¿Por qué América Latina sigue siendo poco atractiva para invertir?

América Latina cerró 2025 con resultados mixtos en los mercados globales. A pesar de contar con abundantes recursos naturales, ubicación estratégica y una población joven, la región continúa siendo periférica en las decisiones de inversión global. El informe más reciente de la UNCTAD lo confirma: América Latina capta apenas el 8 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) global, una proporción estancada desde hace una década, mientras que Asia supera el 50 %.

La paradoja es evidente: la región ofrece oportunidades, pero no confianza. Las causas son múltiples, pero el factor común es la debilidad institucional. Evaluaciones de clima de inversión y riesgo país elaboradas por la Economist Intelligence Unit señalan que los principales obstáculos percibidos por los inversionistas en la región en 2025 fueron: (1) incertidumbre regulatoria, (2) debilidad en el estado de derecho y (3) rigidez laboral. Estos elementos se han convertido en una tríada disuasoria. México, por ejemplo, a pesar de sus ventajas geoeconómicas derivadas del nearshoring, ha enfrentado reveses por cambios regulatorios imprevistos y señales contradictorias hacia los mercados, afectando particularmente la inversión en sectores como energía y telecomunicaciones.

En contraste, algunos países como Panamá han buscado diferenciarse apostando por una agenda pro-inversión. En 2024, lanzó una reforma orientada a simplificar trámites, digitalizar procesos y reforzar garantías contractuales frente a cambios políticos. Aunque es prematuro medir su impacto estructural, estas señales coincidieron con una mejora relativa en indicadores de competitividad del Global Competitiveness Index del World Economic Forum y con un renovado interés de fondos inmobiliarios y logísticos.

El caso panameño resulta ilustrativo porque opera como contrapunto dentro de una región marcada por alta volatilidad normativa. Mientras otros países multiplican controles y barreras, Panamá ha entendido que, en un entorno global competitivo, la atracción de capital requiere reglas claras, tiempos administrativos ágiles y decisiones técnicas. La desregulación estratégica —no como ideología, sino como herramienta— puede ser una palanca de crecimiento cuando se acompaña de instituciones funcionales y marcos legales sólidos.

Más allá de la regulación, otro factor clave es la gobernanza. En 2025, siete países de América Latina figuraron en el tercio inferior del ranking Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, particularmente en los indicadores de control de la corrupción y efectividad gubernamental. Esta percepción erosiona la credibilidad de cualquier política pro-inversión, por más bien diseñada que esté. Ninguna empresa está dispuesta a apostar millones de dólares en un país donde la aplicación de la ley depende del gobierno en turno o donde las licencias se convierten en moneda de cambio político.

Además, los marcos laborales inflexibles siguen siendo una barrera estructural subestimada. En América Latina, el despido sin causa suele implicar indemnizaciones elevadas, juicios laborales prolongados y normativas que, aunque pensadas para proteger al trabajador, terminan penalizando la formalidad. Esto no solo desincentiva la contratación, sino que también limita la productividad y la rotación eficiente del talento. La informalidad laboral —que en muchos países supera el 50 %— no es una anomalía cultural, sino una consecuencia racional frente a costos legales y fiscales excesivos. La OCDE ha advertido que, sin reformas centradas en esquemas de flexiseguridad —esto es, mayor adaptabilidad contractual acompañada de mecanismos sólidos de protección social—, América Latina seguirá siendo poco competitiva para la inversión manufacturera y para la relocalización de industrias en el contexto del nearshoring. Países como Vietnam, Polonia o la República Checa han avanzado en esa dirección, integrando a sus trabajadores en sistemas más dinámicos sin que ello implique desprotección o precariedad.

Si América Latina desea revertir esta situación, necesita transitar de la narrativa a la implementación. Los foros y discursos ya reconocen los problemas, pero las soluciones continúan atrapadas en ciclos políticos cortoplacistas. La estabilidad regulatoria, la independencia judicial y la promoción activa de inversiones —más allá de declaraciones retóricas— son condiciones mínimas para atraer capital de largo plazo. No se trata de hacer concesiones ilimitadas al capital extranjero, sino de construir un ecosistema donde invertir sea razonablemente predecible, rentable y jurídicamente seguro.

Mientras tanto, el capital global no espera. Se mueve hacia jurisdicciones con certidumbre, velocidad de respuesta y Estados capaces. América Latina tiene el potencial, pero aún no logra construir el entorno institucional que los inversionistas buscan. El desafío no es de recursos; es de reglas.