por la dignidad de las y los trabajadores

La dignidad humana y la justicia no admiten excepciones. La dignidad de toda persona humana debe ser el fundamento de la vida nacional, ningún interés político, económico o particular puede situarse por encima de ella.

Por eso hacemos un firme llamado a fortalecer el Estado de Derecho, la independencia de los órganos del Estado y la credibilidad de las instituciones. Allí donde la ley deja de ser igual para todos, la justicia pierde su fuerza, la confianza ciudadana se erosiona y la democracia se debilita.

El respeto a la legalidad y a la dignidad humana constituye un requisito indispensable para construir una sociedad reconciliada, justa y en paz. Comunicado de los obispos de Panamá al concluir la 225 Asamblea Ordinaria celebrada del 29 de junio al 3 de julio de 2006.

El llamado realizado por los obispos de Panamá contrasta con la realidad que viven las familias panameñas. Al cumplir, el primero de julio, dos años de mandato como presidente de la República el señor José Raúl Mulino, se siente como si hubiesen pasado cinco años por la cantidad de injusticias dadas a la ciudadanía.

Como parte de esas injusticias e imposiciones que se le han hecho al pueblo panameño están: la imposición de la Ley 462, que modificó la Ley 51 de la Caja del Seguro Social. Estas modificaciones se impusieron pese a que el 64% de la población panameña estaba en contra de la ley. En la mesa que él convocó, nueve de once organizaciones asistieron y estuvieron en contra de la propuesta del Gobierno. Más del 80% de los que intervinieron en la Asamblea Nacional estuvieron en contra también. Sobre todo, ellos impusieron la ley que las y los trabajadores rechazaron. En la lucha, en contra de la misma, hubo represión en las movilizaciones con gases lacrimógenos, detenciones y amenazas. Fueron separados de sus cargos como docentes, 298 educadores y hoy han sido destituidos 39 docentes. Pese a los amparos y medidas legales, no han respetado lo establecido en las normas.

La detención a dirigentes sindicales, el acoso político que se da en contra de ellos, la detención de Ariel Rodríguez, el exilio a Saúl Méndez, el asilo de compañeros en embajadas, allanamientos en oficinas y sus residencias, retención de los recursos económicos producto de las cuotas de los trabajadores al sindicato y tratar de disolver al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Suntracs.

El objetivo fundamental de todas estas medidas es impedir que haya movilizaciones en contra de las medidas que quiere implementar el señor Mulino como la explotación minera en Donoso en Colón, Cerro Quema en Los Santos, Santa Rosa en Cañazas en Veraguas.

Mulino dijo el primero de julio en su discurso en la Asamblea que las posturas de sí por decir por que sí y del no porque no intentan evadir argumentos lógicos y razones para tomar decisiones que deben ser en favor de los mejores intereses del país. El pueblo panameño en las calles demostró y la Corte Suprema de Justicia señaló que hubo 25 violaciones a la Constitución. Y en el caso del contrato minero se sostiene el perjuicio que se da por la contaminación producto de las sustancias que se utilizan en la explotación minera.

La decisión que usted aduce señor presidente debe ser en la dirección de los mejores intereses del país los cuales no están en la explotación minera, ya que esa explotación solo es para engrosar las cuentas bancarias de First Quantum y la contaminación que producen a nuestras aguas y a nuestras tierras, y a los intereses de los intermediarios que allí intervienen.

Un problema fundamental como la carencia de agua potable en cada hogar panameño no fue un punto fundamental en la intervención del Presidente; ni el alto costo de la vida, ni el desempleo. En un país de apenas 4,200,000 habitantes, que tiene 800,000 trabajadores informales y 230,000 desempleados, la FAO ha indicado que 1,000,000 de panameño padece hambre; y, según el profesor Felipe Argote, la inversión en Panamá ha caído en un 62%.

El hecho de que no haya libertad sindical, los altos niveles de violencia producto de diferentes factores y el no tener políticas de Estado que den respuesta de manera transparente y efectiva a los ciudadanos —para quienes cada día es un peregrinar para poder subsistir— resulta inadmisible. Es inaceptable un país en donde sus gobernantes solo se preocupan por el sector empresarial, sin una política para los miles de panameños y panameñas que viven en el desempleo y el empleo informal.

Coincidimos con los obispos cuando dicen: allí donde la ley deja de ser igual para todos, la justicia pierde su fuerza y la confianza ciudadana se erosiona y la democracia se debilita.