¿Priorizamos la protección de nuestra niñez?

La niñez de un país no es solo una etapa de la vida, es el reflejo más honesto de la conciencia moral de una nación. La forma en que una sociedad cuida a sus niños revela, cuáles son realmente sus prioridades. Por eso, cuando se habla de infancia, no se habla de un tema más en la agenda pública, se habla del presente y futuro de la Patria.

En Panamá, en los últimos años, este tema se ha vuelto particularmente sensible. El debate público ha puesto en el ojo de la tormenta, el papel de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). Una institución creada con un propósito noble y urgente, garantizar la protección integral de los derechos humanos de los menores, prevenir situaciones de riesgo, fortalecer a las familias y ejercer como autoridad en los procesos de adopción.

En el papel, su misión es clara. En la práctica, sin embargo, la historia reciente ha estado marcada por episodios que han generado inquietud y desconfianza. Que son contradictorias con el bienestar de menores bajo custodia estatal y que, han terminado por empañar la percepción pública sobre la institución.

Existe un dato que refleja la fragilidad institucional del sistema de protección infantil, en los dos últimos gobiernos, las directoras que iniciaron su gestión al frente de la SENNIAF no lograron concluirla. Entre silencios administrativos y rumores persistentes, ambos ciclos terminaron cerrándose de forma abrupta, lejos de la transparencia y la estabilidad que un tema tan delicado exige y en el que todos tenemos una parte de responsabilidad.

Pero el debate no puede quedarse en nombres ni en coyunturas. La protección de la niñez es demasiado importante para reducirla a la lógica de solo una gestión. Cada niña, niño, que vive en un albergue, cada adolescente bajo custodia del Estado representa una historia real marcada muchas veces por abandono, violencia o vulnerabilidad. Son vidas que dependen, literalmente, de que las instituciones funcionen bien.

Cuando el Estado asume la tutela de un menor, adquiere la responsabilidad más alta que puede existir en la gestión pública, convertirse en garante, en protector y, muchas veces, en la única seguridad que sienten en su vida.

En este panorama, no podemos olvidar a un grupo que enfrenta una doble vulnerabilidad: los niños con discapacidad. Para ellos, la protección estatal debe ser todavía más cuidadosa, especializada y humana. No basta con brindarles techo y alimentación; requieren atención médica adecuada, terapias, educación inclusiva y personal capacitado que entienda sus necesidades físicas, cognitivas o sensoriales.

Por eso, hablar de la niñez en Panamá no debería ser un ejercicio ocasional provocado por una crisis mediática. Debería ser una conversación permanente, profunda y honesta sobre cómo fortalecer las instituciones, cómo supervisarlas mejor y cómo garantizar que nunca más el sistema falle a quienes más lo necesitan.

La protección no puede entenderse como un trámite administrativo ni como una solución temporal. Debe ser un acompañamiento integral.

La tarea, además, debe ser completa. Con frecuencia, cuando estos adolescentes alcanzan la mayoría de edad, el sistema espera que simplemente abandonen los albergues y continúen su vida por su cuenta. A los 18 años, de pronto, dejan de ser responsabilidad institucional.

El Estado no puede limitarse a abrirles la puerta y desearles buena suerte. Tiene la obligación moral y legal de acompañarlos hacia un lugar seguro, de garantizar que no queden abandonados y de brindarles no solo protección, sino también herramientas reales para construir su futuro, brindándoles educación, oportunidades laborales, apoyo psicológico y redes de integración social.

Si Panamá quiere hablar de futuro, primero tenemos que demostrar que queremos cuidar su infancia. Porque cuando un niño es olvidado por el sistema, no solo falla una institución, falla la conciencia misma del país.