¡Prioridades y sentido común!

Quienes tuvimos el privilegio de recibir las lecciones de Derecho Constitucional que impartió el eminente catedrático, César A. Quintero (Q.E.P.D.), recordamos que en un buen número de ocasiones sentenciaba que, contrario a lo que frecuentemente se presume, “el sentido común es el menos común de los sentidos”. El introito vale por la notoria falta de ese sentido que impera en nuestro Órgano Legislativo.

Los temas que concentran las mayores preocupaciones de “los y las honorables”, en orden de prioridad, son tres: 1) el Presupuesto General del Estado, 2) las reformas electorales y 3) la reparación de los daños causado por el terremoto, en el que, contrariando el sentido común, fue marginado examinar el fallido o ningún protagonismo del Fondo de Ahorro de Panamá, el FAP. En cuanto al Presupuesto, nada de lo que ocurre debe sorprendernos, pues ha sido la repetición aumentada del circo crematístico en que ha degenerado su examen y eventual aprobación. Si en ese tema imperara el sentido común, los diputados, como primera medida, debieran proscribir la plañidera que protagonizan los mismos ministros que aprobaron el anteproyecto en el Consejo de Gabinete; pero que después montan y repiten un coro cacofónico para reclamar que se les devuelvan las partidas que habían solicitado y que según ellos les fueron cercenadas por el MEF.

A ese coro de quejas le siguen las componendas entre esos funcionarios y “los honorables” que mangonean la Comisión de Presupuesto” y “los turbios ajustes que se le recomiendan” al Órgano Ejecutivo. Así las cosas, estando próxima la terminación de la actual legislatura ordinaria, si se le suma que el Órgano Ejecutivo ahora y como es, de sentido común, está concentrado en la emergencia nacional causada por el terremoto, la apuesta de que habrá sesiones extraordinarias en noviembre es un boleto ganador. Y, también es un pronóstico acertado que el mamotreto que finalmente se apruebe, aumentará el déficit y el endeudamiento que, contra todo sentido común, es el recurso que se ha convertido en “el credo” del actual gobierno.

En cuanto a las reformas electorales, con unas cuantas gotas de sentido común, sería el tema más fácil de evacuar. El proyecto que presentaron los triunviros, después de celebrar durante más de un año costosísimas reuniones de la “Comisión Nacional de Reformas Electorales”, en las que, supuestamente, se afinaron consensos y se negociaron acuerdos, ahora resulta que, según los diputados, consuma una traición urdida por los magistrados electorales, que estos, airadamente desmienten, a la par que reclaman que ellos y solo ellos, deben tener la potestad de decidir cuáles deben ser las reglas electorales.

Y, mientras tanto, el pueblo, al que debieran aprender a escuchar, desde la barrera observa que, a los que dicen ser intérpretes y representantes de la voluntad popular, lo único que les importa es cómo agenciarse más plata para sus campañas de reelección y esconder tras un manto de turbiedad, millones de contribuciones privadas.

Si hubiera siquiera una pizca de sentido común, valiéndose de que el país vive bajo circunstancias extraordinarias más apremiantes que la discusión de las reformas de marras, los “honorables” que lideran la pantomima, debieran optar por posponer su discusión, como mínimo, para los meses de marzo y abril, los dos últimos del próximo período legislativo ordinario. En el tiempo que media, los triunviros y los “cantalantes de la prisa electoral” debieran escuchar al pueblo, cada día más cabreado de tanta estofa circense. Si las elecciones son dentro de tres años y el proceso electoral se abre en diciembre del 2028, nada justifica esa crasa ausencia de elemental sentido común.

Una consecuencia de la presente emergencia nacional es que ha desnudado, con todos sus pelos y señales, que las pregonadas transparencias, pulcros y rentabilísimos resultados del FAP, “no son verdad”. Por un lado, el FAP ha sido preñado con títulos y pagarés del Estado, para reemplazar los aportes que debió recibir, en efectivo y, por el otro, se ha distorsionado su función, esencial, de servir para atender la reparación de los daños causados por desastres naturales, ya que sus recursos se han comprometido en la función, menos prioritaria, de “equilibrar” las finanzas públicas.

Con otra pequeña dosis de sentido común, ante esa alarmante realidad, como todavía no se ha cerrado la discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto, oportuno sería que se volviera a revisar, en el renglón de los ingresos, ¿para qué ha servido y sirve el susodicho FAP.? o, ¿a dónde han ido a parar sus millonarios fondos?

En un artículo anterior, recordé la suerte final que en su época corrió el Fondo Constitucional, también conocido como “los millones de la posteridad”, creado en los inicios de la república, que, entre transacciones y transacciones, al cabo de tres décadas, se habían esfumado. Las lecciones de la historia deben contar y cuando, como ahora, peligran miles de millones, por sentido común, viene muy a cuenta el viejo refrán que nos recuerda que “de mano en mano se perdió un elefante”.