Protección social adaptativa y recuperación económica: dos caras de una misma política pública

Las emergencias ponen a prueba mucho más que nuestra capacidad de respuesta, revelan si contamos con información confiable, instituciones coordinadas y mecanismos financieros para proteger a las personas y recuperar la actividad económica. Escribo a propósito de la emergencia que vive Panamá, pero sobre todo pensando en cómo fortalecer las capacidades permanentes del Estado. En pocos años hemos enfrentado una pandemia, huracanes, el traslado de comunidades amenazadas por el aumento del nivel del mar y ahora un terremoto. Cada crisis nos recuerda que debemos prepararnos antes de que ocurra la siguiente.

Panamá cuenta con un Marco Nacional de Recuperación Post-Desastre 2022–2030, aprobado en 2023 por el Gabinete, que contempla coordinación institucional, la participación del sector privado y mecanismos financieros para la recuperación. El desafío está en traducir ese marco en acciones concretas y asegurar que sus instrumentos puedan activarse oportunamente ante una emergencia, como la que estamos viviendo actualmente.

Panamá puede avanzar en protección social adaptativa aprovechando el Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB) existente, la información sobre vulnerabilidad climática también existente y construir un Registro Social de Hogares. Para que más allá de administrar programas sociales, podamos identificar riesgos, ubicar hogares afectados y activar respuestas rápidas, transparentes y diferenciadas.

República Dominicana ofrece una experiencia valiosa con su Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), junto con herramientas como la Ficha Básica de Emergencia y el Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos, les permite identificar necesidades y orientar la asistencia. Además de contar con diferentes modalidades del Bono de Emergencia para lo cual utilizan información social para apoyos concretos. Pero la recuperación social tiene otra dimensión indispensable: recuperar la economía local. Cuando una emergencia afecta fondas, abarroterías, productores, hoteles, transportistas o pequeños comercios, también interrumpe empleos, ingresos y la cadena de abastecimiento. Una familia puede recibir ayuda, pero si el negocio del que depende permanece cerrado, su recuperación será limitada.

Aquí cobra importancia la banca de segundo piso. Recientemente en Colombia con Bancóldex, se canaliza financiamiento mediante entidades financieras para apoyar la recuperación productiva. Panamá dispone del Fondo FIDEMICRO de AMPYME, que se podrían evaluar líneas especiales de emergencia para que bancos, cooperativas y microfinancieras reciban recursos y garantías, y los conviertan en créditos accesibles para microempresarios y agricultores afectados. Estas entidades conocen a sus clientes y territorios, que, con condiciones adecuadas, podrían financiar la reposición de inventarios y equipos, el capital de trabajo y la reapertura de negocios.

Propongo tres prioridades: conectar información social, territorial y productiva para identificar necesidades; definir con anticipación mecanismos de liquidez, garantías y asistencia; y vincular la reconstrucción con empleo local, producción agrícola, turismo y cadenas de abastecimiento. Todo ello requiere coordinación pública y privada, transparencia, protección de datos, por supuesto con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las personas.

Panamá ha avanzado en políticas públicas y mecanismos de protección financiera frente a desastres, como el Marco Nacional de Recuperación Post-Desastre 2022–2030, los seguros paramétricos, el Fondo de Ahorro de Panamá y las líneas de crédito contingente. La activación del seguro paramétrico tras el reciente terremoto demuestra el valor de prepararse financieramente antes de una emergencia. El siguiente paso es fortalecer la articulación de estos instrumentos con la protección social y la recuperación productiva, para que los recursos puedan traducirse oportunamente en apoyo a las familias, los pequeños comercios y los sectores económicos afectados.

La reconstrucción exige reparar viviendas y brindar asistencia a las familias afectadas, pero la recuperación debe ir mucho más allá. Necesitamos reactivar los pequeños comercios, recuperar la producción agrícola y turística, restablecer empleos y generar condiciones para que las familias vuelvan a contar con ingresos propios. Para lograrlo, se requiere un plan multisectorial de recuperación social y económica, que articule las capacidades del Estado, el sector privado, el sistema financiero y las comunidades, con una visión de desarrollo sostenible, inclusión y resiliencia frente a futuras emergencias.